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DISCURSO DE VENUSTIANO CARRANZA AL ABRIR LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO. 1 DE MAYO DE 1919

  

Señores Diputados:

Señores Senadores:

Acatando el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me es grato asistir a la inauguración de este período legislativo e informaros sobre las causas que han determinado la convocatoria de ambas Cámaras a sesiones extraordinarias, a fin de obtener la resolución, que el Ejecutivo Federal estima perentoria, de diversos asuntos.

Cada vez que alguno de ellos ha sido iniciado ante vosotros, me ha cabido la satisfacción de exponeros las razones, premiosas y trascendentales que los motivan, y, en tal virtud, el presente informe se contraerá a la sucinta recapitulación de los principales fundamentos que en fechas sucesivas se han aducido para el estudio de los Proyectos de Ley en las Cámaras de la Unión, anticipando algunas de las bases principales de las iniciativas que todavía no han sido enviadas al honorable Congreso y que serán en el período que hoy principia.

La materia mencionada en primer lugar en la convocatoria de S de marzo último, es el nombramiento de los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la fracción XXV del artículo 73 de la Carta Magna.

Próximo a fenecer el periodo de los actuales miembros de ese Alto Cuerpo, corresponde al honorable Congreso en los términos del artículo 96 constitucional, erigirse en Colegio Electoral para la designación de los nuevos Magistrados.

La honorable Cámara de Senadores se ha servido aprobar la adición a la base 2a. de la fracción VI del artículo 73 de la Carta Magna en términos de que el Municipio de la ciudad de México sea regido por un Concejo de funciones determinadas en la ley especial, procediendo el Ejecutivo mientras ésta se expide, a nombrar los miembros del Concejo, en número bastante.

El Ejecutivo ha manifestado siempre su convicción franca de que la ciudad de México, debe constituir, por la fuerza de los hechos, una excepción dentro de la regla del Municipio Libre.

En la Iniciativa correspondiente se enumeraron como razones la conveniencia de salvaguardar los Poderes Supremos residentes en el Distrito Federal; la impropiedad de que el dinero de los contribuyentes federales pase a las arcas del Ayuntamiento de la ciudad de México para los gastos de la Capital; la incongruencia de aceptar, contra las prevenciones de la Carta Magna, la independencia constitucional de una Entidad que no puede cumplir el espíritu del mismo Código de que sean libres solamente las instituciones capaces de sostenerse por sí mismas; la irremediable penuria del Municipio, cuyas deudas crecen cada día, sin que existan esperanzas lógicas de que mejoren sus finanzas; la penosa experiencia de la incapacidad económica del Ayuntamiento para satisfacer los servicios de la Capital; y, finalmente, el ejemplo de la estructura sancionada en países de avanzada democracia, como los Estados Unidos del Norte.

A este conjunto de argumentos, hay que añadir el que ofrece la reciente elección de Munícipes, que salvó los límites expresos de la ley, bifurcándose en dos Juntas Computadoras, con grave desorientación de la voluntad popular y con notorio relajamiento de las prácticas cívicas de la Nación, cuya propia vida correría el riesgo de desquiciarse si todas las funciones electorales en el país se repitieran fuera del cauce legítimo.

Abriga el Ejecutivo la convicción profunda de que la ciudad de México ha recibido con beneplácito esta Iniciativa, que viene a cortar de raíz las anomalías legales y de orden práctico, toda vez que con la organización municipal que se propone, todos los servicios podrán ser atendidos con la amplitud y eficacia de que merece disfrutar la culta Capital de la República.

Subsanando el escollo legal y organizada la .Institución en forma adecuada, las mejoras materiales, la oportuna reparación de las calles, el alineamiento y pavimentación de las mismas, las urgentes medidas de salubridad, el pago puntual del profesorado y los demás gastos de la Institución, el cuidado de la Beneficencia, la seguridad social y en suma, todas las exigencias de elevada categoría de la ciudad de México, por costosas que resulten, serán satisfechas.

De lo contrario, se viviría una vida municipal indigna de la Metrópoli del país, no bastando las contribuciones municipales, a menos de ser excesivas, a la satisfacción de los egresos del Ayuntamiento, según la mente de la Constitución.

