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SENTENCIA DEL REAL CONSEJO DE INDIAS SOBRE EL MARQUÉS DE GELVES, VIRREY DE NUEVA ESPAÑA

Vista por nos, los del Consejo Real de las Indias, la residencia que por comisión particular de S. M. tomó Don Martín Canillo de Alderete de la suprema Inquisición a Don Diego Pimentel, Marqués de Gelves, virrey de la Nueva España, del tiempo que lo fue, y los cargos que de ella resultaron contra el susodicho, fallamos que los debemos determinar y determinamos en la forma siguiente:

Cargo II

En cuanto al segundo cargo que se le hace al Marqués de Gelves que estando dispuesto por diversas cédulas reales, y en especial por una, su fecha en Madrid a 6 de octubre de 1578, que las ordenanzas, cédulas y despachos del rey, nuestro señor, que vienen cometidas al presidente y oidores de aquella real audiencia, se hayan de cumplir y ejecutar con intervención y acuerdo de los oidores de ella, conforme al parecer de lo que votare la mayor parte de los que se hallaren en la audiencia, teniendo el virrey sólo un voto como los demás; y habiendo S. M. por sus reales cédulas dirigidas al presidente y oidores de aquella real audiencia, hechas ambas en Madrid a postrero de diciembre de 1620, mandado que nombrasen personas de satisfacción para tomar residencia a Don Francisco Zapata, alcalde mayor que fue de la provincia de Tacuba, y a Francisco Ramírez Briceño del tiempo que fue gobernador y capitán general de la provincia de Yucatán, el marqués por sí sólo nombró al Lic. León de Arroyos, abogado, para tomarla a dicho Don Francisco Zapata y al Dr. Diego de Porras Villerías; además de la contravención, grandes inconvenientes y costas por no haber admitido Don Diego de Cárdenas, sucesor de dicho Francisco Ramírez Briceño, a dicho Dr. Villerías al uso de dicha comisión, por decir no ser acordada por la audiencia. Y por esta causa, se dejó de tomar dicha residencia por largo tiempo, hasta que S. M. mandó por otra cédula que la audiencia despachase comisión para tomarla.

El juez le puso culpa, y remitió la pena al final, y mandó no se paguen de la hacienda ni caja real salarios algunos de los susodichos, ni a los ministros que con ellos fueron, de todo el tiempo que estuvieron detenidos sin admitirlos al uso de sus comisiones por no ir despachadas en forma, y les reservó su derecho a la luz para que en razón de dichos salarios pidan y sigan su justicia contra quien, como y donde les convengan. En cuanto a esta parte última, la confirmamos; y por la culpa que de él resulta contra el marqués, le condenamos a él y a sus bienes y herederos en 200 ducados de plata.

Cargo III

Y al tercero, que sirviendo proveer los oficios, así de gracia como de justicia, en personas beneméritas graciosa y liberalmente, no le hizo. Antes, por medio de Don Francisco de la Torre, su confidente, proveyó muchos oficios de justicia y de gracia en diversas personas con grandes pensiones de cantidad de pesos de oro en cada año, que parece, según la memoria reconocida por dicho Don Francisco, que sumaban y montaban las pensiones de dichos oficios 50,560 pesos de oro común en cada año, los cuales se cobraban debajo de pretexto de que se aplicaban para pagar los salarios de los criados que servían a dicho marqués. Y en especial, proveyó el oficio del sargento mayor de la Nueva España en Don Juan de Recalde, con pensión de 3,000 pesos al año, y el oficio de juez repartidor de Chalco en Don Antonio de Ledesma, con 4,000 pesos de pensión, y el oficio de juez repartidor de Taxco en Don Alonso de Ulloa con 1,000 pesos al año de pensión, y el oficio de juez repartidor de México en Luis López de Aguilar, con dos oficios en diferentes personas con diversas cantidades de pensión, que hacen dicha suma de 50,560 pesos al año; que todos se contienen en tres memorias reconocidas por dicho Don Francisco de la Torre, que están en los autos y parece por confesión de dicho Don Francisco de la Torre que a cuenta de lo procedido de dichos oficios cobró 41,406 pesos.

De lo cual el juez absolvió y dio por libre al marqués. La revocamos; y condenamos a él y a sus bienes, herederos y fiadores a que vuelvan y restituyan los 9,666 pesos que parece haber entrado en poder de Don Juan de Baeza, su mayordomo, a la real hacienda, y más en 4,000 pesos por la culpa que a este cargo resulta contra dicho marqués.

