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VILLA DE AYALA, MARZO DE 1911

 

¡Abajo haciendas. Viva pueblos! gritó el profesor Otilio Montaño ante la muchedumbre que se arremolinaba en torno al quiosco de la Villa de Ayala en el estado de Morelos. Era el 11 de marzo de 1911 y suponía la entrada de los campesinos morelenses a la Revolución, sólo que sus motivaciones no se centraban en la bandera del “sufragio efectivo y la no reelección”, sino en la defensa de sus tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados azucareros.

La lucha de los pueblos de Morelos contra los terratenientes se remontaba a tiempos inmemoriales que se perdían –según Jesús Sotelo Inclán, autor del libro Raíz y razón de Zapata-  “en los estratos más profundos de la historia de México que es, en gran parte, la historia del problema agrario”. En efecto, desde que los españoles introdujeron la caña de azúcar y los primeros trapiches en lo que hoy es el estado de Morelos, inició la disputa por los recursos naturales de la región, que se hizo más intensa durante el régimen del general Porfirio Díaz.

Bajo la política del progreso porfirista, los barones del azúcar se convirtieron en el motor del desarrollo en el estado de Morelos. Afanosos como ninguna otra clase social, empezaron a introducir mejoras en sus procesos de producción hacia 1880. En la Hacienda de Santa Clara se estableció el sistema de centrifugado y en la de Tenango, maquinaria movida por vapor; ambas eran propiedad de Luis García Pimentel. Igualmente, en Cuahuixtla, su dueño, Manuel Mendoza Cortina, adquirió una máquina automática, “única en su género en las haciendas” que pesaba la caña y la trasladaba al molino hasta llegar al trapiche; Cecilio Robelo, quien visitó las instalaciones en agosto de 1885 quedó maravillado por “sus grandes laboratorios, sus máquinas y sus riquezas”. Como parte de esa política de progreso, el 18 de junio de 1881, se inauguró la línea de ferrocarril de la Ciudad de México a Cuautla, gracias a las gestiones y a las aportaciones de hacendados como Manuel Mendoza Cortina y don Isidoro de la Torre, dueño de Tenextepango, quienes estaban interesados en contar con un mejor transporte para sus productos. Los hacendados se ufanaban de que los impuestos que pagaban sostenían a la administración del gobierno de Morelos.

El auge de las haciendas y el aumento de la producción azucarera, así como el progreso material de la región, generaron la necesidad de aumentar el área del valioso cultivo, por lo que se echó mano de las tierras de los pueblos. Por medio de argucias legales, pero generalmente bajo la ley del más fuerte contra el débil, las haciendas fueron extendiendo sus fronteras. Los ejemplos sobre los abusos son variados y elocuentes. El hacendado de Temixco presionaba a los vecinos de Acatlipa para que le vendieran sus terrenos a precios irrisorios; ante su negativa, les quitó el agua para que se secaran sus huertas. Posteriormente, se apoderaron de los ejidos y fueron demoliendo las chozas hasta hacer desaparecer el pueblo. En 1910, “¡sólo el campanario sobresalía como testigo mudo, entre los cañaverales de la hacienda de Temisco!”.

Cuautla quedó cercada por las haciendas de Buenavista y del Hospital, que la ahogaron hasta hacerla parecer un “sucio arrabal”. No conforme con ello, los hacendados pregonaban que sembrarían cañas en las mismísimas calles del zócalo de la histórica ciudad, defendida heroicamente por el cura José María Morelos. El pueblo de Tequesquitengo pereció bajo el agua que desvió el hacendado de San José Vista Hermosa; a Jojutla y Tetelpa se les quitó el agua, en el primer caso para enviarla a los arrozales, y en el segundo para cedérsela a la hacienda de San Nicolás.

