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CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

El origen de las cortes en España se remonta al siglo XII. Posteriormente se afianzaron como órganos representativos con capacidad de legislar, la cual conservaron en la Edad Moderna, aunque inaugurando específicamente su función constituyente en Cádiz. Allí se establecieron como órganos inviolables y representativos del pueblo, fueron inauguradas en San Fernando (hoy Isla de León) el 24 de septiembre de 1810, trasladándose después a la ciudad andaluza que les dio nombre y fue su sede hasta 1814, en que concluyó la guerra contra la invasión napoleónica. Durante dicha contienda y ante la ausencia y abdicación de de Fernando VII, se habían creado Juntas Locales de Defensa que acabaron subsumiéndose en la Junta Suprema Central.

Este organismo ordenó por un decreto de mayo de 1809 la celebración de Cortes Extraordinarias y Constituyentes, y aquí tenemos la primera novedad pues, hasta ese entonces, el único que tenía la potestad de convocarlas era el rey. Desde sus inicios promulgaron decretos acerca de la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad y la legalidad o la libertad de imprenta.

Participaron en sus reuniones representantes de las provincias españolas, de los territorios americanos y de Filipinas. El fruto de esta labor fue La Pepa, es decir, la Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812, primera de las que tuvo España, y una de las más antiguas con carácter marcadamente liberal. El texto consagra conceptos como nación, representación, división de poderes e interrelación entre monarquía y constitución. De hecho, su carácter más innovador con respecto a la monarquía del antiguo régimen es el declarado en su artículo 3 sobre la soberanía nacional, que «reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales».

Si bien el monarca no perdía su facultad de sancionar e incluso crear leyes, no estaba facultado para dar a la nación su Ley Suprema, pues su figura pasó a ser regida por dicha ley, cuya formulación era potestad exclusiva de las Cortes. El poder judicial correspondería a los tribunales específicamente establecidos para ello. Así, la segunda gran novedad fue la división de poderes, que creaba una monarquía moderada o constitucional. La Nación actuaba a través de sus representantes, las Cortes, unicamerales y elegidas en virtud de criterios individuales, ya no estamentales.

Fueron abolidas la Inquisición, los gremios, los mayorazgos, el tributo indígena y la encomienda. Por otra parte, se proclamaron las libertades de imprenta, industria, cultivo, comercio y pesca, el desestanco del tabaco y la igualdad jurídica. Sin embargo, la libertad de creencias y prácticas religiosas fue desestimada: el catolicismo seguiría siendo la religión única, y en ello estriba parte de la aceptación, o incluso imitación, del código gaditano en los futuros países independientes de América.

Hasta aquí podríamos pensar que La Pepa abría oportunidades y derechos para todos los españoles. Pero el liberalismo español no fue tan liberal con respecto a la ciudadanía, los derechos de representación y de expresión, de la abrumadora mayoría territorial y demográfica de sus dominios, es decir, de los reinos de ultramar. Las Cortes iniciaron sus trabajos con trescientos diputados, de los cuales sólo treinta y cinco eran americanos, y dos filipinos. El porcentaje mejora si nos atenemos a los presidentes de las Cortes, electos de manera rotatoria durante un mes pues, de treinta y siete, diez fueron americanos. Por último, la comisión encargada de preparar el texto constitucional estuvo compuesta por catorce diputados, nueve peninsulares y cinco americanos.

Los diputados de ultramar se constituyeron en informantes acerca de sus territorios frente a una mayoría peninsular que pensaba de acuerdo con la composición demográfica y particularidades de la metrópoli. Propusieron medidas que garantizaran la igualdad entre americanos y peninsulares, exigiendo que se aplicara el mismo principio de representación a ambos lados del Atlántico. Los españoles se mostraron renuentes, pues América contaba con una numerosa población de origen africano mezclada en la mayoría de los casos con la población americana, para dar lugar a las castas.

Fueron considerados españoles los nacidos en ambos hemisferios, hombres libres y con residencia en el territorio español. Sin embargo, privó finalmente el temor a posibles conflictos interraciales y, sobre todo, a la ventajosa proporción demográfica de los americanos que, si eran considerados iguales a los nacidos en España, conformarían la mayoría de representantes en las cortes. Finalmente, la igualdad "entre todos los naturales originarios de los territorios de la Corona española, de ambos hemisferios" debió ser filtrada por el origen y el color, pues sólo se otorgaron derechos políticos a los blancos americanos y a los indios, quedando excluidas las castas.

