LA HISTORIA DE UN GRAN CURA QUE DISEÑÓ LAS INSTITUCIONES MEXICANAS

No sólo la independencia política de México fue consolidada por miembros del clero católico, excluyendo a su alta jerarquía, sino que la formación de sus instituciones también. La historia política de José Miguel Ramos de Arizpe (1775-1843), entre una pléyade de clérigos liberales de la primera mitad del siglo XIX, ilustra esta contribución. Quizá la importancia de estos personajes, así como la veneración por los símbolos religiosos que se han convertido en emblemas nacionales, retrasó la consagración constitucional de la libertad de culto (1874), último de nuestros derechos fundamentales.

Formación y dificultades de un genio revoltoso e inquieto.

Nuestro país es pródigo en hombres de talento y genio, pero es más abundante en envidias y mediocridades que retrasan y hacen más difícil la labor creativa e innovadora de los demás. Ramos Arizpe padeció esta dificultad durante su vida y, sin embargo, logró legar a España y a México las instituciones más capitales de su constitucionalismo naciente.

Nacido en San Nicolás de la Capillanía, Coahuila, procedente de una familia con carrera militar, prefirió dedicarse al conocimiento filosófico y humanista que le brindó la carrera eclesiástica, por lo que comenzó sus estudios en el Seminario de Monterrey y prosiguiéndolos en el de Guadalajara, de donde obtuvo el diploma de bachiller en filosofía. En 1803 se ordenó como presbítero y después logró el grado de doctor en teología.(1)

El obispo Primo Feliciano Marín de Porras lo persiguió tenazmente con una antipatía digna de ser narrada en esta crónica. Por la notoriedad de sus primeros logros, Ramos Arizpe quiso obtener una posición en la catedral de Monterrey, pero se le interpuso el obispo y no sólo no obtuvo la posición que merecía, sino que envió a Ramos Arizpe al entonces oscuro lugar llamado Santa María de Aguayo en la Nueva Santander, hoy flamante capital, Ciudad Victoria, del Estado de Tamaulipas.(2)

Finalmente, logró obtener el curato del poblado de Real del Borbón, en Nueva Santander (Tamaulipas) de donde comenzó su vida pública, no sin vencer múltiples dificultades. En este apartado lugar tuvo noticia sobre la convocatoria a Cortes extraordinarias y generales que desde España se llamaba a representantes de la Nación para elaborar la primera constitución, de acuerdo al decreto del 22 de mayo de 1809, formulado por Lorenzo Calvo de Rozas en la Junta Suprema de Sevilla.

Tras la expedición de la convocatoria a Cortes para los americanos el 14 de febrero de 1810 y las instrucciones en el Ayuntamiento de México el 7 de mayo de 1810, semanas después llega este decreto a la Provincia de Coahuila en julio de 1810, (3) colocándose en los sitios públicos designados para ello en Parras, Saltillo, Monclova y otras poblaciones.

Como la organización a elecciones para integrar las Cortes fue obstaculizada por las autoridades virreinales, se publicó nueva convocatoria urgiendo la celebración de elecciones en América el 18 y el 26 de junio de 1810, llegando a México la segunda convocatoria el 26 de septiembre de 1810.(4)

El controvertido gobernador de Coahuila, Antonio Cordero y Bustamante, se encontraba en la feria de Saltillo a fines de septiembre y principios de octubre de 1810 y, aunque Monclova era la capital de la provincia, la ciudad no contaba con Ayuntamiento desde 1741, por lo que Saltillo era la única población que tenía ayuntamiento.(5)

En una disposición que se afiliaba a la doctrina de soberanía nacional sostenida por el Ayuntamiento de la ciudad de México en 1808, la convocatoria de febrero de 1810 antes aludida depositaba en los Ayuntamientos cabeza de provincia el proceso de elección de diputado, así como de aprobar las instrucciones de su mandato. En este sentido, Saltillo y la provincia se interesaban exclusivamente en que su diputado promoviera el desarrollo de las actividades económicas y productivas.

El gobernador Antonio Cordero dispuso “que [se] nombrara a los tres individuos más idóneos y capaces de entrar en el sorteo según las instrucciones de la convocatoria”, y el 24 de julio el ayuntamiento de Saltillo designó a José Domingo López de Letona, doctoral del obispado de Oaxaca, a José Miguel Ramos Arizpe, cura del Real de Borbón (ambos nativos de Saltillo), y Francisco Antonio Gutiérrez, de Santa María de las Parras. Cinco días después, se reunieron en Monclova el gobernador Cordero y las autoridades municipales, además de varios oficiales, quienes “como se acostumbre en estos sorteos, los nombres estaban guardados en un jarro y se pedía a un niño que sacara uno de ellos. Así se hizo aquel día y el nombre que resultó fue el de José Miguel Ramos Arizpe.”

El proceso de elección se llevó a cabo sin problemas; sin embargo, como señala Nettie Lee Benson, “toda esta elección tuvo lugar sin que él interviniera”, es más, ni siquiera supo de su elección pues se hallaba “recluido” desde el 15 de junio de 1810 en la ciudad de México en el Convento de Carmelitas Descalzos.(6)

La abierta animadversión del obispo Marín de Porras contra Ramos Arizpe provocaba, una vez más, esta detención. Ramos Arizpe al haber concluido sus estudios de filosofía y cánones, solicitó el primero de mayo de 1810 al obispo “licencia para salir del obispado para recuperar salud y su mejor interés”; la cual fue negada, pidiéndosele diferir su solicitud y explicar los motivos de ésta. Al parecer de Benson, consideró que Ramos Arizpe ya estaba interesado en las cuestiones políticas tras los sucesos en la Península y el Ayuntamiento de México un par de años atrás, de ahí su intención en participar en estos momentos en la ciudad de México, lejos de su curato en Tamaulipas.

