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MUJERES ESPAÑOLAS EN MEDIO DE LA REVOLUCIÓN

 

Desde el inicio de la Revolución en noviembre de 1910 hasta la violenta transición del Poder Ejecutivo en 1920, el colectivo español vivió sus efectos en sus bienes y personas tanto en el ámbito urbano como en el rural. En este sentido, habría que mencionar que la mayor intensidad de la lucha armada se registró entre 1913 y 1916, etapa en la que el constitucionalismo incluyó a los súbditos de Alfonso XIII como «enemigos de la revolución», debido a que se les asoció con el golpe de estado que protagonizó el general Victoriano Huerta contra el gobierno de Francisco I Madero, así como por el apoyo y reconocimiento diplomático que brindaron al gobierno usurpador(2). Precisamente bajo estas condiciones los españoles padecieron la incautación y destrucción de sus propiedades, fusilamientos, encarcelamiento e incluso la expulsión del país por las leyes que se dictaron al efecto, cuya aplicación se hizo efectiva en las zonas controladas por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, sin dejar al margen a las mujeres de esta nacionalidad(3).

De acuerdo con los 97 memorándums que las españolas presentaron a la Comisión Consultiva de Indemnizaciones (1911-1917) y más tarde a la Comisión Nacional de Reclamaciones (1917-1924)(4), se advierte que en mayor del constitucionalismo y de las huestes zapatistas(5), y en las distintas regiones del país, con la salvedad de algunos territorios (Baja California y Quintana Roo) y estados de la república (Campeche, Colima, Chiapas, Querétaro, Sonora, Tabasco y Yucatán) debido a las peculiaridades mismas del movimiento revolucionario.

Según la información recabada en la Comisión Mixta Hispano-Mexicana de Reclamaciones (1925-1932), hemos determinado que las reclamaciones femeninas (por lo que a bienes se refiere) se enfocaron en tres grandes bloques: comerciantes, industriales y propietarias rurales y urbanas. Sobre el primer bloque, podemos decir que se trató de propietarias de tiendas en centros mineros, en pueblos y ciudades, o tiendas de raya ubicadas en haciendas y fábricas. La solicitud de indemnización más baja presentada respecto de este rubro correspondió al expediente de Trinidad Simón, viuda de Hernández, que denunció el saqueo de su casa mercantil y despojo de ganado en la Congregación de Santa Fe, Veracruz, entre 1917 y 1918, por diversas fuerzas revolucionarias, daños que valoró en $6.005,50 pesos. En contraste, algunas de las denuncias de mayor envergadura fueron las de María Posadas Sobrino y Genoveva Torres viuda de Llaguno. La primera pedía $60.000.00 pesos debido al atraco de su casa comercial en el Mineral del Oro, Estado de México, y la segunda $64.000,00 pesos por la reiterada sustracción de productos de sus comercios en Angangueo y Villa de Hidalgo, Michoacán, en los años de 1911, 1914 y 1918(6). Estos casos nos evidencian las diferencias que hubo entre las comerciantes en torno a su capacidad económica y por tanto sus posibilidades de reiniciar sus operaciones y resistir este tipo de eventualidades, al grado de hacer frente algunas de ellas a más de un desvalijamiento.

En cuanto a las industriales, consignamos siete casos que comprenden una fábrica de aguarrás y brea, minas, fábrica de uniformes y tres fábricas textiles en los estados de Tlaxcala y Puebla. Cabe destacar por lo que corresponde a las unidades textiles que se trató de negociaciones de viudas de connotados empresarios españoles, entre los que destacan los apellidos Sánchez Gavito y Artasánchez. Un ejemplo de este sector lo constituye el memorial de Juan y Enrique Artasánchez y Antonia Ajuria de Romano(7), que además nos muestra cómo algunas mujeres continuaron con las sociedades establecidas por sus esposos o bien se vincularon en las mismas con sus parientes, adquiriendo cierta presencia. La señora Ajuria y sus socios demandaron el pago de $433.518,67 pesos. Dicho monto a su parecer cubriría el saqueo, incendio y otros daños en la fábrica de hilados y tejidos El Volcán en Atlixco, la principal zona industrial de Puebla(8).

Por lo que toca a las propietarias urbanas, debemos decir que no se trató propiamente de casatenientes (aunque hubo alguna que denunció daños en varias casas de su propiedad), sino más bien de mujeres que vieron invadidos los hogares que habitaban. Algunos casos aislados nos hablan también de otro tipo de bienes urbanos, como serían pensiones de caballos (según el término de la época), hostales y hoteles, pero lo que prevaleció en este bloque fue el denuncio por los daños causados por las tropas revolucionarias y/o federales, que confiscaron algunas casas para darles usos distintos del original (estableciendo una escuela, por ejemplo) o bien las tomaban para hospedarse, llevándose muebles, joyas, ropa y destruyéndolas total o parcialmente antes de marcharse. En 1914, la madrileña Visitación Celada de Berrenguer fue obligada a abandonar su casa habitación ubicada en Torreón para que residiera en ella el general Francisco Villa. La señora Celada tuvo que emigrar a Monterrey y después a la ciudad de México, donde vivía en 1933 cuando se le informó que su reclamación había sido aprobada, aunque, como en la mayoría de las causas, no se le asignó una cantidad concreta ni se le dijo cuándo se haría efectivo el pago. Originalmente, ella tasó su pérdida en más de $46.000,00 pesos(9)