Pero es caso que no podrían imponerse contribuciones suficientes a los gastos, porque además de que semejantes impuestos no serán proporcionales, como lo ordena también la Carta Magna, aniquilarían las fuentes de riqueza gravadas con tributos absorbentes.

No será ocioso insistir en recordar que el Proyecto de Constitución presentado por el Primer Jefe al Congreso de Querétaro separaba la ciudad de México de las normas del Municipio Libre en las Entidades Federativas por las causas que he citado en compendio y que la práctica ha corroborado abundantemente.

Habiéndose persuadido de este mismo criterio varios de los diputados constituyentes que contrariaron en Querétaro la idea del Primer Jefe, han declarado públicamente, después de un examen concienzudo, que se hallan de acuerdo con la Iniciativa.

El artículo 52 del Código Supremo, señala, en concepto del Ejecutivo, una proporción de habitantes muy inferiores a la que convendría para la justa representación del pueblo en la Cámara de Diputados.

Por ello, se consultará al honorable Congreso que la elección se haga por cada cien mil habitantes o fracción de treinta mil, en atención a que la generalidad de las leyes se elaboran por un reducido número de personas técnicas; a que la cantidad y calidad de la labor, por especial psicología de las Asambleas, se halla en razón inversa de la cifra de sus componentes; a que los Proyectos de Ley, en todos los países, son, en realidad, formados con éxito pleno por comisiones; y a que el exceso de dietas implica una sobrecarga a las obligaciones del Erario, singularmente en épocas, como la actual, de crisis financiera del mundo.

Todas las naciones practican la moderación económica en sus gastos de Poder Legislativo.

No entra de ningún modo en esta reforma la mira de menoscabar la personalidad inviolable de las Cámaras Federales, merecedoras de todos los respetos; sino por el contrario el deseo de robustecer su prestigio y afianzar su autoridad.

En la creencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría investigar convenientemente las irregularidades de voto público, el artículo 97 del Proyecto de Reformas presentado por la Primera Jefatura al Congreso de Querétaro, atribuía a la misma Corte la facultad de nombrar comisionados que averiguaran los delitos contra el sufragio efectivo, bastando, para la respectiva designación, que los Magistrados lo estimaran procedente.

Los ciudadanos diputados constituyentes juzgaron útil la aprobación del citado artículo, que entró a integrar la Carta Magna.

Pero el Ejecutivo se ve en caso de proponer que sea suprimida tal atribución, pues los hechos posteriores han evidenciado que aparte de producir el resultado último de que la Suprema Corte se convierta en el árbitro de las elecciones, confunde la órbita judicial con la electoral, presupone que el Magistrado puede prescindir del temperamento político para conocer libre de todo prejuicio los problemas del sufragio efectivo, y pasar por alto la imposibilidad de substraerse a las influencias políticas para averiguar las violaciones al voto, como fuera de desearse, según la ley.

Además, la injerencia de la Suprema Corte ha estado comprometiendo la armonía de relaciones entre el Poder Federal y los locales.

Igual mira de asegurar los frutos del voto público, es la que ha movido al Ejecutivo a proponer que sean los Congresos de las diversas Entidades Federativas los que hagan el escrutinio en las elecciones de diputados al Congreso de la Unión, pues las respectivas Legislaturas, por su elevación moral, su íntima estructura y su prestigio, están libres de las funestas debilidades que algunas de las Juntas Computadoras han patentizado en sus cómputos, y por la intervención de los Congresos locales se desterrará la amenaza de que individuos con credenciales apócrifas instalen dos o más Congresos Federales, sobre todo en el momento de calificar la elección del Presidente de la República, posibilidad cuyo solo enunciado entraña el mayor de los peligros para la Patria.

En todo caso, la Legislatura Federal conserva su actitud de calificar la elección de cada uno de sus miembros, porque según la mente del Ejecutivo, los Congresos locales se limitarán a decidir la extensión de las credenciales por el número de votos.

Juntamente con los artículos 52 y 97, figura el 115 en la Iniciativa que oportunamente os será enviada.

