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LAS LUCHAS DE LOS PUEBLOS INDIOS EN LA CONFORMACIÓN DEL ESTADO NACIONAL MEXICANO, SIGLO XIX

 

En esta ponencia queremos historiar la manera como la rebeldía de los pueblos indígenas sirvió, a lo largo del siglo XIX, en el juego político, para la conformación de espacios regionales de poder y por tanto de territorios, dando paso en algunas ocasiones a la conformación de entidades federativas; en otras situaciones su intervención fue decisiva para construir el Estado de Derecho, y en otras más para defender a la nación mexicana frente a las invasiones extranjeras. Para ello, expondremos las diferentes formas de protesta indígena y sus diferentes formas de acuerdos, alianzas y pactos para conformar los territorios regionales, así como su participación en la construcción del Estado nacional.

Con el movimiento de Independencia se rompieron los viejos amarres que habían sostenido al Estado novohispano, y muchos intereses fueron confrontados en el proceso de conformación del nuevo Estado soberano. La instauración y ensayo de las diferentes formas de gobierno, desde la Consumación de la Independencia hasta la República Restaurada, estuvo acompañada de constantes cambios en la legislación, el sistema político administrativo, el sistema fiscal y de impartición de justicia, en el reacomodo de los grupos de poder burocráticos, financieros y comerciales, y hasta en los mismos pueblos indígenas, que se fueron adecuando al nuevo sistema político, no sin antes expresar todos y cada uno de ellos sus propios intereses, en la mayoría de los casos, por el camino violento.

La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por la crisis económica, la bancarrota de las finanzas públicas, el contraste sociocultural y la injusta repartición de la riqueza, características que hicieron ingobernable a la recién constituida República y conllevaron, por ende, el fracaso de todas las formas de gobierno que se ensayaron: federalismo, centralismo y hasta la dictadura misma. Todos los grupos sociales expresaron su descontento y se confrontaron unos contra otros: ejército, Iglesia, terratenientes, comerciantes y pueblos indígenas.

En estas rivalidades y confrontaciones entre facciones políticas, México vivió una gran época de convulsión social. El constante enfrentamiento entre las élites regionales y el gobierno central, con la presión de las luchas populares para tener cabida en esa nueva nación en gestación, terminó por delimitar su territorio, demarcar sus entidades federativas y crear nuevas instituciones.

Pareciera como si la revolución que generó el movimiento de Independencia no hubiera terminado en 1821, sino que se hubiera iniciado ahí. La verdadera confrontación social, ideológica y cultural fue el resultado de una movilización social con una amplia participación popular, que terminó por transformar a la sociedad mexicana en su conjunto. Cada crisis regional y nacional creó las condiciones políticas para que los pueblos indígenas presionaran por sus propios intereses y, a veces, si no alcanzaron sus propios objetivos, por lo menos crearon espacios políticos de autonomía que a la larga les permitieron sobrevivir como pueblos étnicos.

Desde la promulgación de la Independencia, la nueva clase gobernante se propuso la descorporativización de la sociedad como una de las tareas más importantes para convertir a México en una nación moderna. En la base de la idea de la modernización rural, existía la certeza de una necesaria redistribución de las tierras que pusiera en “mejores manos” lo que se pensaba como una riqueza formidable para que México se convirtiera en un país próspero, semejante a las naciones “civilizadas”. La política de descorporativización de las comunidades indígenas y la resistencia de éstas a romper con sus formas de organización tradicional (económica, social y política) provocaron una ola creciente de levantamientos armados en todo el país.

El movimiento campesino, durante el siglo xix, se caracterizó por los levantamientos armados, organizados y prolongados. Duraban meses o años antes de ser reprimidos por completo y, por basarse en la participación de varios pueblos de una amplia región. En muchos casos, las rebeliones se extendieron porque tuvieron dirigentes extracomunitarios, como curas o militares de bajo o mediano rango. Y también generaron una fuerza política inusitada cuando establecieron alianzas con caudillos o caciques de un amplio territorio. Con estas alianzas, los campesinos en lucha apoyaron la consolidación de la autonomía federal de varias entidades, sostuvieron diferentes movimientos políticos de conservadores y de liberales, y participaron en las invasiones extranjeras.

