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AMORES Y CONTRATOS. LA LEY DEL MATRIMONIO CIVIL DE 1859

 

Las Leyes de Reforma promulgadas durante los años de 1855 y 1856, así como entre 1859 y 1863, representaron el intento más decidido de los liberales para instituir una sociedad regulada por el Estado de Derecho. De la cuna a la sepultura, la Iglesia católica había controlado la mayoría de los ritos, celebraciones y formalidades de la población en México. Nacimientos, matrimonios, defunciones, convalecencias y auxilios humanitarios en casos de orfandad, viudez o ancianidad, habían tenido como único sustento la administración, los archivos, el respaldo material y económico de las instituciones religiosas.

En la medida que las Leyes de Reforma volvieron tangible la separación entre los negocios y potestades de la Iglesia y el Estado, resultó indispensable la creación de un aparato jurídico e institucional que generase los estatutos, los archivos y los documentos mediante los cuales pudiera corroborarse la regulación de los asuntos de la población, pero ya no en calidad de creyentes o feligreses, sino como individuos sujetos a los códigos civiles, con derechos y obligaciones.

Antes de la Ley del Registro Civil no se publicaron leyes sobre el matrimonio, porque se consideraba que era un acto sujeto al derecho canónico y a la potestad de la Iglesia. Su regulación se basaba en la legislación española y canónica, en especial el código de Las siete partidas, que data de mediados del siglo XIII, así como de los decretos del Concilio de Trento, publicados en 1563. De acuerdo con las Partidas, el matrimonio: “es ayuntamiento de marido é muger, fecho con la intencion de bevir siempre en uno, é de non se departir; guardando lealtad cada uno de ellos al otro, é non se ayuntando el varon a otra muger, nin ella á otro varon, biviendo ambos á dos”. De lo anterior se infiere que el matrimonio se instituía con la unión de un hombre y una mujer, con el propósito de vivir en comunidad indisoluble, guardándose fidelidad y ayuda mutua.

Trescientos años después, el Concilio de Trento ordenó que el matrimonio debería celebrarse “a la faz de la Iglesia”; es decir, en presencia de la comunidad y del párroco, quien preguntaría a los novios si era su voluntad unirse en matrimonio. Expresado el consentimiento los declararía unidos con estas palabras: “Yo os uno en matrimonio, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, o una fórmula semejante. Lo anterior con el propósito de hacer patente la mediación de la Iglesia en la celebración del sacramento y evitar en lo posible los matrimonios “clandestinos”.

La intervención del Estado mexicano en el matrimonio comenzó con la expedición de la Ley Orgánica del Registro Civil del 27 de enero de 1856, seguida de la Ley del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859 y de la nueva Ley Orgánica del Registro Civil fechada el 28 de julio del mismo año. La ley en la materia explicaba que por la independencia declarada de los negocios civiles del Estado respecto a los que competen al orden eclesiástico, cesaba la delegación que el poder soberano había hecho en el pasado, para que el matrimonio surtiera sus efectos civiles con la sola intervención de la Iglesia católica.

Ahora el Estado definía al matrimonio como un “contrato civil” que se contraía lícita y válidamente ante la autoridad. Para ello bastaría que los contrayentes, una vez cubiertas las formalidades, se presentasen ante el juzgado civil para expresar libremente su voluntad de unirse en matrimonio.

Los artículos de la ley son reveladores de las garantías que ofrecía el Estado a los cónyuges, pero también de las prácticas sociales y del universo mental de la época. En primer lugar, los contrayentes gozaban de los derechos que la ley concedía a los casados en materia de filiación legítima, patria potestad, herencia, administración y reparto de bienes en caso de divorcio. El matrimonio que no se formalizara ante el juzgado del Registro Civil, no surtiría efectos legales y se consideraría tan sólo como un matrimonio de hecho, pero no de derecho.

El matrimonio debía celebrarse entre un hombre y una mujer, quedando prohibida la bigamia y la poligamia. Como un resabio de las disposiciones sacramentales —“Lo que unió Dios, que no lo separe el hombre”: Mateo 19:6—, se declaró el carácter indisoluble del matrimonio, de manera que sólo la muerte de alguno de los cónyuges disolvía el contrato civil. No obstante, los casados podrían separarse temporalmente, bajo la forma de divorcio no vincular o de separación de cuerpos, en caso de adulterio, prostitución inducida por el cónyuge, concubinato con un tercero, inducción al crimen, crueldad excesiva o demencia confirmada de uno de los esposos. Aclaremos que esta separación no implicaba la restitución de la libertad para casarse con otra persona. Las diligencias, las pruebas y los testigos para documentar el divorcio serían presentados ante el juez civil, quien a nombre de la ley determinaría lo conducente en cuanto a su validez, así como los derechos de nulidad del matrimonio, apoyo de alimentos, partición de bienes e intereses.

