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DISCURSO DE JUSTO SIERRA SOBRE INAMOVILIDAD JUDICIAL, PRONUNCIADO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

 

Diciembre 12, 1893.

No, señores diputados, ninguna ligereza pudo haber en el señor Prieto [Guillermo]; ningún acto suyo podrá tomarse jamás como un acto de traición a la ley fundamental.

El haber firmado la iniciativa en que se consultaba la independencia del Poder Judicial, suprema garantía de los derechos individuales, no será nunca, no será jamás un acto de traición a la Constitución de 1857.

Puede retirarse tranquilo el señor Prieto a su hogar, y puede retirarse mañana a la tumba; cualesquiera que hayan sido sus actos, dos generaciones de mexicanos sabemos cuánto le debemos, e inclinados ante él con devoción filial, le veremos descender de aquí y llegar allá, seguros de que en dondequiera encontrará la inmortalidad y la gloria.

Después de esta declaración que mi corazón me dictaba, entro, señores diputados, en materia.

Soy yo, señores diputados, quien hace algunos meses dijo que el pueblo mexicano tenía hambre y sed de justicia; todo aquel que tenga el honor de disponer de una pluma, de una tribuna o de una cátedra, tiene la obligación de consultar la salud de la sociedad en que vive; y yo, cumpliendo con este deber, en esta sociedad, que tiene en su base una masa pasiva, que tiene en su cima un grupo de ambiciosos y de inquietos, en el bueno y en el mal sentido de la palabra, he creído que podría resumirse su mal íntimo en estas palabras tomadas del predicador de la montaña: "hambre y sed de justicia".

Ellas no son sino el eco del grito que se escapa de las entrañas del mundo moderno ante la intensidad profunda del malestar social.

El espectáculo que presenta el fin de este siglo es indeciblemente trágico; bajo una apariencia espléndida, se encuentra tan profunda pena, que pudiera decirse qué la civilización humana ha hecho bancarrota, que la maravillosa máquina preparada con tantos años de labor y de lágrimas y de sacrificio, si ha podido producir el progreso, no ha podido producir la felicidad.

Sí, señores, las palabras que yo he pronunciado pueden resumir el anhelo de Tolstoi en el fondo de la raza eslava, pidiendo para los suyos pan, libertad y fe; por eso esas palabras pueden condensar la obra de George en los Estados Unidos, queriendo suprimir a un tiempo la miseria y la riqueza con la nacionalización de la propiedad territorial; esas palabras explican la obra del gran anciano Gladstone, abriendo una brecha a las instituciones seculares de Inglaterra para dar paso a la manumitida Irlanda; y esas palabras sintetizan la obra del santo anciano que se llama León XIII, que levanta su trémula y blanca figura entre el porvenir y el pasado, como queriendo hacer comulgar con una sola forma de justicia lo pasado y lo porvenir.

Pertenezco, señores, a un grupo que no sabe, que no puede, que no debe eludir responsabilidades. No quiero que, dando a mis términos la generalidad que he indicado, pudiera decirse que las esquivo, no.

Para reformar la Constitución, se nos ha dicho, es preciso resolver antes los grandes problemas sociales, económicos y políticos que están en pie. Mas los problemas políticos pueden reducirse al problema económico en último término, el problema económico queda implicado en el problema social, y el problema social está perfectamente formulado por el órgano que con más inteligencia y más ira ha sido nuestro adversario, con estas verídicas palabras: "Hay cuatro quintas partes de mexicanos que son parias en su propio suelo".

Pues si hay cuatro quintas partes de mexicanos que son parias, señores, esto quiere decir que hay cuatro quintas partes de mexicanos que no tienen derechos: quiere decir que una gran masa de la población mexicana no ha encontrado justicia todavía, quiere decir que el llamado a ejercer la justicia, que el juez, que el protector supremo de los derechos individuales, no ha tenido modo, no ha podido ejercer su santa misión.

Entonces el problema social, lo mismo que el económico y lo mismo que el político se reducen a un problema sólo, a una cuestión de justicia, a ese problema al que nosotros venimos a intentar aquí darle solución.