Ramos Arizpe decidió salir de su curato sin permiso del obispo e ir a resolver sus “negocios” a la ciudad de México, como única justificación, sólo le escribió una carta al obispo advirtiéndole que sus asuntos no admitían demora y la llegada del presbítero Francisco Treviño a Real de Borbón le permitirían a éste encargarse del curato durante su ausencia.

Esta salida fue tomada por el obispo Marín de Porres como una “fuga”, y así lo informo al arzobispo-virrey Francisco Javier de Lizana y Beaumont, quien el 7 de junio de 1810 mandó aprehender al “fugitivo” Ramos Arizpe, por ausentarse “sin licencia de su diocesano”, y para el 15 de ese mes ya había sido remitido al convento de los Carmelitas Descalzos.

Ramos Arizpe presentó documentos sobre las acciones del obispo en su contra, por lo que el fiscal José Beye de Cisneros, quien también sería diputado a Cortes, informó a Lizana que “el cura había efectuado su venida a esta ciudad con el objeto de representar sus derechos sobre varios particulares y bajo tal supuesto, consideraba que no debe conceptuarse un verdadero fugitivo”, además de recomendar ampliar el arresto de manera que pudiera salir durante la mañana y tarde del convento para que resolviera sus asuntos personales.

Benson señala que uno de los asuntos que resolvía Ramos Arizpe en la ciudad de México fue su ingreso al Real Colegio de Abogados de México, ante el cual presentó su examen el 4 de agosto de 1810 y, para el veinte del mismo mes, fue incorporado como miembro y se encontraba acreditado debidamente como abogado.

El virrey Lizana aceptó la recomendación y autorizó la salida de Ramos Arizpe; éste, viendo que sus negocios demoraban mucho, pidió su regreso al curato, ante lo cual accede el virrey arzobispo. Notificado Marín de Porras de las decisiones de Lizana, le informa el 30 de julio “que sin embargo de lo que tenía expuesto a la Excelencia Arzobispo sobre el genio revoltoso e inquieto del Dr. Don Miguel Ramos Arizpe, no hallaba inconveniente alguno para que el Excmo. Illmo. Arzobispo le permitiera el regreso que solicitaba.´” Aunque el arzobispo dio fin a la reclusión de Ramos Arizpe el 11 de julio, esta noticia le fue informada hasta el 21 de agosto, y al mismo tiempo le notificaron “que había sido elegido diputado por la provincia de Coahuila a las Cortes Extraordinarias de España.”

Al saber Marín de Porras el resultado de la elección, de inmediato escribió al arzobispo-rey una airada protesta contra la elección de Ramos Arizpe, considerando que era injusto que el acto del cura del Real del Borbón quedara impune; es decir insistía en que su conducta había sido una fuga del curato, y demandaba que lo detuvieran más tiempo en la capital; argumentaba que “el nombramiento de Ramos Arizpe como diputado estaba contra la declaración de la declaratoria que prohibía proponer para este empleo a sujeto que tuviera tacha legal, cual es la reclusión y procedimiento judicial de mi orden contra dicho Ramos”, y él mismo acudiría al Supremo Consejo de la Regencia para exponer la nulidad de su elección, interponiendo así el primer medio de impugnación electoral en lo que sería nuestro país que, afortunadamente, no prosperó.

Por su parte, Ramos Arizpe solicitó permanecer en el convento hasta reunir los testimoniales y pruebas que requería para partir a España, como diputado de “su patria”, Coahuila. Solicitó al virrey Lizana las certificaciones necesarias para acreditar su representación en las Cortes; no obstante, el 26 de septiembre Lizana decidió “poner todo el problema en manos del recién llegado virrey Francisco Xavier Venegas, quien un mes después decidió que Ramos Arizpe se trasladara a España, “con la brevedad que previene las Reales órdenes del asunto”. A fines de noviembre parte rumbo a Veracruz, y de ahí se embarca el 28 de diciembre a España, en el navío inglés “El Implacable”; llegando a Cádiz el 28 de febrero de 1811.

Un parlamentario comanche.

Las sesiones de las Cortes comenzaron en la Isla de León, contigua a Cádiz, el 24 de septiembre de 1810; pero ante las dificultades que enfrentaban los diputados en esa ubicación, se acordó el 18 de febrero de 1811, mediante decreto XXXVI, el cambio a la ciudad de Cádiz, específicamente para sesionar en la iglesia de San Felipe Neri, siendo presidente de las Corte el diputado poblano Antonio Joaquín Pérez, (7) lo cual ocurrió el 2 de marzo de 1811.

En Cádiz, la Comisión indicó “que no había duda de la elección”, pero no “había recibido datos para que juzgase si su elección había sido hecha en la forma debida”, pese a las cartas del virrey, de los gobernadores y del anuncio en la Gaceta del 19 de enero de 1811 que imprimía sus nombres como diputados. No obstante, las Cortes votaron a favor de la admisión de los dos diputados y el 21 de marzo de 1811 Ramos Arizpe tomaba el juramento como miembro de aquella asamblea de manera provisional. Los documentos que acreditaban su cargo (el poder y las instrucciones del ayuntamiento de Saltillo) los recibió el 23 de julio de 1811, y de inmediato los presentó a la Comisión de poderes, quienes el 10 de agosto los aprobaron; había transcurrido ya un año desde su elección.

Benson supone que el obispo Marín de Porres había impedido el envío expedito de los documentos, o bien, que el “Grito de Dolores” pudo haber interferido en el correo entre Saltillo y la ciudad de México, demorando el envío de las credenciales de Ramos Arizpe. Lo que no demoró ni decayó fue la inmensa voluntad de la provincia de Coahuila, quienes comenzaron a reunir los fondos suficientes para sufragar los gastos del viaje de su representante a Cádiz, con las altas esperanzas del ayuntamiento y la provincia ante la oportunidad de que la voz de un diputado natal se oyera en las Cortes y en España.