Anenecuilco, patria de Emiliano Zapata, sufrió igualmente los abusos de los hacendados. En 1887, Mendoza Cortina mandó destruir el barrio de Olaque, situado al oriente del pueblo, y unos años después (1895), la hacienda de Hospital mandó a un grupo de hombres custodiados por soldados para ampliar sus dominios poniendo estacas y nuevas mojoneras. Aquellos que intentaron oponerse fueron sacados por la fuerza de sus chozas, que minutos después fueron destruidas. Como lo señalaba atinadamente Sotelo Inclán: “así los pueblos todos se hallaban cercados por el hierro verde de las cañas de azúcar”.

Este círculo de impunidad se cerraba con la alianza entre los hacendados y las autoridades, especialmente los gobernadores del estado. Jesús H. Preciado y Manuel Alarcón dieron amplia protección a los terratenientes, quienes a su vez, ayudaban a su propia causa subsidiando a las fuerzas del orden. El infaltable dueño de la hacienda de Cuauhixtla, Manuel Mendoza Cortina, solía decir que la justicia para los pobres “ya se subió al cielo” porque tenía “comprados al presidente y al gobernador, haciendo él su voluntad”. Esta concertación se reveló nítidamente cuando Pablo Escandón, dueño de las haciendas de Atlihuayán y Xochimancas, fue electo gobernador del estado en 1909.

José Zapata, antepasado de Emiliano, decía en fechas tan tempranas como 1874: “Los ingenios azucareros son como una enfermedad maligna que se extiende y destruye, y hace desaparecer todo para posesionarse de tierras y más tierras con una sed insaciable”. En 1909, la situación para los pueblos se hizo insostenible, por ejemplo, los vecinos de Cuautla, en carta dirigida al presidente Porfirio Díaz, señalaban que los pueblos estaban desesperados por “las tropelías de los hacendados”.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, los pueblos no respondieron con violencia, mas sí con energía. Emprendieron su defensa legal recurriendo a los tribunales e incluso se dirigieron al gran patriarca, el presidente Díaz, solicitando su intervención para que se establecieran los límites con las haciendas y se reconociera cuáles tierras habían sido arrebatadas a sus legítimos dueños. En más de una ocasión, el general Díaz reconoció la validez de las demandas campesinas y les reiteró su llamado para que acudieran a los tribunales y se les hiciera justicia.

Pero la justicia nunca llegó, antes bien, se emprendió una dura campaña en contra de todo aquel que enarbolara las demandas agrarias. Antonio Franco, defensor de las tierras de su pueblo Tepalcingo, fue asesinado y su cuerpo quedó como “lindero” de la Hacienda de Santa Clara. Jovito Serrano, representante del pueblo de Yautepec, fue aprehendido en la Ciudad de México y deportado a Quintana Roo donde murió.

La situación era tensa y se agudizó por la imposición de Pablo Escandón como gobernador de Morelos; las noticias de un levantamiento armado en la ciudad de Puebla asociado al movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero y los informes de que el representante del pueblo de Anenecuilco, Emiliano Zapata, había empezado a repartir tierras para que los campesinos pudieran sembrar.

Precisamente después de los hechos violentos en Puebla, un grupo de vecinos de la Villa de Ayala comenzó a reunirse para comentar la delicada situación nacional. La cabeza nominal de este grupo era el profesor Pablo Torres Burgos, quien tenía un tendejón en el que vendía legumbres, cigarros, papelería para los escolares y todo lo que “era costumbre consumir en los pueblos”. Hombre inquieto, don Pablo, como le decían en Cuautla, se dio a la tarea de comprar y distribuir publicaciones diversas sobre historia, filosofía o sociología, pero también adquiría ediciones de crítica social, como el periódico Regeneración y el Manifiesto del Partido Liberal, de los hermanos Flores Magón. Quienes lo conocieron afirman que era “generoso para todos, modesto, con cierta ilustración y honrado a carta cabal”.

