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LOS ENTRETELONES DE LAS LEYES DE REFORMA

 

Cuando la Guerra de Reforma sostenida entre liberales y conservadores se encontraba en su momento más dramático —aunque sin ventaja aparente para ninguna de las partes beligerantes—, el presidente Benito Juárez tomó una determinación que inclinaría decisivamente la balanza de la victoria a favor de la causa liberal: el 7 de julio de 1859, anunció en Veracruz la expedición de las Leyes de Reforma por medio de un manifiesto a la nación. Estas disposiciones, promulgadas en ese mismo mes, se sumaron a las expedidas entre 1855 y 1857, y conformaron, en conjunto, un cuerpo normativo cuya finalidad era consolidar el Estado mexicano.

A lo largo de su aún corta vida independiente, la nación mexicana había sufrido la intervención de la Iglesia en los asuntos meramente políticos; patrocinando financieramente a los enemigos del gobierno, la institución religiosa había logrado desarticular todos los intentos de someterla a la autoridad civil. Por tal motivo, la estrategia de los reformadores fue minar el poder económico del clero, nacionalizando sus propiedades, al tiempo que lo despojaba de todas las atribuciones y facultades que debían de ser desempeñadas por el Estado; esto último se obtendría mediante la creación del registro civil, la institución del matrimonio civil y la administración estatal de cementerios y camposantos.

El anuncio de las Leyes de Reforma tuvo como preludio una acalorada discusión entre los compañeros de Juárez durante su gobierno en Veracruz, pues, mientras unos promovían la promulgación inmediata de las Leyes de Reforma, otros consideraban que si la Constitución de 1857 y las leyes promulgadas con anterioridad, especialmente la Ley Lerdo, habían provocado una guerra civil, emitir otras nuevas, más radicales, sería como echar combustible al fuego: los pocos apoyos conseguidos podrían perderse y la guerra se tornaría más violenta. Sería más prudente —opinaban— derrotar a los conservadores, asentar nuevamente el gobierno en su sede y esperar unos tres o cuatro años, dando tiempo a que las pasiones menguaran y a que la opinión pública comprendiera la necesidad de nuevas leyes; entonces se seguiría adelante con la Reforma.

Juárez comprendió los razonamientos que proponían posponer el momento en el que se debían promulgar las leyes reformadoras, pero esgrimió en su contra un argumento contundente: finalizada la guerra y pasados tres o cuatro años, una vez restablecido el orden constitucional, se suscitaría una nueva guerra cuando se expidieren las nuevas leyes, tan cruenta y ruinosa como la que en ese momento enfrentaban y, en lugar de haber sufrido una guerra, habrían de padecer dos.

Don Benito tenía razón, pues lo mismo había ocurrido anteriormente al promulgarse la Ley Juárez y la Ley Lerdo: a la primera le sobrevino la rebelión del gobernador Manuel Doblado en Guanajuato; a la segunda, el movimiento de Antonio Orihuela y Miguel Miramón en Puebla. Si estos dos ordenamientos se hubieran dado simultáneamente, el gobierno de Comonfort habría tenido que enfrentar una sola revuelta.

Se decidió seguir adelante con la expedición de las Leyes de Reforma, no sin antes explicar a la nación los motivos de su formulación y las condiciones imperantes en las instituciones del país; por eso, en el manifiesto de Veracruz del 7 de julio de 1859, Juárez dedicó la mayor parte del texto a desarrollar un amplísimo programa para exponer los aspectos fundamentales del gobierno y las medidas concretas que se adoptarían para solucionar los problemas existentes: se procuraría realizar el pago de la deuda externa, se modificaría el sistema tributario para hacerlo más justo, se reduciría el tamaño del aparato burocrático, se ampliarían y mejorarían las redes de comunicación y se fomentaría la colonización atrayendo inmigrantes extranjeros, entre muchas otras medidas necesarias para el progreso del país.

Sin embargo, para poder llevar a cabo un programa de tal magnitud, era indispensable el triunfo de la causa liberal. Así lo expresó Juárez: “La nación se encuentra hoy en un momento solemne, porque del resultado de la encarnizada lucha que los partidarios del oscurantismo y de los abusos han provocado esta vez contra los más claros principios de la libertad y del progreso social, depende todo su porvenir”.

El oscurantismo aludido por Juárez era el fantasma del pasado colonial de México, cuya defensa enarbolaban los conservadores con tanto encono. Los liberales, especialmente los de postura más radical —grupo integrado por Juárez y sus colaboradores más cercanos—, sabían que para conservar su independencia México debía, aun tardíamente, emprender el camino de la modernidad. Negarse a abandonar prácticas e instituciones arcaicas le había costado en 1848 la pérdida de una parte importante de su territorio, hacía que el erario público se mantuviera en bancarrota perpetua e impedía que todos los mexicanos alcanzaran el estatus de ciudadanos.

Por supuesto, el clero mexicano no permaneció impávido, reaccionó e intentó descalificar al gobierno legítimo. Desde 1855, su estrategia había sido financiar al ejército conservador para que peleara en su nombre, pero la aplicación de la Ley Lerdo, promulgada el 25 de junio de 1856, había mermado considerablemente sus recursos y para 1859 sufría una aguda crisis de liquidez.

Entonces, como lo había hecho antes, el clero continuó manipulando a la opinión pública. El púlpito y las cartas pastorales dirigidas a la feligresía fueron, junto con la prensa conservadora, uno de los medios empleados: llamaron “herejes” a los liberales y los acusaron de intentar destruir “la más preciada herencia de nuestros padres: la sagrada religión católica”.

Los hombres de la Reforma nunca fueron, como se dijo en ese tiempo, enemigos de la religión ni de la Iglesia. Deseaban simplemente que ninguna corporación —llámese clero, ejército, sociedad comercial o estamento— estuviera por encima del poder del Estado, para lo cual era necesario, venciendo una multitud de obstáculos, la creación de un auténtico sistema jurídico y económico moderno, pues la propiedad inmueble amortizada y en poder de las corporaciones impedía la existencia de una economía nacional y de unas finanzas públicas sanas. En suma, como país independiente, era necesario que México adquiriera su propia identidad y dejara de mantener un pie anclado en la Nueva España, con la mitad de su sistema jurídico y económico sustentado en instituciones pertenecientes al antiguo régimen.

Fuente: Articulo autoría de Raúl González Lezama, investigador del INEHRM. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Creative Commons.

 
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