Junto a la representación americana llegó la fiebre amarilla que asoló a Cádiz, transportada por las embarcaciones procedentes de América. Esta plaga, llamada “americana” por la procedencia del mosquito, fue otra azarosa dificultad en la que afortunadamente no cayó Ramos Arizpe.

Ya acreditado definitivamente en las Cortes, Ramos Arizpe fue un parlamentario singular, como representante de la Nueva España propuso el 7 de noviembre de 1811, en su Memoria como representante de Coahuila o Nueva Extremadura. Descripción de las Provincias Internas, (8) la creación de “diputaciones provinciales” que sustituirían a las originales juntas provinciales que se hicieron cargo del gobierno local ante la ausencia de la autoridad real en España. (9) Estas diputaciones comenzaron la vida democrática en el país a partir de 1812 y fueron la simiente del sistema federal de la República Mexicana.

La Memoria de Ramos Arizpe es el primer diagnóstico político e histórico de la condición de Coahuila (Nueva Extremadura) y Texas (Nuevas Filipinas), además de otras provincias circunvecinas. Asevera en su documento que la población de Coahuila fue la principal fuente de colonización en Texas desde el siglo XVI y ya apunta, desde 1811, que los angloamericanos tienen pretensiones sobre Texas dada la reciente frontera con la Louisiana.(10)

Prosigue con una crítica sobre el gobierno de las Provincias Internas de la Nueva España, donde los comandantes militares vivían con lujos desmedidos y ejercían poderes más amplios que los del propio virrey, aplicando sólo leyes militares para la población civil, porque son las únicas que conocen los gobernadores de esas tierras. Denuncia la carencia de cabildos, por lo que había una ausencia de gobierno municipal en el Virreinato. En cuanto a la administración de justicia, también asevera que sólo existían jueces militares en la frontera norte.

Ante estas condiciones, Ramos Arizpe propone en su Memoria el gobierno que debería adoptarse, por lo que pide a las Cortes:

Se sirva establecer en ellas un cuerpo gubernativo y otro que en grado de apelación ejerza el poder judicial; el primero con el nombre de Junta Superior Gubernativa de las cuatro provincias internas de Oriente en la América Septentrional. (…)

Es necesario establecer en cada provincia una Junta Gubernativa, llámese Diputación Provincial, a cuyo cargo está la parte gubernativa de toda ella, y en cada población un cuerpo municipal o cabildo, que responda de todo el gobierno de aquel territorio.(11)

Esta Junta estaría compuesta por siete individuos, vecinos de las mismas provincias, (12) y estaría acompañada de un Tribunal Superior de Apelaciones. Las ventajas de un gobierno local serían inmensas para la nueva estructura política, porque los vocales de esas diputaciones provinciales serían electos por los habitantes de las propias provincias y, por lo tanto, serían conocidos y responsables ante los habitantes de las mismas.

Su espíritu liberal e indómito lo acreditó, a pesar de ser criollo, como un “comanche” y sus debates eran tan encendidos que en una ocasión se le apercibió de llamar a la guardia si no moderaba su tono.(13)

Los temas de combate fueron la completa igualdad en la representación política entre americanos y peninsulares, así como la igualdad de las llamadas “castas” o personas de origen africano, pero residentes en América,(14) así como el trato justo a los indígenas. Durante sus actuaciones parlamentarias, sobresalió por la defensa de la libertad de prensa, criticando al Virrey Francisco Javier Venegas de la Nueva España por sus ataques a esta libertad fundamental, en la sesión del 16 de enero de 1812.

Sostuvo igualmente que la representación política no era un mandato entre los electores y los diputados, sino que sus poderes derivaban de una representación nacional, más allá de la promoción de los intereses particulares de los comitentes. Abogó por la aplicación del debido proceso legal al condenar la falta de cumplimiento de un indulto de la autoridad virreinal en Venezuela, fijando el criterio de que el Poder Ejecutivo no puede detener a ninguna persona sin formación de causa.(15)

Si bien no llegó a ser Presidente de las Cortes como otros diputados americanos, su participación fue intensa ya que estuvo en las Comisiones de Justicia, de Biblioteca, de Honor y Especial.

Su última causa fue, sin duda, la mayor autonomía de las provincias americanas, lo que provocó que el 17 de diciembre de 1814 fuera detenido en su domicilio y recluido, por segunda ocasión en su vida política, en la Cartuja de Arachristi en Valencia, así como pagar una multa de quinientos pesos por concepto de las costas judiciales, por órdenes del déspota Fernando VII. Su detención es muestra de los abusos más aberrantes en que podía haber incurrido el poder político, ya que su arresto infringió los siguientes principios:

a) No respetó el fuero constitucional de los diputados a Cortes

b) No hubo formación de ninguna causa, sino que fue decretada por simples autoridades gubernativas

c) No medió una averiguación, sino que después de la detención se fingió una justificación basada en hechos falsos

d) No hubo declaración de culpabilidad por autoridad competente

e) Hubo una incautación ilegal de las posesiones y pertenencias de los diputados arrestados

f) El procedimiento estuvo plagado de irregularidades.(16)

Estuvo seis años en ese confinamiento, hasta que el pueblo de Valencia lo liberó en 1820, perdonando la vida de su feroz carcelero, un tal capitán Elío. En la prisión, creó una estrecha relación con otro diputado a Cortes, Joaquín Lorenzo Villanueva y Astengo, precisamente de Valencia, quien al traducir en 1825 la obra de William Paley sobre Teología Natural, la dedica al carácter de Ramos Arizpe, como dice “en obsequio de la joven república mexicana”.

Pero el glorioso episodio de Cádiz fue tan sólo el inicio de su brillante labor de estadista, pues en octubre de 1820 hasta 1822, se desempeñó en funciones como diputado, aunque fuera suplente, ya que tampoco en esa ocasión se habían consumado las elecciones en los territorios americanos, solicitándose a los presentes en la Península que entraran en funciones como diputados suplentes.

