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PRIMERAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS

Apenas removido el gobierno golpista [1808] en contra del virrey José de Iturrigaray y del Ayuntamiento de la ciudad de México, por sus acciones autonomistas con motivo de la invasión napoleónica de la metrópoli soberana de Su Majestad gobernante, y del posterior arribo al trono en su lugar de José [Bonaparte] I, llega a Nueva España, precisamente en septiembre de 1810, el nuevo virrey Francisco Xavier de Venegas  [1810-1813]. Poco antes, en mayo del mismo año, el apenas constituido en febrero, Supremo Consejo de Regencia —donde, por cierto, resulta electo en su seno por el virreinato un diputado novohispano: Miguel Lardizábal y Uribe— ordena se efectúen elecciones para diputados a las Cortes extraordinarias del reino en las capitales de los virreinatos y las capitanías generales; Cortes que inminentemente estaban por reunirse a partir del 24 de septiembre de ese año en la ciudad de San Fernando, en la isla de León, situada en el fondo de la bahía de Cádiz.

El hecho buscaba aprovechar la ventaja de que la corriente reformista de la metrópoli había logrado imponerse a las circunstancias de la ocupación francesa; y, por otro lado, capitalizar la coyuntura para permitir la reunión de las Cortes en calidad de congreso general, para que sesionen y permitan que los reinos y provincias de la monarquía, incluidas las de ultramar, elijan representantes. Y a esas sesiones llegan entonces representantes de las Provincias de la Nueva España, y, entre ellos, voceros y representantes de los ideales más radicales y liberales, como José Miguel Ramos Arizpe, por la Provincia Interna de Cohahuila; José Miguel Guridi y Alcocer, de Tacubaya, por Tlaxcala; José María Couto, por Nueva España [aunque viajaba como suplente por la Puebla de los Ángeles]; por cierto, sacerdotes los tres.

Al cabo se suman cuatro abogados, un militar y doce eclesiásticos; diecisiete diputados por las diecisiete capitales de provincias del virreinato: el doctor José Ignacio Beye Cisneros, por México; José Simeon de Uría, canónigo penitenciario, por Guadalaxara, capital del Nuevo Reyno de la Galicia; José Cayetano de Foncerrada, canónigo de México, por la Provincia de Valladolid de Mechoacan; el contador general de la renta del tabaco Joaquín Maniau, por Veracruz; el teniente coronel de milicias retirado José Florencio Barragán, por San Luis Potosí; Antonio Joaquín Pérez, canónigo magistral, por la Provincia de la Puebla de los Ángeles; Miguel González y Lastiri, por Yucatán; Octaviano Obregón, oidor honorario de la Real Audiencia de México, por Guanaxuato; el doctor Mariano Mendiola, por Querétaro; José Miguel Gordoa y Barrios, catedrático eclesiástico, por la Provincia de Zacatecas; José Eduardo de Cárdenas, cura de Cunduacan, por Tabasco; el cura Juan José de la Garza, de Monterrey, por el Reyno de Nuevo León; el licenciado Juan María Ibáñez de Cornera, cura de Tamasulapa, por Oaxaca; Juan José Güereña, provisor del obispado de la Puebla de los Ángeles, por Durango, capital del Reyno de Nueva Vizcaya; Manuel María Moreno, eclesiástico, por la Provincia Interna de Sonora.

El Supremo Consejo pide también la elección y presencia de un grupo de diputados suplentes, por la América Septentrional que no la Nueva España, que luego se quedarían ejerciendo todo el tiempo sus funciones legislativas, participarían en las deliberaciones correspondientes y suscribirían la Constitución. Se trata de: Andrés Savariego, graduado en jurisprudencia en la Universidad de México, por México; Francisco Fernández Munilla, capitán de infantería retirado, por México; José María Couto, párroco de la Puebla de los Ángeles, por Puebla; José María González Terán, guardia de corps retirado, por la Puebla de los Ángeles; Máximo Maldonado, prebendado de Guadalaxara, por México; Salvador Samartín, prebendado de Guadalaxara, por Guadalaxara.

Las sesiones de las Cortes tuvieron carácter constituyente, y el contenido del articulado provocó en la Nueva España una reorganización política  que, en varios sentidos, contribuyó al proceso de independencia; porque, primero: se eligieron a los gobiernos regionales que conformaron las Diputaciones Provinciales, antecedentes de los estados; luego, bajo su vigilancia, se crearon los Ayuntamientos Constitucionales, que, decenios después, darían existencia a los municipios. Ambas instituciones continúan conformando la base del federalismo contemporáneo del Estado mexicano.

José Miguel Ramos Arizpe entregó a las Cortes una Memoria en la  que insistió en la instauración en la Nueva España de esas Diputaciones  Provinciales instituidas ya por la Constitución de 1812, con el fin de conseguir mayor autonomía política para las Provincias e Intendencias. Los diputados de la metrópoli propusieron que esas Diputaciones se establecieran de acuerdo con las seis regiones en que estaba dividido el virreinato: Nueva España, Nuevo Reyno de la Galicia, Yucatán, las Provincias Internas de Oriente, las Provincias Internas de Occidente, y Goatemala. Así, se autorizaron seis Diputaciones Provinciales que podían abarcar una o más Intendencias: dos en la región de la Nueva España;  una en San Luis Potosí, y otra en la ciudad de México, capital del virreinato; una en Guadalaxara, capital del Nuevo Reyno de la Galicia; una en  Mérida, capital de Yucatán; una en Monterrey, capital del Reyno de Nuevo León [de las Provincias Internas de Oriente], y otra en Durango, capital  del Reyno de Nueva Vizcaya [de las Provincias Internas de Occidente].

La Constitución de Cádiz se firmó el 19 de marzo de 1812, y de inmediato se procedió a establecer las Diputaciones Provinciales en América, que se integraron teniendo en cuenta los censos de la población al nombrar un diputado por cada 70,000 personas. Cada Intendencia debía gobernarla un intendente y su correspondiente Diputación Provincial, a la cabeza de la cual había un jefe político, subordinado directamente al gobierno central de Madrid.

La última Diputación Provincial que se estableció en la Nueva España fue la de la Intendencia de México, con sede en la ciudad de México, el 13 de julio de 1814; pero ese mismo año, después de que José I dejara el poder tras la caída de Napoleón, Fernando VII regresa al trono y revoca los decretos de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812, con lo que, temporalmente —ya que la Constitución de Cádiz se restaura en 1821—, quedan abolidas las Diputaciones Provinciales, que entre otras cosas constituirían también un antecedente de la Federación.

Fuente: [R.M.C.D.]. H. Cámara de Diputados. Revista de los Centros de Estudios de la Cámara de Diputados. Contrapunto Octubre 2012, pag.72. Creative Commons.

 
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