Debido al monto de las reclamaciones, a la concentración de tierras que muestran y a la procedencia social de muchas de ellas, las propietarias de fincas rurales constituyen el grupo más importante de mujeres reclamantes. Dicho grupo sobresale por otra peculiaridad que no se dio en los demás rubros señalados; nos referimos a que ellas padecieron un segundo proceso de afectación a partir del reparto agrario implementado durante el gobierno del general Álvaro Obregón y los subsiguientes, lo cual puso fin gradualmente a su condición de propietarias rurales hacia 1915 y en particular en las décadas de 1920 y 1930(10).

Las unidades agrícolas que estas mujeres pretendieron defender fueron principalmente ranchos y haciendas dedicados a cultivos agroindustriales (sobre todo productoras de azúcar y sus derivados) y a la ganadería, así como también haciendas cerealeras. Los ataques sufridos a estas propiedades fueron intermitentes, debido a que se convirtieron en puntos de abastecimiento de las tropas revolucionarias. En este sentido se reclamaba por lo común el despojo de cosechas, semillas, ganado, destrucción y sustracción de maquinaria agrícola, aunque no el destrozo de la hacienda en sí.

Notas: 1.- Agradecemos los comentarios y sugerencias a una versión preliminar de este trabajo a los doctores Heather Fowler y José Antonio Piqueras, así como a los evaluadores designados por Revista de Indias.; 2.- Pérez Acevedo, 2004: 194.; 3.- Sobre las eventualidades sufridas por los españoles y la labor de su representación diplomática ante las fuerzas contendientes, González Locertales, 1975. Illades, 1985; 1991. Mac Gregor, 1992; 2002. Flores Torres, 1995; 2001. Pérez Acevedo, 2004.; 4.- Las Comisiones fueron organismos unilaterales que el gobierno mexicano estableció en esa década con el fin de asumir sus responsabilidades frente a extranjeros y nacionales víctimas del movimiento revolucionario, las cuales constituyeron el antecedente de las comisiones mixtas bilaterales surgidas a partir de 1924 en representación de los intereses de varios a las causas que se le presentaron. La documentación presentada por los reclamantes pasó de una Comisión a otra. Pérez Acevedo, 2010: 269-293.; 5.- Memoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agosto 1928-julio 1929, 801-1904. De los 97 memorándums 54 correspondieron a dichas fuerzas armadas, cuyo desglose fue de 35 acciones en las que participaron constitucionalistas y 19 fueron realizadas por fuerzas de filiación zapatista.; 6.- De este rubro tenemos once casos, que sumaban un total de 274.052,04 pesos. Este monto de reclamaciones equivalía al total del valor de las negociaciones, cuyo saqueo presupuso su cierre y por lo tanto la quiebra económica de sus propietarias o arrendatarias.; 7.- La señora Ajuria formó parte de los sectores privilegiados de la sociedad poblana, pues tuvo una fuerte presencia económica ya que fue socia de los Artasánchez en otra fábrica textil, La Providencia, además ella y su familia poseyeron la hacienda de Tianguistengo y su anexo El Refugio, la hacienda de Mezquital e Irolo, y otra propiedad rural denominada La Providencia y anexos, todas ubicadas en Acatlán, estado de Puebla, y un molino en Atlixco, además de diversos negocios de otros giros como acciones en la Compañía Petrolera de Puebla en Pánuco, y en la Petrolera Poblana, S.A. Gamboa Ojeda, 1985: 24, 122, 136, 155, 208.; 8.- El total de las reclamaciones presentadas por mujeres del sector industrial fue de 855.297,68 pesos.; 9.- España en nombre de Visitación Celada de Berenguer contra los Estados Unidos Mexicanos. Memorial presentado en 1932, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (AMAEC), fondo Comisión Mixta Hispano Mexicana de Reclamaciones (CMHMR), Archivo General, fallados, exp. 123/475.; 10.- Aunque cabe aclarar que los efectos del reparto de las tierras de las haciendas no fueron objeto de las Comisiones de Reclamaciones, sino que dicho asunto se llevó entre los particulares, la Comisión Nacional Agraria, las Comisiones Locales y el Poder Ejecutivo. Las inconformidades de los propietarios se turnaron ante el aparato diplomático español y el Poder Judicial.

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Fuente: Wikipedia. Martín Pérez Acevedo y Lisette Griselda Rivera Reynaldos, Instituto de Investigaciones Históricas Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Revista de Indias, 2012, vol. LXXII, núm. 256 Págs. 779-782, ISSN: 0034-8341 doi:10.3989/revindias.2012.25., Propietarias españolas en México ante los efectos de la Revolución: pérdidas patrimoniales y búsqueda de indemnizaciones, 1910 a 1938(1). Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Madrid. Archivo Histórico de la Embajada de España en México, microfilm, Biblioteca «Daniel Cosío Villegas» de El Colegio de México., Mujeres españolas en medio de la Revolución; pp. 779-782. Creative Commons.

 
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