En este período, Ramos Arizpe presentó un Memorial a las Cortes en 1820 en el que se decía:

La Diputación Mexicana, aunque diminuta en su número, por circunstancias que no es del caso recordar, jamás olvida que representa a millones de mexicanos ilustrados, opulentos y valientes que sólo exigen de la España lo que ésta con tanto coste y con tanta gloria ha querido para sí. A España resta ser ya justa y ser benéfica pero con la América, sacando de ella todo el partido que en las circunstancias pueda y se le ofreciera francamente para su sólida y general prosperidad y para gloria inmortal de su monarca.(17)

El parlamentario mexicano.

Ramos Arizpe llegó después de once años de ausencia, a México el 31 de diciembre de 1821, viajando a Saltillo y perdiendo la oportunidad de ser electo al Primer Congreso Constituyente General de México; sin embargo fue electo al Segundo Congreso Constituyente en 1823, presidiendo la Comisión de Constitución.

Nuestro parlamentaria llega al haberse consumado la Independencia nacional y al haberse concluido los Tratados de Córdoba. Una Junta Provisional Gubernativa fue el primer órgano de gobierno del nuevo país, la cual fue instalada el 28 de septiembre de 1821 y elige a su presidente en la persona de Agustín de Iturbide, quien a su vez levanta el Acta de Independencia y designa a los cinco integrantes de una Regencia, a semejanza de la sucesión de nombres en España.

Para noviembre de 1821 Iturbide decreta la ley de bases para convocatoria para el primer Congreso Constituyente Mexicano. El Primer Congreso Mexicano fue integrado por 162 diputados y 29 suplentes y fue inaugurado por Iturbide el 24 de febrero de 1822. La mayoría de los diputados eran criollos, cuyas ideas se inclinaban hacia una forma republicana de gobierno, contrastando con los diputados monárquicos, que a su vez se dividían en borbonistas e iturbidistas.

Es aquí cuando expresa su clara oposición a la “emancipación de México, bajo el gobierno de un príncipe de la casa de Borbón”, pues, de manera muy enfática exclamaba “de ningún modo conviene a México una monarquía, y mucho menos regenteada por un miembro de la familia Borbón.” Los acontecimientos externos favorecieron que la noche del 18 de mayo de 1822 se proclamara por el Congreso Constituyente la independencia absoluta de México y la Guarnición de la Ciudad de México proclamara a Iturbide como Emperador de México.

El 21 de mayo de 1822 prestó juramento como Emperador constitucional en la Iglesia de San Pedro y San Pablo de la Ciudad de México, y un par de meses después, el 20 de julio, es coronado emperador en la Catedral de México, con el nombre de Agustín I. Ramos Arizpe reprueba las decisiones de Iturbide de ceñirse la corona imperial, sumándose al descontento de Mariano Michelena y su logia escocesa.

Se cree que Ramos Arizpe inspiró la revuelta del Brigadier Felipe de la Garza “pretendiendo se adoptara la forma republicana y ofreciendo al Congreso si así lo hacía, sostener su resolución con la provincia de Nuevo Santander y 2,000 caballos que eran a sus órdenes,” según afirma Alfonso Toro.

Ante la oposición de algunos miembros del Congreso, en octubre de 1822 el emperador Agustín de Iturbide determinó disolverlo y crear una Junta Nacional Instituyente, la cual se reservó el derecho de efectuar la designación de sus integrantes a fin de conformar un Congreso acorde a sus intereses personales. Dicha Junta estuvo integrada por 45 hombres, quienes tendrían encomendada la función de elaborar una Constitución y de organizar las elecciones; para tal efecto la Junta emitió el 21 de febrero de 1823 el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, mediante el cual se ponía fin a la vigencia de la Constitución de Cádiz.

Los federalistas republicanos consideraban que “Podía el país no estar preparado para esta forma de gobierno [el imperio]; pero a ella le arrastraban, fatal y conjuntamente, tanto las ambiciones de los caudillos y caciques locales que habían adquirido preponderancia durante la guerra de independencia” Ante los excesos de Agustín I, Antonio López de Santa Anna se declaraba protector de la Federación, en tanto que otros estados pedían se convocara a un nuevo congreso, y algunos más pedían formar una federación; Santa Anna proclama el Plan de Casa Mata, ante lo cual el emperador se vio en la urgente necesidad de expedir, el 4 de marzo de 1823, un decreto para instalar nuevamente el Congreso, instancia ante la cual presentó su abdicación el 20 de marzo. Las diversas entidades llamadas provincias, al caer el imperio, comenzaron a manejarse de por sí, como verdaderos Estados independientes, y se entregaban a formular proyectos políticos.

El Congreso determinó establecer un gobierno provisional a cargo del Supremo Poder Ejecutivo, por medio de un triunvirato integrado por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete. Al encontrarse ausentes los dos primeros, se eligieron como suplentes a Mariano Michelena y José Miguel Domínguez. El 17 de junio de 1823, el Congreso emitió el decreto que instituyó las Bases para las elecciones del nuevo Congreso Constituyente, el segundo.