En dicho precepto se pormenoriza para el régimen de los Estados que integran la Unión, diversas condiciones que atacan la independencia interior de las Entidades Federativas o el equilibrio entre los múltiples órganos por los cuales se ejerce el poder en todo el Territorio Nacional.

El honorable Congreso, a cuyo reflexivo patriotismo informa al Ejecutivo de mi cargo, no ignora la circunspección con que se han venido manejando los negocios que afectan a la estructura de los Estados y a su marcha social.

Pero, juntamente en obsequio de la autonomía interior de las Entidades de la Unión, preconizada por la Carta Magna, el Ejecutivo iniciará la supresión de aquellos mandatos que disminuyen, sin razón plausible, la libre conducta de cada Estado o que alteran la concordancia de sus instituciones con las de las otras partes de la Nación Mexicana o de esta misma.

En tal caso se halla el requisito de cinco años de vecindad impuesto a los candidatos al Gobierno local y el mínimum de quince diputados en cada Legislatura.

No obstante que la propia fracción III determina que el número de diputados será proporcional al de los habitantes de los Estados, destruye ese espíritu proporcional, digno de encomio, al establecer un mínimum que prácticamente ha igualado los Estados populosos con los de menor densidad y menor extensión.

Por otra parte, son aplicables a los Congresos locales los argumentos de economía y de calidad y eficiencia del trabajo que se han aducido para fundar uno menor cifra de diputados de la Federación.

En manto al requisito de cinco años de vecindad impuesto a los Gobernadores, además de ser ostensiblemente violatorio de la Soberanía local, es arbitrario en duración y fomenta de manera perniciosa la idiosincrasia provincialista de nuestro pueblo.

De hecho los electores no favorecen con su voto sino a las personas cuya residencia en la comarca de que se trate, garantiza los intereses colectivos, y resultaría más en consonancia con el sistema de Gobierno de México y con el derecho civil, que fija las reglas de domicilio, dejar a las Constituciones locales la capacidad de señalar el tiempo que un ciudadano que no sea hijo del Estado debe vivir en él para poder figurar como candidato a su Gobierno.

La naturaleza restrictiva del artículo en cuestión es tal que llega a establecer que los cinco años de vecindad han de ser inmediatamente anteriores a la elección.

A fin de que sean aprovechables los servicios de los mexicanos en cualquiera región del País con la cual se hayan ligado, sin las caprichosas limitaciones apuntadas antes, el Ejecutivo juzga inevitable la reforma de la fracción III del artículo 115, en los términos de la iniciativa que oportunamente enviará al honorable Congreso.

La expedición de la Ley Orgánica de Petróleo y de Combustibles Minerales, es de mayor apremio cada día.

Afortunadamente, los miembros de las Cámaras de Diputados y de Senadores comparten la serena voluntad con que el Ejecutivo, por encima de los obstáculos interiores y exteriores, aspira a consolidar las fuentes de la riqueza nacional, con total apego a la Ley y a la equidad, normas invariables de sus actos.

Al iniciarse la reglamentación del artículo 27 en esta materia, lejos de pretender un sistema rígido, con absorción por el Estado y con perjuicio de los negocios extranjeros, se ha tratado precisamente de desterrar cualquier privilegio, igualando la condición jurídica de los mexicanos y de los ciudadanos súbditos de otros países, sin que la Nación reclame más preeminencia que la indicada patentemente por sus fueros soberanos, que nadie ha osado discutir al hablarse de otras riquezas en que México es productor excepcional, en el ramo de minería, por ejemplo.

No se descubrirá en el Proyecto de Ley, aun escudriñando las disposiciones que pudieran juzgarse más avanzadas, ningún estatuto que no milite en la legislación anterior, o en las propias ordenanzas coloniales.

Los derechos de tercero, adquiridos en forma equitativa, y sin vulnerar nuestras leyes, han sido respetados por la iniciativa en cuestión y es seguro que merecerán la sanción del II Congreso.

Conviene consignar que la participación correspondiente al Estado, propuesta en el Proyecto de Ley, es menor que la que imponen otras naciones a la producción petrolera.