Se estableció así una limitación de los derechos políticos, que la Nación otorgaría sólo a quien considerase con suficientes méritos. En este espinoso asunto tuvo que ver la esclavitud. El artículo 22 de la Constitución excluía no sólo a los esclavos, sino por extensión a los españoles oriundos o descendientes de población africana, a los que para ejercer su ciudadanía se exigían méritos que ni siquiera se pedían a los extranjeros para su naturalización. El artículo 29 precisaba esta exclusión, pues no los consideró en la base de la población representada en la elección de diputados.

Los americanos plantearon una jerarquización de los niveles de ejercicio de la soberanía: la nacional era la representada en las Cortes, mientras que la provincial y la municipal serían representadas y administradas desde las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Con respecto al establecimiento de estos órganos, se adoptó la Memoria para la organización y gobierno político de las Provincias Internas del Oriente de Nueva España, del diputado por Coahuila, Miguel Ramos Arizpe. Ello se tradujo en la creación de ayuntamientos en todas las poblaciones de al menos mil habitantes. Se convocaron elecciones municipales mediante sufragio universal indirecto y masculino, lo que constituyó un factor clave en la consolidación de poderes locales criollos frente a los derechos o privilegios señoriales.

En resumen, las aportaciones de Ramos Arizpe, José María Guridi y Alcocer, José Ignacio Beye Cisneros, Mariano Michelena, Juan José Guereña y Garayo, Joaquín Maniau Torquemada, José Miguel Gordoa y Barrios, José Couto o Francisco Fernández Munilla se plasmaron en lo referente a ayuntamientos y diputaciones provinciales, esclavitud, inquisición, hacienda, libertad de imprenta y comercio, entre otros temas.

La Constitución tuvo en Nueva España una breve vigencia. En el año de su promulgación fue jurada en la Plaza Mayor, desde entonces Plaza de la Constitución. Pero tanto el virrey Francisco Javier Venegas como su sucesor, Félix María Calleja, advirtieron del peligro que entrañaría en un reino que atravesaba por la guerra de independencia. La libertad de imprenta debió suprimirse ante la proliferación de escritos que apoyaban, como en el caso de Carlos María de Bustamante, a la causa insurgente. Calleja propuso al Consejo de Regencia en España la aplicación selectiva del código constitucional, tomando en cuenta las dificultades que la guerra y la costumbre imponían en el reino novohispano. En julio de 1813, la Regencia aprobó la propuesta de Calleja.

La Audiencia de México sancionó también en noviembre de 1813 la suspensión de la constitución “…mientras durasen las circunstancias revolucionarias y turbulentas y que, entretanto, se revistiese al virrey de las facultades necesarias, recuperaran su vigencia las Leyes de Indias… y se adoptara un sistema de gobierno más riguroso”. Apoyó así en todo momento al virrey, pese a que había recibido quejas por la ignorancia deliberada de La Pepa con que éste actuaba. No hay que olvidar que la jefatura política, nuevo cargo que sustituía al de virrey, en la práctica fue desestimada por sus titulares, quienes procuraron seguir ejerciendo el mando como antes, quejándose de la división y descentralización del poder que les imponía el texto gaditano.

El fin de la guerra contra Francia provocó el regreso de Fernando VII quien, en mayo de 1814, abolió la Constitución. Su restablecimiento no se dio hasta la revolución de Rafael de Riego en 1820, iniciándose la creación de ayuntamientos constitucionales y de una diputación provincial en Arizpe, con jurisdicción sobre las Californias. Los diputados americanos que concurrieron de nuevo a las Cortes españolas hicieron esta vez propuestas de mayor autonomía y ejercicio de la soberanía americana, secuestrada en nombre del centralismo peninsular.

Propusieron la división de América en tres secciones o delegaciones, cuyas cabezas informarían y responderían ante el rey y las Cortes, pudiendo convocar congresos locales, lo que fue interpretado como una propuesta claramente autonómica, de la cual se citan como ejemplos la Representación, del novohispano Beye Cisneros y la Propuesta de los Diputados de Ultramar a las Cortes Españolas, de 1821.

Derrotado el movimiento de Riego tres años después, Fernando recuperó sus derechos omnímodos. Durante este periodo, se sucedieron las independencias americanas, en el caso de México, en 1821 con el Plan de Iguala. Sin embargo, en tanto se contaba con un texto constitucional acorde (en palabras de Agustín de Iturbide) al nuevo Imperio, éste se rigió por la Constitución de Cádiz hasta 1822. Por último, vale la pena señalar que algunos de los diputados que habían sido constituyentes en Cádiz o diputados a cortes legislativas durante el trienio liberal aprovecharon sus conocimientos e implantaron con mayor éxito sus propuestas en su nuevo país.

Fuente: Wikipedia. Magdalena Mas. INEHRM. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Secretaría de Educación Pública. Imagen: La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Creative Commons.

 
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