Ramos Arizpe fue electo diputado por Coahuila sin problema, pues su buena fama ganada como diputado en las Cortes de Cádiz, le hizo incluso que fuera electo presidente de la Gran Comisión; un poco más tarde, el 19 de noviembre de 1823 leyó ante el Congreso Constituyente el Proyecto de Acta Constitutiva.(18)

En sus primeras intervenciones, Ramos Arizpe explica que antes de aprobar la Constitución, debería aprobarse un Acta que en breve término garantizara la unión de las provincias mexicanas y que fuera el depósito y garantía de sus derechos.(19) Esta Acta Constitutiva le daría a México el reconocimiento de su ser político sin demora.(20)

Al hablar de aprobar bases inmutables sobre las que se formaría el Estado Mexicano, se refirió a la utilidad de aprobar de inmediato un sistema federal, dejando para después la discusión de otras características que perfeccionaría la obra. Su convencimiento sobre la autonomía de los gobiernos locales haría que se transformase su propuesta gaditana de las diputaciones provinciales en los gobiernos autónomos de los Estados en una Federación.(21)

De la misma manera, corresponde a Ramos Arizpe dar una clara definición respecto de la soberanía nacional y el gobierno representativo, pues con ello se evitaría la acción de un autócrata como Agustín de Iturbide quien había reprimido a la Asamblea representativa de la Nación al vetar la formulación de una Constitución, emulando así el yugo de Bonaparte.(22)

El 19 de diciembre de 1823, Ramos Arizpe votó favorablemente el título de “Estados libres e independientes” en un exordio al artículo 6º del Proyecto de Acta Constitutiva.

De la misma manera, favorece el bicameralismo y considera al Senado como la segunda Cámara que resulta necesaria para evitar los prejuicios de la exaltación de la razón y de las pasiones de una sola Cámara, dando igualmente moderación a los posibles enfrentamientos entre la Cámara única de diputados y el Presidente de la República, terciando el Senado con integrantes de diversa formación.

Uniéndose a lo expuesto por Fray Servando Teresa de Mier, con quien sostenía algunas diferencias en otras materias, Ramos Arizpe considera que un Senado subsanaría la desigualdad que induce la representación poblacional respecto de los Estados menos favorecidos con habitantes.(23)

Con estos argumentos contundentes, la causa del sistema federal había sido ya lograda por el consumado parlamentario coahuilense, refrendándose en la Constitución de octubre de 1824; pero tal mérito se había obtenido en el Acta Constitutiva de enero de 1824.

La Presidencia Mexicana.

Dentro de los sistemas políticos contemporáneos, el presidencialismo es el más moderno y el adoptado por la mayor parte de los países de América. Como institución política, no surge de un marco teórico definido y previo, sino de planes políticos, debates en los Congresos Constituyentes y adecuaciones de diversas instituciones en la cultura política.

Aunque Estados Unidos representa el modelo en el presidencialismo, por ser el primer país que lo experimentó en su nuevo régimen, es evidente que el sistema presidencial de México, como el de otros países latinoamericanos, ha contado con su propio desenvolvimiento y sus características varían entre todos ellos.

Como el Poder Ejecutivo se ha depositado en una sola persona y no en un órgano colegiado, el presidencialismo posee además la característica de observar no sólo un desarrollo de la institución y de sus funciones constitucionales y política, sino la peculiar impronta psicológica del Presidente en funciones.

De esta manera, es posible hablar de presidentes dinámicos o pasivos, así como de optimistas o pesimistas con respecto a su cargo. De esta manera, tanto la conformación política y social del presidencialismo como el entendimiento y el sentimiento que del cargo tenga el alto ocupante, hacen de los sistemas presidenciales, instituciones tan particulares de cada país que desbordan al llamado modelo americano cuyo significado es ambiguo ya que además, habría que precisar a cuál de los modelos de presidentes en los Estados Unidos se refiere uno.

El Poder ejecutivo diseñado en los Estados Unidos en 1787 se deposita en una sola persona. Tal como en algunos Estados confederados se depositaba en un solo gobernador. James Wilson, James Madison y Gouverneur Morris propugnaron por el Ejecutivo unipersonal ya que con ello se garantizaría la unidad de acción y de decisión, la energía en los actos de su administración, la eficiencia y seguridad de la Nación, así como la responsabilidad política del Presidente.

Los Ejecutivos colegiados, en cambio, someten todas sus decisiones a deliberación provocando tardanza y propiciando la formación de facciones; así mismo, un ejecutivo colegiado evade la responsabilidad política ya que no podría determinarse quién sería el responsable de los actos inconstitucionales o ilegales. Los constituyentes como Edmundo Randolph que favorecían la figura de un Ejecutivo Colegiado se basaron sobre todo, en el temor a que, una persona degenerara en déspota y tiranizara al país.

Thomas Jefferson aclararía que, aun en el extremo, era preferible tener un déspota que un grupo de ellos, significando con ello que el despotismo podía darse también en ejecutivos colegiados. Pero además, la particularidad del Poder Ejecutivo en el sistema presidencial y su consecuente diligencia con el sistema parlamentario, estaba en la característica de que el Presidente reúne las dos categorías de jefe de Estado y jefe de gobierno.

En el parlamentarismo, existe una jefatura de Estado, depositada en la figura del monarca, diferenciada de la jefatura de gobierno que se personaliza en el primer ministro.

En la Convención de Filadelfia que discutió la Constitución de los Estados Unidos se discutieron dos tipos ideales de presidentes: el primero enérgico, unitario e independiente, mientras que el otro colegiado, subordinado y dependiente del Poder Legislativo. Los debates se desarrollaron principalmente en junio de 1787. George Washington, libertador, constituyente y primer presidente se identificó con el primero de los tipos ideales.

Alexander Hamilton, también inserto en esta corriente, llegó a proponer a un presidente o gobernador general, como él lo llamó, con una duración indefinida, ocupando el cargo mientras observara buena conducta, que podía ser vitalicio. Simón Bolívar hizo lo mismo para Sudamérica.

La dotación de energía al titular del Poder Ejecutivo era necesaria para la mayoría de los constituyentes norteamericanos, ya que en 1786 había ocurrido una sublevación en el estado de Massachussetts, dirigida por Daniel Shay, contra quien el gobierno del estado y el Congreso de la Confederación se habían mostrado incapaces y sin los recursos suficientes para afrontarla. El espectro de la anarquía aparecía en la mente de los constituyentes y estaban dispuestos a crear un gobierno federal vigoroso con un Poder Ejecutivo fortalecido que pudiera sofocar este tipo de emergencias.