El Ejecutivo de mi cargo se ha esmerado en probar que en la elaboración de las leyes requeridas por la salud de la Patria y el bienestar individual, no le guía otra tendencia que la de una forzosa equidad, así se debatan intereses materiales o se ventilen principios de índole puramente moral.

En consecuencia, al sostener la Iniciativa sobre Petróleo y Combustibles Minerales, el Ejecutivo ofrece la demostración más sincera de que entre los postulados del Código Supremo, distingue lealmente los de orientación provechosa y los que pudieran trascender en forma inconveniente a la vida social, procediendo, al separar unos de otros, con ánimo recto y sereno juicio.

Es de esperarse que el H. Congreso dentro de la misma ecuanimidad y el mismo propósito de justicia, sabría decidir esta materia con cordura y alteza de miras.

También se ocuparán las Cámaras Federales en la urgente organización de los Tribunales, según los proyectos de la Ley de Amparo, del Ministerio Público Federal, de los Tribunales del Fuero Común y del Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios, que han permanecido sin agotar los trámites.

La Ley de Amparo seguramente merecerá el especial estudio del H. Congreso para que esa institución, cuyos orígenes se remontan entre nosotros al segundo tercio del pasado siglo, rinda todos los frutos que es lógico esperar de su excelencia, consolidando desde luego los fallos, por medio de una jurisprudencia formal, toda vez que anteriormente el amparo, aunque hacía respetar las garantías individuales, no fijaba la interpretación de las leyes federales cuando éstas debían aplicarse por un Tribunal del orden común, porque la sentencia de amparo no modificaba la dictada por dicho Tribunal.

El recurso de súplica, consagrado por el artículo 104 de la Constitución de 1917, contribuirá a remediar este mal, mediante la Ley de amparo que aprueben las Cámaras.

En general, cabe afirmar que el presente período extraordinario redundará en máximos beneficios para la justicia.

Otro proyecto principal es el que reglamenta la creación del "Banco de la República."

Iniciado este vital asunto el 8 de diciembre de 1917 ante la H. Cámara de Diputados, su discusión se ha venido aplazando con perjuicio de los diversos intereses colectivos.

Mas el hecho de ser el Banco Único de Emisión una entidad preceptuada por la Carta Magna, y la eficiencia que por su propia naturaleza alcanza dicha Institución, la mantienen en la categoría de los negocios que exigen la privilegiada atención de los miembros del Poder Legislativo.

El cambio radical que demandó el sistema bancario de la República, sobre bases más racionales, y la grave dificultad que implica un régimen exclusivamente metálico, juntamente con la nivelación efectiva que el Gobierno está a punto de lograr en sus presupuestos, marcan el instante actual como el más propio y adecuado para que el Banco Único disipe los contratiempos que la desaparición del crédito fiduciario ha ocasiona do al País, siquiera como un factor de primera importancia.

No escapará a la perspicacia de los ciudadanos senadores y diputados el hecho de que manejando el Gobierno de la República el Banco, sus atribuciones quedan perfectamente restringidas a límites de justicia, de modo que la Nación sea la que opere en el Banco Único, con tales garantías para los tenedores de billetes y público que aporte capital o haga operaciones, que el Gobierno solamente podrá disponer de un crédito que no exceda del quince por ciento del capital exhibido.

El pormenor de los artículos del Proyecto persuade de que la Institución de que se trata está calculada sobre los fundamentos más estrictos de la técnica bancaria, de la conveniencia nacional y del interés de los ciudadanos que contribuyan a esta patriótica empresa.

Los manejos de la Institución se garantizan con su capital propio y con los fondos del Erario Nacional, asegurando un interés mínimo de seis por ciento anual a los tenedores de bonos para el caso de que las utilidades que se liquiden sean menores que esa proporción, en la inteligencia de que jamás reportarán pérdidas y en cambio disfrutarán a "prorrata" de las utilidades que obtenga el Banco.

Para que el Gobierno se halle en capacidad de atender a la construcción de la línea ferrocarrilera que unirá el sistema de la Península Yucateca con el del interior del País, en conexión con la frontera y ambos océanos, necesita dominar el manejo de la red independiente de Yucatán.