Cargo IV

Y al cuarto, que estando prohibido por diversas cédulas reales que no pudiendo excusarse los repartimientos que se hacen de los indios para las labranzas, crianzas y beneficios de minas, se agregasen estas comisiones a las justicias ordinarias, y que el virrey no envíe jueces para hacerlos, por excusar las vejaciones que se hacen a los indios. Dicho marqués no lo cumplió; antes, proveyó gran número de jueces por el reino, por las causas y motivos que se refieren en el cargo antecedente.

El juez le puso culpa, y la pena remitió al final. La revocamos, y le absolvemos y damos por libre.

Cargo V

Y al quinto, que teniendo obligación de administrar justicia con toda igualdad, dando satisfacción a las partes ofendidas y castigando los delitos, principalmente los cometidos por los ministros de justicia, dejó de hacerlo, y en especial en el caso referido en este cargo.

Del cual el juez le absolvió y dio por libre. Le confirmamos.

Cargo VI

En el sexto, que estando mandado por diversas cédulas y órdenes de S. M. que los indios naturales de la Nueva España se conserven con toda libertad, y en especial estando dispuesto por cédula de 26 de mayo de 1609, y cesen los repartimientos de los que no fueran para labrar los campos, criar ganados, beneficiar las minas de oro y plata, prohibiendo especialmente el servicio personal de los indios, aunque sea para la casa del virrey. Y contraviniendo a dichas cédulas reales, hizo repartir los indios de los barrios de aquella ciudad, así para el servicio de su casa como para los ministros y personas particulares y de comunidades. Y en especial, en el tiempo de su gobierno, se le repartieron cincuenta y seis indios cuarenta y cuatro cada semana y doce cada mes, para su servicio y de sus criados y familiares, permitiendo se redimiesen a dineros los cincuenta y cinco de ellos, pagando once de ellos que son los que llaman meseros a cinco pesos y medio cada mes, y cuarenta y cuatro a dos pesos cada uno cada semana. Que monta el rescate de todos dichos indios 4,470 pesos cada año, que parece recibió Don Juan de Baeza, mayordomo del marqués, por los ministros por cuya mano corrían los repartimientos.

Por lo cual, el juez le puso culpa al marqués por haber mandado repartir dichos indios, así para su casa como para la de otros ministros, comunidades, y particulares de la ciudad; y por cuanto consta de los autos que dichos indios, que se repartieron para servir personalmente en la casa de dicho marqués, redimieron su servicio por la cantidad de pesos de oro que se prueba haber recibido Don Juan de Baeza, mayordomo del marqués, por mano de los ministros que hacían dichos repartimientos. Atento que el marqués está obligado en la residencia por sus familiares y ministros y a satisfacer los daños que hubieren hecho durante el tiempo de su gobierno y lo está a volver y restituir lo que llevó y recibió tan injustamente su mayordomo, le condenó a que dentro de nueve días primeros siguientes después de la pronunciación de esta sentencia, diese y pagan 7,956 pesos y cinco tomines de oro común, que por la cuenta que resulta de los autos parece haber cobrado Don Juan de Baeza por razón del servicio de dichos indios desde 17 de febrero de 1622, en que conforme al libro de los repartimientos consta haber empezado a gozar de dicho servicio, hasta 26 de noviembre de 1623, que fue el último día que consta por los autos haber asistido en dicha ciudad dicho Don Juan. Los cuales 7,956 pesos, cinco tomines, aplicó a las comunidades de los indios de dicha ciudad y de los agregados al repartimiento de ella, para ayudar a pagar los tributos rezagados que deben a S. M. dichos indios, o debieren pagar para adelante. Y reservó al marqués su derecho para que pida y cobre de los bienes y herederos de dicho Don Juan de Baeza todo lo que pagare, por haberlo cobrado y recibido dicho Don Juan de Baeza por razón del servicio de dichos indios. La confirmamos, y por la demás culpa que de este cargo resulta contra el marqués, le condenamos a él y a sus bienes, herederos y fiadores en 500 ducados de plata.

Cargo VII

Y al séptimo, que habiendo mandado S. M., por su real cédula del 12 de noviembre de 1621, que el marqués confiriese en la junta de hacienda si en el ínterin que se ordenaba otra cosa, sería bien se formase una mesa de dos oficiales que tomasen la cuenta de la real hacienda, y que pareciéndole conveniente informase si en aquella ciudad había personas idóneas para ello; el marqués, sin guardar la forma referida, nombró dos contadores referidos en el cargo, con los salarios en él expresados.