Sin embargo, el otro tipo ideal de presidente estaba formado con base en el rechazo hacia las características del monarca inglés. Roger Sherman y Edmund Randolph sustentaron que la unidad en el Ejecutivo era la instauración de un rey con el nombre de presidente, y que además la unidad era innecesaria pues sus virtudes se encontraban igual en un órgano colegiado. Resultando más ventajosa la presidencia colegiada porque permite la toma de decisiones más serena y fundada así como la representación más amplia por zonas geográficas del país.

En opinión de esos constituyentes, la presencia de un sólo Presidente favorecía el despotismo y el predominio de un solo interés o región sobre la pluralidad de ideas, intereses y regiones que deben considerarse en todos los órganos de gobierno.(24)

Sin embargo, estos argumentos fueron desechados por los sostenedores de la unidad en el Ejecutivo, cuyo tópico de pronto se convirtió en la pieza clave para definir todas las demás características de la institución presidencial. Por principio, se trató de eliminar el temor de la tiranía ya que la cantidad de personas en el Ejecutivo no determinaban ese peligro, sino que el despotismo nacía con todo el sistema de gobierno.

Si en el nuevo régimen político de América se hacía rígido el principio de separación de poderes, y no flexible como en el parlamentarismo, (25) se detendría cualquier abuso que deseara cometer el Presidente. Si el Presidente se excediera en sus facultades, éstas no redundarían en todo el país con la misma intensidad que en un sistema monárquico y unitario, ya que el país se organizaría en una Federación con límites y atribuciones expresas y con autonomías de cada una de las entidades federativas.

Sin embargo, si los abusos cometidos llegaran a ser graves, el Presidente sería responsable políticamente ante el Congreso y podría ser removido del cargo, lo cual contrasta con la irresponsabilidad de un monarca.

Durante la primera mitad del siglo XIX, cuando se verificó el proceso emancipador de América Latina, nuestros países denominaron al sistema político norteamericano como régimen representativo hasta que Walter Bagehot en su obra The English Constitution utiliza y difunde el término de “régimen presidencial”. Por otra parte, tan reciente como la Segunda Guerra Mundial se empieza a designar con el término de presidencialismo al sistema que actualmente conocemos.

La Constitución Americana llegó traducida a México en 1823 y no cabe duda que junto con la Constitución de Cádiz de 1812, recién reinstaurada en México hacia 1820, fueron las fuentes para configurar al Poder Ejecutivo en nuestro país. El momento de la discusión llegó después de la abdicación de Iturbide y el segundo Congreso Constituyente donde participó Ramos Arizpe.

La posible influencia de la Constitución Gaditana es discutible en cuanto al Poder Ejecutivo en general, aunque pueden considerarse algunos aspectos como el refrendo ministerial y las relaciones entre el Congreso y los secretarios del despacho, que pueden considerarse de influencia gaditana; sin embargo, el hecho de establecer una monarquía constitucional aleja a esta constitución del sistema presidencial concebido dentro de una República.

De cualquier manera, Miguel Ramos Arizpe personificó la doble influencia, pues fue diputado a las Cortes de Cádiz y conoció la Constitución Americana tanto en su texto directo como a través de los proyectos de constitución de Esteban Austin, colono texano, que representan una translación de dicha constitución en lo que respecta al Poder Ejecutivo.

Ramos Arizpe además de ser el promotor del Federalismo en México, fue quien promovió al Poder Ejecutivo unitario con energía suficiente para afrontar las emergencias a las que el país enfrentaba y seguiría enfrentando posteriormente. El asunto fue planteado inicialmente al discutirse el Acta Constitutiva en la sesión del 20 de enero de 1824, pero el debate provocó que la materia se definiera en la discusión de la Constitución de ese año.

Al igual que Estados Unidos, la importancia que tuvo la discusión sobre la unidad o pluralidad del Ejecutivo trascendió al mero aspecto numérico e incidió sobre la naturaleza y el carácter del Presidente, de ahí su gran relevancia en el diseño institucional de México.

La unidad en la titularidad del Presidente representaba el vigor necesario para tomar decisiones con celeridad y secreto. El temor de que un solo Presidente se convirtiera en déspota estaría disipado para Ramos Arizpe y José Ignacio Espinosa por varios elementos constitutivos del sistema político en general como el tener un periodo fijo de cuatro años, el contar con un régimen federal y con un régimen de responsabilidad política para el titular del Poder Ejecutivo.

No obstante, no fue fácil la unidad del Poder Ejecutivo, pues hubo varias iniciativas para implantar uno colegiado, propuesto por distinguidos diputados constituyentes: Manuel Crescencio García Rejón, Miguel Guridi y Alcocer y Demetrio del Castillo entre otros, quienes propusieron depositar el Ejecutivo en tres y dos personas, respectivamente. El 13 de febrero de 1824 el diputado Demetrio del Castillo presentó la formación de un Poder Ejecutivo muy original, pues trataba de armonizar lo aparentemente irreconciliable.

La propuesta de Castillo consistía en tres personas: el presidente, propiamente dicho; el vicepresidente, que sustituiría al anterior en caso de ausencias y el presidente designado, que entraría en funciones de presidente al concluir el periodo del primero.

Aunque era un triunvirato, el gobierno se ejercía prácticamente a través de una sola persona: el Presidente, pero asesorado por los otros dos, el vicepresidente y el designado. Con ello se garantizaría la energía y a la vez la concurrencia de varias inteligencias en la toma de decisiones y así evitar la precipitación en las mismas. Pero además, para contener cualquier abuso, el vicepresidente y el designado tendrían la facultad de supervisar los actos del Presidente y, en caso de violar la Constitución, acusarlo ante el Congreso para que éste finque la responsabilidad política que procediera.