En tal virtud, el Ejecutivo no duda que se le facultará para disponer hasta de la suma de diez millones de pesos o para comprometer el crédito de la Nación por esa cantidad, a fin de adquirir la mayoría de las acciones de los Ferrocarriles Unidos de la Península y de la empresa encargada del abastecimiento de combustible mineral.

Penetrado como se halla el H. Congreso de la necesidad de uniformar la política ferrocarrilera, seguramente facilitará, en su esfera de actividad, los designios del Poder Ejecutivo para adquirir la totalidad o mayoría de las acciones que posee la Compañía de Fomento del Sureste.

Por lo que toca a la Ley Orgánica del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, huelga encarecer su trascendencia y la prontitud con que requiere ser expedida.

La XXVII Legislatura tomó el acuerdo de invitar al Ejecutivo para el envío rápido del proyecto correspondiente, y recibió la contestación que tal documento indicaba por sí mismo, en el sentido de que por más que el Ejecutivo se ha dedicado sin intervención a acudir a los problemas de las clases proletarias, no reconocía más forma de comunicarse las Cámaras con él, que las enumeradas por el Código Supremo.

El actual Congreso de la Unión, sin falsear la armonía de relaciones entre los Poderes, se preocupa igualmente por la resolución de los asuntos económicos de acuerdo con las modernas orientaciones de la ciencia jurídica, y legítimamente se espera que ambas Cámaras concluirán, dentro de las posibilidades humanas, una acertada Ley Orgánica del Trabajo, para bienestar de la República y consolidación de la Carta Magna en uno de sus más laudables postulados.

La convocatoria presenta como asunto de la consideración del honorable Congreso, la autorización al Ejecutivo para construir los ferrocarriles que unan el Estado de Sonora con la Baja California; Peto, de Yucatán, con Bacalar y Santa Cruz, de Quintana Roo, y Santa Lucrecia, de Veracruz, con el puerto de Campeche.

Cada día se pone de manifiesto la indispensable cohesión en que se han de estrechar las unidades del Territorio de la Patria, y tratándose de las regiones que acaban de ser citadas, probablemente no existirá, un solo mexicano que repute superfluo cualquier vínculo encaminado a mejorar el conocimiento recíproco y la mutua fusión de sus intereses, por la eficacia del intercambio de los productos.

Cree el Ejecutivo que las Cámaras a cuya competencia se dirige, secundarán satisfechas los proyectos de las mencionadas vías férreas, con la convicción de fortalecer el alma nacional.

Finalmente, estando vacantes en una y otra Cámara las curules de varios de sus miembros, procede, según el artículo 77 de la Constitución, expedir la convocatoria a elecciones extraordinarias por los Estados o Distritos en que se haya registrado la falta.

El Ejecutivo ha juzgado oportuno incluir este asunto en la convocatoria con objeto de que el Congreso de la Unión, si a bien lo tiene, use de esta facultad, admitiendo previamente, como es natural, las excepciones que las honorables Cámaras estimen de prudencia.

Ciudadanos Diputados:

Ciudadanos Senadores:

El período extraordinario que se inauguró el día 19 de abril del año anterior, comprendió materias reducidas y circunstanciales, que fueron la expedición de la ley que habría de regular en lo sucesivo las elecciones federales, y la resolución del conflicto de Tamaulipas. La convocatoria en cuya virtud, se abre el presente período, ofrece mayor amplitud, pues las luces y el patriotismo del Congreso, deberán aplicarse a variados objetos, que por su sola enunciación indican su excepcional importancia.

El Ejecutivo no desconoce la considerable extensión de labores del presente período extraordinario; pero, además de que los temas para cuya discusión habéis sido convocados, no admiten demora, vuestra vigilancia por la prosperidad de la República no irá a encontrar fatigosa la tarea.

Entre las leyes que ocuparán vuestra ilustrada atención, cuéntase algunas, entre ellas la de Amparo, la de Petróleo, la del Banco Único de Emisión y la relativa al Ayuntamiento de la Capital, que demostrarán la patriótica eficacia con que los miembros de la XXVIII Legislatura estudiarán las delicadas cuestiones de cuya resolución están pendientes todos los habitantes del país.