Pero entonces -nos pregunta una voz autorizada- ¿queréis decir que es mala la administración de justicia? Nosotros decimos que las condiciones en que se administra la justicia en nuestro país son pésimas.

Precisamente cuando los jueces son buenos, precisamente cuando los jueces son probos, precisamente cuando no puede tener acceso en ellos ninguna pasión baja e inferior -y yo creo, y creo sinceramente que la mayoría de los jueces en este país se encuentran en esas condiciones-, precisamente si entonces, si a pesar de eso el mal social tiene las proporciones que nos ha denunciado el adversario a que aludí antes, debe inferirse que el mal es orgánico; para corregirlo hay que acudir a un remedio en el organismo mismo, y el organismo es la Constitución; lo que quiere decir que la Constitución debe reformarse.

Esta convicción, señores diputados, fué el origen de la iniciativa que llevamos al seno de una agrupación reunida, hace algún tiempo, con el objeto de formular algunos de los votos del partido liberal; y los motivos que acabo de indicar, expuestos allí sinceramente, proporcionaron benévola acogida a la reforma sobre inamovilidad, que figura en el manifiesto de la Convención Nacional.

¿Y cuál era el modo de llevar a término esta reforma? Mucho se ha hablado en contra de la inamovilidad. Nosotros habíamos recurrido a los que más sabían; nosotros habíamos, en ellos, encontrado una opinión unánime, habíamos leído a todos los grandes comentadores de la Constitución americana, y todos, y todos ellos, los más notables, Hamilton, Story, Marshall, todos nos recomendaban terminantemente como remedio único para obtener la independencia del Poder Judicial, el que ningún juez pudiera ser separado de su puesto, sino por acción de la justicia y nunca de otra manera.

Fijaos bien, señores: aquí lo que debatimos, aquí lo que discutimos -y es necesario, lo repito, que los señores diputados lo tengan bien presente- no es precisamente la inamovilidad del Poder Judicial; este es el medio, el fin es la independencia del Poder Judicial; lo que aquí discutimos es si el Poder Judicial debe ser plenamente independiente en nuestro país, o no.

Si tenéis alguna otra receta, si tenéis alguna otra fórmula que no sea la inamovilidad para obtener la independencia del Poder Judicial, ¿que esperáis? ¿por qué no la presentáis? Nosotros la adoptaríamos de buen grado; pero hasta ahora no se ha hablado de otra cosa: es el único recurso, el único medio: la inamovilidad.

Sin la independencia de la justicia, señores diputados, no hay justicia, y sin la justicia no existe la base, no digo de las instituciones libres, ni aun de la sociedad misma; y cuando en un país, aunque se halle constituido por la forma republicana, no existe la justicia independiente, el gran jurisconsulto Story lo ha dicho: entonces no hay propiamente instituciones, la República se llama despotismo.

Me diréis que nuestra situación no es esa. Señores: las garantías de la independencia del Poder Judicial consisten en nuestro país en una relación entre la honradez del juez y la honradez del jefe del Poder Público; ambas cosas son innegables; la primera está en nuestra conciencia, la segunda está en la conciencia de todos y la confirmará la historia; pero nosotros, señores diputados, que tenemos que legislar para lo porvenir, no podemos consentir en dejar depositadas las garantías en las personas: es preciso ponerlas más alto, es preciso fijarlas para siempre en la ley.

¿Y queremos, señores, una prueba flagrante, gigantesca, irrefutable de que es enteramente lo mismo inamovilidad e independencia del Poder Judicial? Nuestros adversarios nos la han proporcionado. El orador ilustre que acaba de dejar la tribuna, en una de sus breves conclusiones la ha indicado someramente.

El senador Raygosa, ante cuyo gran talento estoy acostumbrado a inclinarme desde las bancas del colegio, ha desarrollado esta objeción y la ha expuesto en uno de los periódicos de la capital; ella es muy grave, es formidable... en favor de la inamovilidad. ¿Cómo, se dice, es posible decretar la inamovilidad de los jueces y de los magistrados, dejando en sus manos esa arma que se llama la ley de amparo?