Entre 1847 y 1850 se generalizaron los levantamientos campesinos en todo el país. Durante estos años se registró el mayor número de luchas agrarias del primer período de vida independiente, debido tanto a las condiciones estructurales de la situación agraria como a la coyuntura política nacional.

La lucha contra la enajenación de sus tierras, producto de las leyes liberales, fue la causa fundamental de la protesta de los campesinos en los primeros cuarenta años del México independiente. Ellos lucharon contra la privatización de los recursos naturales que, desde tiempos ancestrales, habían explotado en común. De 77 rebeliones registradas en esta época, 46 de ellas declararon a través de planes programas o denuncias su oposición a la invasión de tierras comunales y a la venta o expropiación de éstas. En 11 de ellas, los campesinos pidieron la reducción de los impuestos como condición para deponer las armas, ya que su economía de autoconsumo y las crisis agrícolas les impedían, a veces, pagar los impuestos, que año con año se incrementaban, sobre todo en época de guerras intestinas o invasiones extranjeras. En siete ocasiones, durante este periodo, los campesinos se sublevaron señalando como razón primordial los malos tratos y las injusticias.

La ceguera de los liberales sobre la problemática indígena los llevó a concebir la insurrección campesina como la causa de los problemas agrarios y no como la consecuencia de su propia política hacia el campo. Muy pocos de ellos aceptaron que la conflictiva situación rural era producto de la pretendida modernización política y económica, que había pauperizado a las comunidades antes autosuficientes. La lucha campesina de estos años, en dichos lugares, fue particularmente importante, porque se desarrolló en torno a la defensa del país y a la vez puso en jaque al naciente sistema nacional.

En cambio, entre 1856 y 1885, la causa de la protesta campesina ya no fue tanto la pérdida de sus tierras comunales, sino la recuperación de éstas, mismas que habían perdido en el periodo anterior a consecuencia de la desamortización temprana que habían sufrido los indígenas y campesinos. Con esto también se desmitifica la leyenda negra en torno a las Leyes de Reforma de 1856, sobretodo porque vinieron a legitimar o sancionar un proceso de privatización de tierras comunales iniciado al final del periodo colonial y seguido por las leyes liberales de Gómez Farías.

En el último cuarto del siglo XIX, Porfirio Díaz, antes de ser presidente de la República, figuró entre los principales opositores de Juárez. Fue un joven militar prestigiado que encabezó el movimiento contra la radicalización de Lerdo de Tejada, al querer llevar la Reforma hasta sus últimas consecuencias,  y los campesinos fueron la fuerza social con la que Díaz triunfó en la revolución de Tuxtepec, movimiento que lo llevó, en 1876, al poder, bajo la promesa de reparto de tierras.

Los primeros años del porfiriato fueron de intensa lucha en el campo. Los levantamientos agrarios se multiplicaron por todo el país y configuraron una época de extensas luchas campesinas regionales. Varios excombatientes tuxtepecanos se sublevaron y encabezaron las luchas campesinas de los estados de México, Puebla y Tlaxcala. Entre 1876 y 1886, los levantamientos se extendieron desde estos lugares hacia Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. También hubo alzamientos en el norte de Veracruz. En el sur, los hubo en Morelos y Guerrero, que a su vez se conectaron, por un lado, con los acaecidos en Michoacán y, por el otro, con los de Oaxaca, para seguir hacia el sur de Veracruz. Además, en el extremo norte se suscitaron problemas por tierras en Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua. Pero, contradictoriamente, estos años se distinguieron por el diálogo directo que hubo entre los representantes campesinos y el Ejecutivo, y por un cierto clima de liberalidad que permitió la proliferación de periódicos obreros, donde intelectuales y profesionistas expresaban abiertamente su crítica al régimen, su reprobación al despojo campesino y su apoyo a la cuestión indígena.