Esta propuesta satisfacía prácticamente todas las inquietudes que se habían planteado en el Congreso Constituyente y resultaba impecable frente a la convicción de Ramos Arizpe por el Ejecutivo unitario. Sin embargo, este diputado insistiría en la necesidad de discreción y celeridad en la toma de decisiones y, para evitar el abuso del Presidente, propuso la formación del Consejo de Gobierno cuya integración se haría a partir de la mitad de los senadores y que velarían por que los actos del Presidente fueran dictados conforme a la Constitución y a las leyes.

Este Consejo de Gobierno que tiene como antecedente los “consejos revisores” de los gobernadores en la Confederación Americana, tuvo importantes implicaciones ya que por un lado fortalecía el federalismo dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, al ser senadores, símbolo de la representación de las entidades federativas, sus integrantes y copartícipes en las decisiones ejecutivas; así mismo, el Presidente al consultar al consejo de gobierno, compartía la responsabilidad de sus decisiones con el órgano que precisamente se encargaría de juzgarlo políticamente: el Senado, en caso de cometer violaciones y ser acusado ante el Congreso.

La fórmula de Ramos Arizpe fue finalmente aprobada el 14 de julio de 1824 con un Poder Ejecutivo unitario aunque asesorado y supervisado por un Consejo de Gobierno. Esta estructura constituye un alejamiento del modelo americano digno de tomarse en cuenta; como lo es también el hecho que nuestra Constitución de 1824 otorgó plenas facultades al presidente para nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado, lo cual también es un rasgo distintivo de nuestro presidencialismo en comparación con el norteamericano, pues éste consagró en forma vaga la ratificación de los colaboradores del Presidente por parte del Senado y no determinó explícitamente la facultad de remoción, la cual fue reconocida en el caso Myers vs. US (1926) por interpretación de la Suprema Corte.

El control que nuestra constitución otorgó al Presidente llegó incluso a concederle la facultad de suspender a sus empleados hasta por tres meses y privar de la mitad de sus sueldos por el mismo tiempo cuando infringiera sus órdenes y decretos. Esta sanción administrativa o gubernativa como lo calificara el constituyente José María Becerra, demostró una férrea disciplina de los colaboradores hacia el Presidente.

De alguna manera ésta es una consecuencia del concepto de unidad en el presidencialismo que promovió Ramos Arizpe y que además, está basada en el régimen de responsabilidad política del Presidente, ya que si el titular del Ejecutivo era responsable de sus actos, lo menos que podía hacer el constituyente era reconocerle una completa libertad para nombrar y reconocer a sus colaboradores así como sancionarlos en caso de infracciones a sus órdenes.

De las diferencias perceptibles entre ambos regímenes presidenciales, también es de hacerse notar que en 1824, la reelección presidencial fue limitada al supuesto de que pasaran cuatro años después de su primer periodo como presidente. Esto fue implantado en México debido a la observación de Fray Servando Teresa de Mier, quien en el Congreso manifestó que habría que evitar que un Presidente se entregue a la labor política de su reelección.

Posteriormente, la reelección sería liberalizada en la Constitución de 1857 y manipulada a través de las reformas de Porfirio Díaz y Álvaro Obregón, para concluir con la prohibición absoluta de reelección en 1933.

Este aspecto no propició mayor molestia en Estados Unidos puesto que desde el “discurso de despedida” de Washington pronunciado en 1796, se sentó el precedente de que un presidente, sólo sería reelecto por un periodo además del primero. La excepción de Franklin D. Roosevelt que de 1932 a 1945 ocupó la presidencia sucesivamente fue explicada en atención a las crisis que tuvo que afrontar su administración, consistentes en la gran depresión y la Segunda Guerra Mundial. Después de su muerte se promovió la enmienda número XXII que constitucionalizó el precedente fijado por Washington.

Si al principio de este trabajo afirmamos que hay varias concepciones del presidencialismo, según el país que lo experimenta, también reiteramos que según la época y los actores de la historia son los que imprimen nuevos aspectos al presidencialismo nacional.

Este punto es especialmente cierto cuando comparamos el presidencialismo establecido en las Constituciones de 1824 y de 1857 en México, no obstante que se dan en el mismo entorno federal, hay fuertes contrastes ente una y otra.

La idea de fortalecer al Poder Ejecutivo y de imprimirle energía y dinamismo palidece en el Congreso Constituyente de 1856-1857 ya que, al contrario de las ideas de 1824, su tendencia fue la de limitarlo lo más posible y evitar la repetición nefasta de una nueva Alteza Serenísima como la de Antonio López de Santa Anna.

Esta constitución amplió las facultades del Congreso de la Unión para ocuparse no sólo de las graves cuestiones encomendadas tradicionalmente, sino para resolver cuestiones particulares de minucioso estudio: concesiones, patentes, revalidación de estudios, habilitaciones de mayoría de edad, pensiones y otras más que fueron abrumadoramente el trabajo cotidiano e interminable del Congreso, (26) en detrimento de otras tareas de mayor envergadura como los códigos, que desde 1870 fueron elaborados por comisiones del Poder Ejecutivo y expedidos en uso de facultades extraordinarias.

La paradoja es que, a pesar de la Constitución de 1857, el presidencialismo se consolidó a partir de ella. Las invasiones externas y las sublevaciones intestinas exigieron todas las virtudes de energía y unidad que se esperaban del Presidente de 1824 y contrastaban con el mal equipado Presidente de 1857.

Benito Juárez fue el primero en tratar de fortalecer constitucionalmente a la presidencia a través de las reformas que sometió inmediatamente después de restaurada la República. Su plan tiene gran similitud con la estructura de gobierno de la constitución de 1824, como la reinstauración del Senado que había sido eliminado formalmente en 1857 y el retorno del veto suspensivo entre otros aspectos. Todo ello fue aprobado en 1874.

Conclusión de una gran vida.