¿Qué es lo que se quiere significar con esto? El arma existe, el arma está en las manos de los magistrados, esa arma no es una arma, es un escudo, es el inquebrantable escudo del derecho individual.

Al defender el derecho individual, al protegerlo ¿qué es lo que se protege, señores? La base y el objeto de las instituciones sociales, la base y el objeto de las instituciones libres. Vosotros, que os jactáis de constitucionalistas inflexibles, seréis los primeros que os consideréis obligados a proclamar aquí esta verdad: en la ley de amparo existe el resorte primero, la clave suprema de todo nuestro sistema constitucional.

Entonces, si ahora tiene ese escudo el Poder Judicial, si ahora dispone de ese recurso supremo ¿qué es lo que le agregaría la inamovilidad? ¿por qué lo que no se teme ahora se temería entonces? ¡Ah, señores diputados!, somos hombres libres, tenemos todo el valor de nuestras opiniones, venimos aquí a inclinarnos respetuosamente ante la conciencia de los demás, y a exigir el respeto de nuestra conciencia; y por eso me permito preguntar ¿se intenta decir con eso, por ventura, que el día que haya inamovilidad en el Poder Judicial no será dependiente y podrá entonces hacer respetar la Constitución y los derechos individuales?

No, señores, no retrocedamos ante esas consecuencias, si logramos efectivamente que el Poder Judicial sea independiente y que ocupe el lugar majestuoso que le corresponde. Ese día, señores diputados, nuestra democracia estaría hecha, nuestra democracia tendría una garantía; ese día podríamos ver tranquilos el porvenir; no constituiríamos, como decía el orador que acaba de bajar de la tribuna, una dictadura togada, constituiríamos la única dictadura normal que la Constitución quiere, la dictadura de la ley y de la justicia.

Los que tengan miedo a esa dictadura no son dignos de pertenecer a un pueblo libre; no son dignos de sostener que han jurado guardar y hacer guardar la Constitución; ésos, señores, no pueden permanecer tranquilos en la representación nacional.

Es preciso convenir que, tras de esa objeción cuya trascendencia, cuyo alcance evidentemente no han medido sus autores, está esta otra oposición: no hay que dejar en entera independencia el Poder Judicial Federal.

Pero se agrega: "No toquéis nuestros ideales". Señor, la bandera de la Constitución es la bandera de la patria; en largos años de sufrimientos y de martirios, el pueblo mexicano ha conquistado el derecho de identificar en un color solo de sangre y de gloria, los tres colores nacionales, para hacer de la República, de la Constitución y de la Reforma, una bandera sola.

Ella contiene nuestros ideales, ellos son nuestra religión cívica, esa religión es el depósito sagrado que hemos recibido de nuestros padres, y ella constituirá el legado que transmitiremos a nuestros hijos.

¿Quién es el que ha podido decir que los constituyentes hicieron otra cosa que lo que pudieron, que lo que supieron, que lo que debieron? No, por cierto, el que ocupa esta tribuna.

En medio de la azarosa lucha, de las terribles crisis en que nuestra Constitución fué promulgada, hicieron muy bien en colocar muy alto nuestros ideales, en levantarlos de modo que pudiera percibirlos como la luz de un faro el pueblo entero, en rodearlos de una especie de irradiación, de apoteosis, para que enfrente de la bandera de guerra que en nombre de la religión se levantaba contra ella, se levantara también de una guerra santa, la bandera de la libertad y del derecho.

Pero nuestros padres, señores, bien claro dijeron en el manifiesto que precede a la Constitución de 57, no quisieron ni pudieron querer jamás que estuviéramos arrodillados ante esos ideales, sino en marcha hacia ellos.

¿Cuáles eran los medios de alcanzarlos? Los artículos de la Constitución, los textos constitucionales. Los ideales eran la democracia y la libertad, es decir, la soberanía del pueblo y el derecho constitucional; los medios de obtener la realización de ambos ideales eran los textos que están sometidos a la discusión, que podían ser modificados con tal que nos acercaran a aquellos fines supremos.