En torno a la edad mínima para el matrimonio, se asentaba que el hombre antes de los 14 años de edad y la mujer antes de los doce no podrían contraerlo, salvo en los casos graves en los que la naturaleza se anticipase. Al respecto cabe recordar las bodas celebradas en comunidades rurales e indígenas, donde los padres de los futuros esposos convenían el matrimonio cuando éstos apenas entraban en la pubertad; práctica que aún permanece vigente en determinadas localidades del país. En todo caso, los varones menores de 21 años —edad de inicio de la vida adulta y de los derechos de ciudadanía— y las mujeres menores de 20 años, deberían contar con la autorización de los padres, los tutores, los abuelos paternos o los hermanos mayores, según el caso.

Los legisladores señalaron como impedimentos para celebrar el matrimonio, el parentesco consanguíneo en línea recta, ascendente o descendente, o en línea colateral con tíos y sobrinos hasta el tercer grado; asimismo, atentar contra la vida de alguno de los esposos para casarse con el que quedara libre; la violencia o la fuerza para inducir al matrimonio; la locura incurable y el matrimonio legítimo celebrado antes con persona distinta.

Una condición presente tanto en las fuentes canónicas como en el derecho civil, estriba en que el matrimonio sólo podía realizarse a condición de que los contrayentes se presentasen a manifestar su libre voluntad ante el juez del Registro Civil. De hecho se consideraba el libre arbitrio como la esencia del contrato matrimonial. Al momento de atender la solicitud del matrimonio, el juez debía levantar un acta en la que constase el nombre de los pretendientes, su edad y domicilio, así como el nombre de sus padres y abuelos. El acta quedaría asentada en el libro correspondiente y se sacarían copias para fijarlas en los parajes públicos, “a fin de que llegando a noticia del mayor número posible de personas, cualquiera pueda denunciar los impedimentos que sepa tienen los que pretenden el matrimonio.” De no haber objeciones, el oficial del Registro Civil dejaría constancia en el acta, señalando el lugar y la fecha para celebrar el matrimonio. El día convenido se presentaban los interesados en compañía de sus testigos. La autoridad civil preguntaba a cada contrayente si era su voluntad unirse en matrimonio con el otro. Verificado el asentimiento, se daba lectura a los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la ley en la materia, además de enunciar la célebre epístola de Melchor Ocampo, donde se expresaba que el matrimonio civil era: “el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano.” Más aún, declaraba en tono romántico la sacralidad de los cónyuges y definía por separado las cualidades de los esposos:

Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo.

La epístola de Ocampo también indicaba que los cónyuges se tendrían respeto, fidelidad, confianza y ternura, esforzándose por brindar lo que uno esperaba del otro al unirse en matrimonio. La prudencia debería caracterizar la relación, evitando las injurias y el maltrato físico, así como la deshonra que tales actos traerían consigo. No menos sustantiva era la preparación para cuidar y educar a los hijos, sirviendo de ejemplo ético, moral y de conducta, de modo que los lazos de afecto y deferencia mutua propiciarían “la felicidad o desventura de los hijos”. Más aún, porque la correcta educación de los vástagos conduciría necesariamente a la formación de “buenos y cumplidos ciudadanos”.

Concluido el acto del matrimonio se levantaba el acta correspondiente, que firmaban los esposos y sus testigos, y que autorizaba el encargado del Registro Civil. El documento generado tendría fuerza legal para probar la legitimidad del matrimonio, así como los derechos y obligaciones derivados del mismo. Ningún matrimonio celebrado sin las formalidades de ley sería reconocido como legítimo para los efectos civiles; no obstante, los casados podrían, según su voluntad, recibir las bendiciones de los ministros de culto.

Tanto la ley del Registro Civil como la de Matrimonio subrayaban la separación de los asuntos que concernían a la Iglesia y al Estado. No obstante, prevenían como medida de regulación el informe que debían rendir los párrocos acerca de las bodas que oficiaban en sus iglesias, a fin de supervisar la gestión correlativa al estado civil. De esta manera se instituyó una nueva forma de avalar la unión del hombre y la mujer, con objeto de establecer una nueva familia.

La ley introdujo la distinción entre el sacramento del matrimonio que se realizaba conforme al derecho canónico, y el “contrato” que debía realizarse en el Registro Civil. En la práctica, la gente común asumió que al contraer matrimonio se casaba dos veces, la primera ante la Iglesia, con todo el ceremonial y los significados derivados de la liturgia —sermones, declaratorias, bendiciones, eucaristía, arras, anillos, lazo, velo y ramo de flores—, que daban realce y solemnidad al acto. En contraste, el matrimonio civil se hallaba desprovisto de colorido y se asumía como un trámite, donde lo más emotivo era la enunciación de la epístola de Melchor Ocampo, pero cuyos efectos legales eran de suma importancia para los cónyuges.

Pese a todo, en el siglo XIX se ratificó el principio del matrimonio civil como un contrato cuyos requisitos y efectos estaban determinados bajo la exclusiva competencia de las autoridades civiles. El desarrollo posterior de los códigos relativos al matrimonio tendió a suavizar el predominio de los varones en favor de las mujeres, así como a reconocer otras formas de establecer vínculos similares.

Se respeta ortografía de origen.

Fuente: Articulo autoría de David Guerrero Flores, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. INEHRM. Imagen: Colección Gustavo Amézaga Heiras.

 
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