En el periodo de 1886 a 1906, no hubo ningún movimiento sociopolítico armado con amplia base campesina que pudiera desestabilizar el régimen porfirista. El control que el Estado tenía sobre la población, la rápida movilización del ejército por medio del ferrocarril y, sobre todo, la pérdida de la alianza campesina con otros grupos sociales, propició que el malestar agrario se expresara de otra manera. La pérdida de recursos naturales, la falta de empleo y la crisis económica en general se tradujeron en una ola creciente de robos y bandolerismo. El número de luchas campesinas decreció considerablemente durante los veinte años de mayor solidez del porfiriato. El Estado fuerte y centralizado de esta época impidió, por medios represivos, cualquier intento de oposición. Por ello, los levantamientos tuvieron un carácter esporádico, aislado y de corta duración.

Así, en estos años aumentó la explotación, se recrudecieron las relaciones serviles y se incrementó la esclavitud disfrazada. Entonces, ¿dónde quedó la combatividad que los indígenas y los campesinos habían mostrado durante todo el siglo XIX? Cuando la crisis de fin de siglo se hizo más aguda y se cerraron los canales de expresión tradicional, los pueblos indígenas y los campesinos en general encontraron formas novedosas de combate; el descontento y el malestar se subsumieron en otros tipos de lucha: a) la etnización o la reindianización de los campesinos, y b) la ciudadanización o la movilización ciudadana contra el fraude electoral en los comicios para presidentes municipales. Por ello, el movimiento campesino se desdibujó como tal en la documentación de la época, pero ahora, los investigadores lo hemos recuperado a través del análisis de los conflictos electorales.

La reindianización de la población a fines del siglo XIX muestra, quizá, una de las más grandes paradojas de los intentos homogeneizantes en los procesos de formación del Estado liberal. La comunidad indígena mostró una gran creatividad para sobrevivir: a veces resistiendo, aculturándose o reafirmando su etnicidad. En los últimos años del porfiriato, surgieron pequeños conflictos con grandes odios hacia el “otro”, como una especie de regreso a la “guerra de castas”, que se expresaba en la bandera de “muerte al rico”. El discurso político que habían manejado en las rebeliones campesinas de pocos años atrás sobre el reparto agrario, ahora se expresaba en sus consignas de otra manera, apelaban al reparto de “todos por igual” y de “todo para todos”.

La lucha ya no era solamente por la tierra, el agua, el alza de los impuestos o las injusticias. Era todo al mismo tiempo: la indignación ante un sistema que trataba de aniquilarlos. Levantamientos de esta naturaleza los encontramos en Oaxaca, por el año de 1886, donde hubo movimientos con estas características en diversas regiones de la entidad y, de manera paralela, durante este periodo, rebeliones similares se sucedieron en Sinaloa y en Querétaro, bajo las mismas consignas.

Durante los últimos años del gobierno porfirista, cuando la crisis se hizo patente para todos los sectores sociales, estos mundos culturalmente diferentes se desarticularon, se confrontaron y remarcaron sus diferencias. Algunos pueblos se reindianizaron, es decir, fortalecieron su sistemas de gobierno, sus lazos de parentesco y de solidaridad, su lengua y todas las costumbres que vigorizaban la identidad del grupo. La etnización apareció como una estrategia de lucha y les sirvió para crear espacios de autonomía y para sobrevivir como grupos.

La otra expresión de la inconformidad en el campo y en buena parte de la sociedad mexicana de fines del siglo XIX, fue la ciudadanización. Es decir, el creciente interés y la mayor concurrencia de los pueblos en la contienda electoral. Este es el fenómeno mediante el cual los indígenas y los campesinos ejercieron su derecho ciudadano a votar por sus representantes pero, sobre todo, fue importante la movilización y la presión que ejercieron para que se respetara su voluntad ciudadana. Esta participación la vislumbramos como  una continuidad del movimiento campesino, ya que son los mismos líderes locales que ahora enarbolaban la lucha contra la gerontocracia. Este fue uno de los síntomas de que el sistema político haya envejecido junto con sus gobernantes, y esta crisis política y de representación se manifestó de diferentes maneras en los municipios y localidades.