La prueba de que así fue, es que habiendo procedido los constituyentes de un principio abstracto, de un dogma puro, inmediatamente que se pusieron en contacto con la realidad en los artículos de la Constitución, supieron marcar las condiciones de vida para cada uno de esos principios políticos; quisieron amoldarlos en lo que les fue posible, en lo que creyeron conveniente, dado su criterio, a nuestro modo de ser.

¡La vida! Derecho supremo; pero en ciertos casos era permitida la expropiación. ¡La libertad! Derecho altísimo; pero la Constitución misma dice en qué casos puede ser permitida y en cuáles puede ser limitada, no sólo como ella dice, cuando se atacan los derechos de tercero, sino cuando se atacan los derechos de la sociedad.

Así es que los constituyentes mismos han puesto en nuestras manos los recursos para acercarnos a lo que ellos llamaban el objeto y fin de las instituciones sociales; así es como nosotros no podemos menos de rechazar, con toda la energía de nuestra conciencia, el epíteto de infidentes que se nos ha arrojado como una especie de anatema, cuando traemos una modificación que no contraría, sino para los ofuscados o los ciegos, ninguno de los altos principios constitucionales.

Sí, señores: nuestro empeño consiste en demostrar que no es incompatible la Constitución con la justicia independiente. Los que habéis intentado demostrar que la inamovilidad del Poder Judicial no tiene cabida en los artículos constitucionales, llegáis a la conclusión contraria: es imposible, es inútil querer introducir en la Constitución la justicia plenamente independiente.

¿Cómo es posible que con la justicia inamovible, es decir, con la justicia independiente, podamos llegar a realizar los altos ideales democráticos?

Muchas contestaciones podían darse; pero para mí, profesor, maestro de escuela casi, hay una contestación, entre otras, que ha arrastrado mi voluntad y mi conciencia. Se trata de educar a nuestra democracia.

Y ¿cómo se logrará esto? ¿Se educa a una democracia en la escuela? Bien sabéis que no, porque tenéis una gran masa de personas que, a pesar de haber ido a la escuela, hace alarde de despreciar las instituciones democráticas y jamás se acerca a las urnas electorales: no, no se educa la democracia con la escuela sola, la democracia se educa como se educa todo órgano: por el ejercicio.

Para este ejercicio se necesita la protección de la justicia, y para que la justicia pueda proteger el ejercicio de la democracia es preciso que esté perfectamente independiente del poder, llámase el poder autoridad pública, o llámase el pueblo, o llámase el Presidente de la República.

Sí, es preciso que sea enteramente libre; sólo de esta manera podrá proteger los derechos de la democracia; sólo de esta manera puede llenar la justicia esa altísima función educativa que es evidentemente la llamada a tener mayor trascendencia en nuestra historia política.

Hombres que proclamáis la doctrina de que la experiencia es la base de toda convicción, de que la experiencia es lo único que puede proporcionarnos la verdad, el átomo de verdad a que puede aspirar el hombre, ¿por qué no habéis llamado [a] la experiencia en vuestro auxilio? ¿por qué habéis sido infieles a los métodos de vuestra escuela? ¿por qué habéis hablado en nombre de una teoría y no habláis en nombre de la historia, puesto que en la historia es en donde está condensada la experiencia? Así se nos habla y nosotros venimos a firmar en nombre de la escuela y hablar, señor, en nombre de la experiencia.

Por cierto que la historia de la inamovilidad del Poder Judicial tiene páginas grandiosas. Os ruego que oigáis con benévola atención alguno de esos episodios.

Cuando Felipe II carbonizaba las alas del pensamiento en las hogueras de la inquisición; cuando apelaba a todos los recursos para implantar en su país el más absoluto de los despotismos, el que se fundaba a un mismo tiempo en los derechos políticos y en los derechos divinos que le daba la religión, quiso llevar la mano hacia un hombre que le había sido personalmente infiel y sobre el cual parecía tener derecho indudable; entonces se interpuso ante el monarca absoluto, representante de Dios, y su venganza, un hombre, un juez inamovible, el justicia mayor de Aragón.

El rey entonces destruyó al justicia y destruyó la institución; y en las gradas ensangrentadas del cadalso, en donde rodó la cabeza de Juan de Lanuza, rodaron al mismo tiempo la inamovilidad judicial y la libertad del pueblo español.