Del cual el juez le absolvió y dio por libre, atento constar por las declaraciones de los contadores del tribunal de cuentas ser necesarios. La confirmamos.

Cargo VIII

Y al octavo, que estando mandado por diversas cédulas de S. M. que las partes que acudiesen a pedir justicia en su real audiencia sean oídas y se admitan sus peticiones y se les dé testimonio de lo que pidieron, el marqués, contraviniendo a la real disposición, hizo prender a Don Diego de Ribera, escribano de cámara de la audiencia, porque en ella recibió y leyó dos peticiones de las personas referidas en el cargo y causas en él contenidas; y haber prendido al Lic. Pedro de Vergara Gaviria, oidor de aquella real audiencia, por haber recibido y decretado de su letra.

De dicho Diego de Ribera, le puso culpa y la pena remitió al final; y por la del Oidor Gaviria, remite la resolución al proceso de querella y demanda puesta al marqués por dicho oidor. La revocamos y le absolvemos y damos por libre.

Cargo IX

Y al nono, que siendo materia tan escrupulosa y de tanto escándalo que los magistrados y jueces seglares procedan contra personas eclesiásticas, mayormente cuando llega el procedimiento a prenderlas, el marqués sin esta atención mandó prender y expeler del reino a José de los Reyes, clérigo presbítero, notario apostólico, llevándole a la fuerza de San Juan de Ulúa, por no haber querido el susodicho por no tener licencia de superior y prelado testificar; y lo demás en el cargo contenido.

Por lo cual, el juez le puso culpa y la pena remitió al final. Libre.

Cargo X

Y al décimo, que habiendo tenido noticia el Dr. Don Juan de la Serna, arzobispo de aquella ciudad, que el marqués tenía retirado a dicho José de los Reyes por la causa referida, le escribió un papel, pidiéndole la restitución de dicho clérigo, significándole el peligro que había en su violencia de tensión y censuras, que estaban impuestas en esta razón por la bula in coena domini. Y habiendo entendido por la respuesta que el marqués dio de palabra a Domingo de Ocaña, secretario de dicho arzobispo, tenía confinado de los reinos a dicho José de los Reyes, por otro papel le declaró por incurso en dichas censuras. Y siendo como son incapaces en las causas eclesiásticas los magistrados seglares, mandó por una provisión de ruego y encargo se abstuviesen de proceder más en dicha causa. Y le mandó, por diferentes autos, que dicho arzobispo diese por ninguno todo lo hecho y actuado en el artículo de las censuras, el cual lo cumplió debajo de ciertas protestas.

Por el cual, el juez le puso culpa y la pena remitió al final. La revocamos y absolvemos y damos por libre.

Cargo XI

Y al once, que el marqués en cierta junta que tiene con algunos de los oidores extraordinaria, proveyó diversos autos ordenados a expeler de aquella ciudad al Doctor Don Juan de la Serna, arzobispo de ella, como en efecto lo hizo y mandó ejecutar, nombrando para ello al Dr. Don Lorenzo de Torres, alcalde del crimen; en que no intervino la justificación necesaria, como del cargo parece. En que hubo gran sentimiento, escándalo, y desconsuelo en aquella ciudad, con la expulsión del arzobispo y promulgación de las censuras con que el arzobispo procedió contra el marqués hasta poner cesación a divinis.

Cargo XII

Y al doce, que habiéndose ejecutado los autos de la expulsión del señor arzobispo, juzgando los oidores que intervinieron en la junta que contenían expresa nulidad, proveyeron otro auto, declarando no haberla podido ejecutar en cuya virtud se había expelido el arzobispo, y que se debía sobreseer el efecto de ellos en el ínterin que se determinaba en remisión dicha causa. Y mandaron despachar el recaudo necesario para que las personas a quienes se cometió la ejecución de los primeros autos volviesen al arzobispo a su casa. Y entendido por el marqués, hizo prender a los oidores que le dieron y a los relatores que le leyeron en la sala de la audiencia, de que se siguió gran escándalo por ver presos a dichos oidores. Y sin embargo, escribió el marqués diversas cartas a dicho Don Lorenzo de Torres para que prosiguiese y apresurase el viaje.