Acompañaban a Torres Burgos en las reuniones Emiliano Zapata y Rafael Merino, presidente y tesorero, respectivamente, de la junta defensora de las tierras de Anenecuilco; Gabriel Tepepa, originario de Tlaquiltenango, veterano de la guerra de Intervención y de la rebelión a favor de Porfirio Díaz en 1876; Catarino Perdomo, de San Pablo Hidalgo, y Margarito Martínez, nativo del sur de Puebla.

La decisión más trascendental que tomó el grupo fue la de establecer contactos con el cuartel general maderista en San Antonio, Texas; querían conocer más detalles sobre lo dispuesto en el artículo tercero del Plan de San Luis que hablaba de restituir las tierras a sus primitivos propietarios. Torres Burgos fue el elegido para marchar a Texas y entrevistarse con Madero. A pesar de que las tensiones en Morelos iban en aumento, los de Villa de Ayala decidieron esperar el regreso de su vocero para poder actuar.

De acuerdo con el relato de Modesto Rangel, Zapata le habría dicho que no era conveniente precipitarse para comenzar la lucha armada, “pues primero debería saberse por qué íbamos a pelear”; si a su regreso Torres Burgos traía  ofrecimientos que convinieran al pueblo campesino, “entonces sí ya sería tiempo de hacer lo que se pudiera, pues no sería patriótico ni razonable derramar sangre nada más para quitar al general Díaz y poner en su lugar a Madero”.

Pero Tepepa, educado en la escuela de la guerra, decidió no esperar las formalidades de la política y se levantó en armas el 7 de febrero de 1911 en Tlaquiltenango. Al viejo guerrero se le sumó una nueva generación de hombres que con el paso de los años serían destacados generales zapatistas: Francisco Alarcón, Amador Salazar, Timoteo Sánchez, Jesús Capistrán, Lorenzo Vázquez, Emigdio Marmolejo y Pioquinto Galis, entre otros. Tomaron Tepoztlán en donde quemaron los archivos municipales y saquearon las casas de los jefes políticos.

Precisamente por esas fechas en que se encendía la mecha de la rebeldía, Torres Burgos regresó a Morelos. Traía consigo noticias alentadoras: Madero le confirmó su “sinceridad” en lo relativo a la cuestión agraria y le expidió una serie de nombramientos para aquellos que se sumaran a su llamado revolucionario. La designación del jefe del movimiento recaía en Patricio Leyva (candidato a gobernador de Morelos opositor al porfirismo), pero en caso de que no aceptara el cargo, Torres Burgos debía tomar las riendas de los sublevados.

Cumplidas las formalidades del caso, los de Villa de Ayala empezaron a afinar sus planes y a reclutar gente; por su parte, las autoridades de Morelos tomaron previsiones ante un eventual levantamiento armado en la región. Torres Burgos y sus hombres llegaron a la conclusión de que tenían que actuar.

El viernes 10 de marzo, Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos y Rafael Merino se reunieron en Cuautla, teniendo como telón de fondo las fiestas de Cuaresma. Ahí, en medio del jaripeo, alegre y varonil, y entre copas servidas en la cantina, aquellos hombres decidieron, como dice el general zapatista Gildardo Magaña, “la sublevación a favor del pueblo humilde”. Al día siguiente se amotinaron, desarmaron a las fuerzas del orden y llamaron a una asamblea general en la plaza de Villa de Ayala. Torres Burgos subió al pequeño quiosco y leyó en público (por primera vez en Morelos) el Plan de San Luis Potosí. Después, informó de los levantamientos armados en el norte del país y terminó con vivas a la revolución y mueras para el gobierno. En medio de las aclamaciones, unos setenta hombres se alistaron para comenzar la rebelión. Era el 11 de marzo de 1911, los de Villa de Ayala iniciaban así su Revolución en contra de las haciendas y para recuperar su vida campesina ligada a la madre tierra. “¡Abajo haciendas. Viva pueblos!” sería el grito de guerra.

Fuente: Articulo autoría de Angélica Vázquez del Mercado. Comisión Organizadora 200 años del inicio de la Independencia y 100 años del comienzo de la Revolución. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México - Unidad Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Creative Commons.

 
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