Como se puede apreciar, Ramos Arizpe estuvo presente en los órganos representativos fundacionales aún antes de que México fuera país independiente. Con sus intervenciones y fuerza de convencimiento que, en no pocas ocasiones, le provocaron animadversiones y encarcelamientos logró insertar el constitucionalismo en el Derecho Público, implantar la autonomía de los gobiernos locales, formar el sistema federal y el presidencial en nuestro naciente país. Dotó al Poder Ejecutivo de unidad y poderío, pero lo hizo políticamente responsable ante la Nación, a través del Congreso General. 27

Definió la autonomía de los Estados otorgándoles facultades para organizar su gobierno interior, pero sin poder oponerse a los principios de la Constitución, por eso evitó el término de soberanía y los calificó de libres e independientes.(28) De su patria chica, defendió la unidad y el fortalecimiento entre Coahuila y Texas (29) y promovió a Saltillo como su capital.

Abogó por la protección de las libertades públicas: de prensa, debido proceso legal, igualdad jurídica y reprimió, en lo que pudo, la esclavitud y la servidumbre. Sostuvo la protección más amplia de estos derechos hacia todo hombre, aunque no fuera ciudadanos, lo que se reflejó en la Constitución de Coahuila y Texas de 1827.(30)

Notas: 1. María Teresa Berruezo. La participación americana en las Cortes de Cádiz (1810-1814). Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1986. p. 89.; 2. Lilian E. Fisher. “A Comanche Constitutionalist: Miguel Ramos Arizpe”. Hispanic American Essays: A Memorial to James Alexander Robertson. Wilgus Alva Curtis. The University of North Carolina Press. 1942. Reimpresa por Ayer Press. 1970. p. 236.; 3 Francisco Rodríguez Gutiérrez. José Miguel Ramos Arizpe. De súbdito a ciudadano. Documentos 1808-1822. Gobierno del Estado de Coahuila. 2ª. Edición. 2012. p. 50.; 4.  Idem. p. 52. 5 El cabildo de Saltillo estaba integrado por José Román de Letona Sánchez-Navarro, como alcalde, José Grande, regidor, José Antonio Goríbar, Julián de Goríbar y Francisco de Furundarena. Op. Cit. p. 47.; 6. Nettie Lee Benson. “La elección de José Miguel Ramos Arizpe a las Cortes de Cádiz en 1810”. Historia Mexicana. El Colegio de México. Abril-junio 1984. Vol. XXXIII. No. 4. p. 519.; 7 José María García L. Las Cortes en la Isla de León. Quórum Editores. España. 2009. p. 213.; 8 Reimpreso en Guadalajara en la Oficina de José F. Romero en 1813.; 9. Nettie Lee Benson. The Provincial Deputation in Mexico. Harbinger of Provincial Autonomy, Independence, and Federalism. University of Texas Press. 1992. p. 4.; 10. La adquisición de Louisiana atrajo la atención de los Estados Unidos en su expansión territorial hacia el oeste. Este país signó Tratado con Francia el 30 de abril de 1803, para adquirir más de dos millones de kilómetros cuadrados, equivalente al despojo que hizo de México con el Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848. La adquisición se justificó en el paso franco con Nueva Orleans que era vital para el comercio y las comunicaciones de los Estados Unidos. Francia apenas había adquirido la Louisiana en 1800 a través del Tratado de San Ildefonso con España, la que había ejercido control en ese territorio desde 1762. Para Napoleón, la venta constituyó un bloqueo para Inglaterra en América.; 11. Miguel Ramos Arizpe. Memoria. p. 39 y 43.; 12. Este requisito de vecindad aseguraría el conocimiento y la responsabilidad de esas autoridades respecto de la provincia que gobernarían. Este requisito es contrastante con el sistema anterior donde las autoridades eran designadas directamente por el Rey o, en su caso, el Virrey, sin contar con arraigo o pertenencia hacia los intereses de la provincia respectiva.; 13. Lilian E. Fisher. Op. Cit. p. 241.; 14. Este tema fue un reducto del racismo español que persistió hasta fines.; 15. Berruezo. Op. Cit. p. 91.; 16. Francisco Rodríguez Gutiérrez. Op. Cit. p. 57-58.; 17 Idea general sobre la conducta política de Don Miguel Ramos Arizpe. s.p.i. p. 13.; 18. Crónicas del Acta Constitutiva de la Federación. Edición a cargo de José Barragán. Comisión para el Sesquicentenario de la República Federal Mexicana. 1974. p. 95.; 19. Sesión del 26 de noviembre de 1823. Op. Ult. Cit. p. 128.; 20. Sesión del 2 de diciembre de 1823. Idem. p. 184.; 21. En la sesión del 5 de diciembre de 1823 es donde propone el sistema federal. Idem. p. 217-218.; 22. Sesión del 10 de diciembre de 1823. Idem. p. 270.; 23. Sesión del 28 de diciembre de 1823. Idem. p. 410-412.; 24. Cfr. Madison, James. Journal of the Federal Convention. 1840.; 25. Moulin, Richard. Le présidentialisme et la classification des régimes politiques. Bibliotheque Constitutionnelle et de Science Politique. París, 1978, p. 12.; 26. Cosío Villegas, Daniel. La Constitución de 1857 y sus críticos. Colección Sep-Setentas. 1974, 2ª ed., p. 158-165.; 27. Sesión del 22 de junio de 1824. Crónica de la Constitución Federal de 1824. Volumen I. Comisión Nacional para la conmemoración del sesquicentenario de la República Federal y del Centenario de la Restauración de la República. 1974. p. 452.; 28. Sesión 26 de agosto de 1824. Op. Cit. Volumen II. p. 687.; 29. Sesión del 15 de mayo de 1824. Op. Cit. p. 307-308. Sesión 2 de octubre de 1824. Idem. p. 821.; 30. Sesión 28 de agosto de 1824. Op. Cit. p. 694-695.

Fuente: Articulo autoría de Manuel González Oropeza. La Historia de un gran Cura que diseñó las Instituciones Mexicanas. Creative Commons.

 
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