La relativa calma del porfiriato se terminó hacia 1907, cuando la recesión estadounidense empezó a tener repercusiones en la República Mexicana. Entonces, la crisis del sistema político también se expresó con más fuerza y surgieron diferentes grupos de oposición, tanto dentro como fuera del gobierno y, con ello, se abrió una nueva etapa de movimientos sociales: las diferentes expresiones de protesta de diversos grupos se fueron unificando en torno a la lucha por la democracia.

En los diez últimos años del porfiriato, hubo una movilización vigorosa de la sociedad civil a favor de la democracia. La amplia participación de los indígenas y los campesinos en los comicios demostró, por un lado, una nueva forma encubierta de lucha por su autonomía política y, por el otro, su gran capacidad de cambio y adaptación.

Las entidades federativas con mayor número de conflictos poselectorales fueron las entidades con mayor número de población indígena, como Oaxaca, Puebla y Veracruz. Luchar por el municipio libre, institución republicana que se les había impuesto menos de cien años atrás, expresaba la aculturación de pueblos y comunidades y, por ende, su capacidad de cambio y adaptación. En cambio, la esclerotización o envejecimiento del sistema político y del Estado en general, y el permanente control sobre los colegios electorales, con el consabido fraude sistemático, llevaron, entre otras cosas, al estallido de la Revolución de 1910.

Algunos puntos a reflexionar

Los movimientos indígenas y campesinos del siglo XIX fueron producto de las políticas liberales que trataron de instrumentar los diferentes gobiernos en turno, es decir, la descorporativización de la sociedad y la enajenación de las tierras comunales.

No obstante, la fuerza social que representaron los pueblos en movimiento fue aprovechada, por la vía de alianzas y acuerdos, por los sectores medios en ascenso para la conformación de regiones o entidades federativas, así como para la defensa del país, tanto en la Intervención Norteamericana, como de nueva cuenta en la Intervención Francesa. Y, por supuesto, fueron la principal fuerza social de apoyo, durante la Revolución de Ayutla, para que Juárez y los liberales pudieran construir el primer Estado de Derecho en México. Más tarde y gracias a ellos, Porfirio Díaz pudo consolidar el Estado y conformar una nación.

Por su parte, los indígenas y el proceso de reindianización, que se presentaron al final del siglo xix, representan la más grande paradoja del liberalismo decimonónico.

La capacidad de cambio y adaptación que tuvieron los pueblos indígenas a lo largo del siglo xix, no la tuvo el grupo gobernante. Al contrario, el envejecimiento del sistema político y la falta de representación política fueron algunos de los elementos más importantes que hicieron detonar la Revolución de 1910.

Bibliografía: Reina, Leticia. 1985. “Conflictos Agrarios”, en Así fue la Revolución Mexicana, SEP - Senado de la República, t. I, México, pp. 71-79.;  Reina, Leticia. 1998. Las rebeliones campesinas en México (1819-1906), Siglo XXI, México, pp. 471.; Reina, Leticia. 2002. “Elecciones locales y crisis en los cambios de siglo XIX y XX. Cultura política de los pueblos indios”, en Reina, Leticia y Elisa Servín (coords.), Crisis, Reforma y Revolución. México: historias de fin de siglo, Taurus, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, pp. 253-292.;  Reina, Leticia. 2008. “Antecedentes decimonónicos de la lucha por la democracia. Los movimientos de oposición y resistencia ciudadana”, en Blanca Gutiérrez Grageda, Maragloria Morales Garza y Evaristo Martínez Clemente (coords.), La construcción de la democracia en Querétaro: 1824-1991, Universidad Autónoma de Querétaro / Instituto Electoral de Querétaro, Querétaro, pp. 1-29.

Fuente: Articulo autoría de Doctora Leticia Reina Aoyama. Dirección de Estudios Históricos-Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEH - INAH). Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Participación indígena en los procesos de Independencia y Revolución Mexicana [texto] / Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ; recop. Víctor Manuel Rojo Leyva, José Luis Reyes Utrera, Adrián Fernando Rangel Aguilar. Foto Archivo Casasola, Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución. Creative Commons.

 
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