Por el cual, el juez le puso culpa, y la pena remitió al final. La confirmamos.

Cargo XIII

Y al trece, que no sólo impidió a los ministros de la audiencia mal el uso y ejercicio de sus oidores sino que atemorizó a los notarios de la eclesiástica, y no se atrevían a ejercer sus oficios debidamente, porque prendió a Luis Núñez Moreno, notario apostólico, porque dio fe del otorgamiento de cierto poder que ante él otorgó Don Melchor Pérez de Varaiz, estando retraído en el convento de Santo Domingo, para seguir ante el ordinario eclesiástico cierta causa de inmunidad de la iglesia. Y asimismo desterró otros dos notarios por las causas referidas en este cargo.

Por lo cual, el juez le puso culpa, y la pena remitió al final. La confirmamos.

Cargo XIV

Y al catorce, que estando ejecutado y preso Jaime de Calahorra, vecino de Vostipac y administrador de la mina de Vostipac, por 44,172 pesos que debía a S. M. por alcance de dicha administración de los azogues, y estando embargados sus bienes y no debiendo ser suelto ni alzarse el embargo, el marqués, con una fianza que dio de 9,000 pesos, le mandó soltar y alzar el embargo; y hasta ahora no se ha cobrado.

Del cual el juez le absolvió y dio por libre. Lo confirmamos.

Cargo XV

Y al quince, que debiendo tener proveída la sala de armas que S. M. tiene en la casa real de aquella ciudad de las armas y municiones necesarias para su defensa, conforme se le ordena por el capítulo cincuenta de su instrucción, el marqués no lo hizo. Antes, constando que en hecho de juicio del año 1622 se entregaron a Don Juan de Baeza, a quien el marqués nombró por capitán de la artillería, armas y municiones, 254 arcabuces, 248 mosquetes, todos buenos y de servicio, sin otros 90 mosquetes y 73 arcabuces viejos y otras armas, no parece haberse hallado en dicha sala de armas el día 15 de enero de 1624, en que sucedió el tumulto popular, más que tan solamente 36 a 40 arcabuces mal prevenidos cubiertos de orín y casi de ningún servicio, por cuya causa faltó gran parte de la defensa.

Por lo cual, el juez le puso culpa, y la pena remitió al final. Y mandó que, ajusada la cuenta que se está haciendo con los herederos y fiadores de Don Juan de Baeza, a quien por mandado del marqués se entregaron las armas que había en dicha sala, se cobre lo que montare el alcance de los herederos y fiadores de dicho Don Juan; y no bastando estos para satisfacer enteramente dicho alcance, se cobre de los bienes y hacienda del marqués. La confirmamos.

Cargo XVI

Y al dieciséis, que debiendo mirar mucho por la hacienda real y que no se pagasen salarios indebidos, mandó se pagasen a Don Francisco Pimentel, capitán de su guarda, el salario de tal capitán desde el 1.o de mayo de 1622, siendo así que dicho Don Francisco no tuvo título ni nombramiento de dicho oficio hasta el 11 de enero de 1624, en que parece haber sido damnificada la real hacienda en 690 pesos de oro común.

Por lo cual, el juez mandó se cobren de dicho Don Francisco y sus bienes dichos 690 pesos de oro común, y no pudiendo cobrarse del susodicho, mandó se cobren del marqués y de sus bienes y hacienda. La confirmamos.

Cargo XVII

Y al diecisiete, que habiendo pedido a los vecinos de aquella ciudad por el año 1623 que sirviesen a S. M., prestando por cierto tiempo la cantidad de pesos de oro que cada uno pudiese según las fuerzas de sus haciendas, debiéndose pedir este servicio con suavidad, no lo hizo. Antes, de hecho y contra la voluntad de los vecinos, repartió a cada uno la cantidad que le pareció, obligándoles a que lo entregasen y que tomasen a daño para hacer dicho empréstito, de que resultó quejas y sentimientos.

Del cual, el juez le absolvió y dio por libre. La confirmamos.

Cargo XVIII

A los dieciocho, que sin causa ni ocasión bastante, desterró de aquella ciudad a Don Fernando y a Don Pedro de la Barrera y Cristóbal de Molina, regidor de ella, por decir que no le acompañaron el día de la procesión de Nuestra Señora, del año 1622, siendo así que le acompañó la ciudad con bastante número de regidores, con gran daño y pérdida de sus haciendas y de la de S. M. con que dichos oficios perdieron de su estimación.