El Ejecutivo de mi cargo se complace en manifestar su confianza en los frutos de este período extraordinario que, por contar con el espíritu liberal, la intención recta y las capacidades de los componentes de ambas Cámaras, se traducirá en notables y señalados beneficios para la Nación.

Contestación del Dip. Gildardo Gómez, Presidente del Congreso.

Ciudadano Presidente de la República:

El Congreso de la Unión que tengo el honor de presidir en estos momentos, ha escuchado con profunda atención los fundamentos que tenéis en los proyectos de ley que deberá estudiar y resolver en el período extraordinario de sesiones a que lo habéis convocado.

Desde que llegó a nuestro conocimiento el objeto positivo de este periodo extraordinario de sesiones, cada uno de nosotros se ha preocupado hondamente por aportar el mayor contingente posible de conocimientos, trabajo y buena voluntad, a efecto de que nuestra labor sea de verdadero patriotismo y las leyes que se expidan descansen en las graníticas bases de la justicia y del derecho.

Grandes problemas hay dentro de la convocatoria, como el del trabajo que mantienen vigilante la atención de la numerosa clase obrera y del factor económico constituido por el capital, que anhelan la expedición de una ley que reglamente sus relaciones y resuelva con eficacia sus conflictos para que unos y otros puedan contribuir al engrandecimiento de la Patria.

Como el del petróleo, cuya reglamentación reclama especial cuidado, prudencia y discernimiento, haciendo que refleje en ella todo el espíritu de justicia que debe existir en aquellos actos de trascendencia para la vida nacional, toda vez que la cuestión del petróleo y combustibles minerales entraña gran importancia y alcance para el desarrollo futuro del país.

Como el que hace referencia a la reorganización de los Tribunales en el Distrito Federal y la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los cuales depende en gran parte la eficaz administración de justicia y el perfecto funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.

Como el que toca a la supresión del Ayuntamiento de la ciudad de México, que es preciso resolver con plena justificación para que no se lesione el principio de Ayuntamiento Libre, una de las más caras conquistas de la Revolución.

Como la reglamentación del Banco Único de Emisión, que si se resuelve de acuerdo con los sabios principios de las instituciones de crédito, constituirá un factor de importancia comercial adunado a las reformas políticas, que valen poco si no se acompañan con atinadas reformas económicas y sociales.

Con el aplauso unánime de estas Cámaras recibiremos vuestra iniciativa sobre las nuevas vías férreas que hacéis mención en vuestro mensaje, pues la realización de esos proyectos será una prueba más de que el país entra ya en una era de progreso, facilitando por estos medios el desarrollo de la industria en esta región de nuestro territorio.

Y a todos estos problemas hay que agregar las demás reformas políticas de incuestionable trascendencia para el futuro de la Nación, que proponéis en vuestra convocatoria, del estudio de las cuales es probable que resulte el mayor perfeccionamiento de nuestro sistema de Gobierno, para que confirmemos nuestra capacidad de evolucionar, haciendo a las leyes las reformas que exigen las necesidades del País, aprovechando fas conquistas y enseñanzas aplicables y fijando lógicamente las bases del porvenir, pues estas Cámaras se encuentran animadas del propósito firme de proseguir por los senderos de la democracia, esto es, en el Gobierno del pueblo por el pueblo mismo.

Ciudadano Presidente:

El Congreso de la Unión, en este instante supremo de contestar vuestro mensaje, ofrece al pueblo dedicar todo su patriotismo y todo su esfuerzo a la resolución de los problemas sociales y económicos, inspirado en el beneficio de la colectividad, haciendo que la República de México figure siempre en el concierto general de todos los pueblos civilizados.

Fuente: Los presidentes de México ante la Nación: informes, manifiestos y documentos de 1821 a 1966. Editado por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados. 5 tomos. México, Cámara de Diputados, 1966. Tomo 3. Informes y respuestas desde el 1 de abril de 1912 hasta el 1 de septiembre de 1934. Creative Commons.

 
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