Por lo cual, el juez, en cuanto a este cargo y lo tocante a la parte del capítulo primero del primer cargo remitida a éste, remitió su determinación al proceso de querellas y demandas que en esta razón han puesto ante dicho juez alguno de dichos regidores. La confirmamos.

Cargo XIX

Y el diecinueve, que estando para verse en los estrados de aquella real audiencia los pleitos y causas referidos en este cargo, quitó que los viesen los oidores a quienes tocaban, nombrando por ello los que le pareció.

Del cual el juez le absolvió y dio por libre. La confirmamos.

Cargo XX

Y al veinte, que estando prohibido por cédula de S. M. y ordenanzas de la real audiencia que no se hagan gastos ningunos de la hacienda real sin acuerdo de los oidores, fiscal y oficiales reales; en contravención de ellos, el 3 de octubre de 1623 gastó en el navío que despachó para que encontrase los que venían de las islas Filipinas 2,658 pesos, librados en la real hacienda por cuenta de la de Filipinas, sin poderlo hacer.

Por lo cual, el juez puso culpa al marqués por haber librado dicha cantidad contra ordenanza de la audiencia, y le condenó a que dentro de nueve días después de la pronunciación de la sentencia, vuelva y restituya dichos 2,658 pesos a la real caja de donde le sacaron, en conformidad de lo dispuesto y mandado por S. M. en dicha ordenanza, mandada guardar por real cédula de 29 de diciembre de 1593. La revocamos y le absolvemos y damos por libre.

Cargo XXI

Y al veintiuno y último, que el marqués por sí solo, excediendo de su jurisdicción e impidiendo el uso de la eclesiástica, proveyó un auto, por el cual mandó a Don Pedro Garcés de Portillo, provisor de aquel arzobispado, y a otro cualquier juez o ministro ejecutor y demás personas eclesiásticas, seculares y regulares, dignidades, canónigos y prebendados de la iglesia metropolitana de aquella ciudad, y a otros cualesquier curas y ministros eclesiásticos de ella, no ejecutasen las penas de entredicho y la cesación a divinis que el Dr. Don Juan de la Serna, arzobispo de aquella ciudad, tenía puestos, que se notificó a dicho provisor y a otras personas eclesiásticas.

Por lo cual, el juez le puso culpa. Y por ella, y lo que resulta de los cargos remitidos a éste, le condenó en todo lo que montan los salarios de sesenta días, así suyos como de todos los ministros y oficiales que habían servido con dicho juez en esta residencia y visitas que estaba haciendo en todas las demás comisiones, que por mandado de S. M. estaba entendiendo en aquel reino; y en los derechos, costas y gastos de esta residencia, hechos y causados hasta el día de la pronunciación de esta sentencia, como en los que se hubiesen de hacer adelante hastata remitir el proceso y antes al Consejo, cuya tasación en sí reservó. La confirmamos en cuanto a los salarios, costas, gastos en ella expresados. Y por culpa de este cargo y de los a él remitidos, le condenamos a él y a sus bienes, herederos y fiadores, en 500 pesos.

Y aplicamos los 200 ducados de plata de la condenación del cargo segundo, y los 4,000 pesos del tercero, y los 9,666 pesos que por dicho cargo tercero está condenado a restituir, y la de los 500 ducados de plata del cargo sexto, y la de los 500 pesos de este último, la mitad para la cámara de S. M. y la otra mitad para obras pías y gastos de estrados del Consejo por iguales partes. Y revocamos la sentencia de dicho juez en lo que es, o puede ser, contraria a ésta, y por nuestra sentencia difinitiva así lo pronunciamos y mandamos con costas.

Don Pedro Núñez de Guzmán. Antonio de Lisana. Don Rodrigo Pacheco. Don Francisco Zapata.

Pronunciada fue esta sentencia por los señores del Consejo Real de las Indias que la firmaron en Madrid a 2 de abril de 1648, siendo testigos Amador de Avila, Ruiz de la Peña, porteros de dicho Consejo.

Diego de Zárate.

Fuente: Wikipedia. Los Virreyes españoles en América durante el gobierno de la casa de Austria: México, edición de Lewis Hanke con la colaboración de Celso Rodriguez, Biblioteca de autores españoles, Atlas, Madrid, 1976-1978, 5 volúmenes, volumen 3, 1977, pp. 233-240. Creative Commons.

 
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