Otros déspotas en otro país, en Inglaterra, habían arrodillado a sus pies la alta corte, la habían hecho amovible, como diríamos ahora; los magistrados y los jueces estaban sometidos a la revocación del rey, y cuando estuvieron los jueces arrodillados y los déspotas creyeron que podrían suprimir la institución, hubo un largo eclipse en la forma parlamentaria, el rey se creyó autorizado para decretar impuestos: decreta uno, y hubo un hombre, un ciudadano inglés, en un rincón del país, el inmortal Hampden, que levantó la voz y dijo:

"Yo no pago este impuesto. Este impuesto no ha sido decretado por el parlamento, es un impuesto ilegal. Jueces de Inglaterra, resolved este caso".

Los jueces de Inglaterra resolvieron en contra del derecho, y entonces, señor, el pueblo inglés contestó a la sentencia de los magistrados vendidos con una revolución larga y terrible, que arrojó al cadalso al infeliz rey Carlos Estuardo y que no terminó hasta que la dinastía protestante se implantó definitivamente en Inglaterra; hasta que el parlamento decretó el famoso bill de los derechos; hasta que en la reforma quedó comprendida, como un triunfo de la nación, la inamovilidad del Poder Judicial.

La revolución francesa... No voy, señores, a hacer ninguna especie de alusión a los jacobinos. Los jacobinos de la historia fueron los hombres enérgicos que, en virtud de principios absolutos, quisieron destruir todo lo pasado y que, o murieron, o se sometieron a Napoleón primero y vistieron en el Senado la librea imperial.

No hay entre nosotros, señores, no hay en las filas del partido liberal quien en nuestro tiempo pueda apechugar con la aplicación de principios absolutos, ni quien sea capaz de vestir la librea de ningún tirano.

La revolución francesa, decía yo, destruyó la inamovilidad del Poder Judicial y la destruyó por odio a las instituciones de lo pasado, y el Poder Judicial quedó sometido a la nación en teoría; en realidad quedó sometido a los partidos.

De entonces data una serie de tribunales que confundían la justicia con la venganza, con las ignorancias y con las pasiones del pueblo. Gracias a ellos, la revolución francesa vistió esta túnica de Neso, que se llama el terror, que impidió por cerca de un siglo el advenimiento de la República y que sólo ha podido arrancarse la Francia en las hogueras terribles de la invasión, en el incendio de París, para presentarse purificada ante el mundo con la justicia inamovible de sus leyes.

Y mientras esto sucedía, la Corte de Justicia americana, inamovible, serena, dueña de su conciencia, superior a las pasiones, llevaba a cabo una obra tranquila, de infinita trascendencia, de importancia inconmensurable; organizaba la Constitución, la reducía a interpretaciones que hacían pasar los preceptos del derecho constitucional a la vida cotidiana y los introducían en la atmósfera misma que respiraba aquella sociedad: y es así como ha podido obtener esta altísima institución, este homenaje del gran jefe de partido tory inglés, Salisbury: "Sólo hay una cosa que más que su riqueza, más que su engrandecimiento, envidia el mundo a la nación americana: su Corte Suprema de Justicia."

Pero no nos basta la experiencia de las otras naciones, ¿por qué no venimos a nuestro país? ¿por qué no recurrimos a la experiencia que podemos haber recogido en nuestra propia historia?

La hemos recogido. Hela aquí: la Constitución Federal de 24 decretó la inamovilidad del Poder Judicial. ¿Hay quien tenga una tacha que poner a los jueces que formaron entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que intentaron, en medio de nuestros trastornos, procurar realizar nuestros derechos?

No, no ha habido una sola voz que se haya levantado en son de protesta contra ella. ¿Y cuándo la inamovilidad del Poder Judicial concluyó? Cuando el centralismo, cuando la primera Constitución conservadora, precisamente instituyendo lo que llamó "el poder conservador", colocó a este poder sobre la Corte de Justicia y puso en manos de la autoridad pública los fueros y los derechos de la justicia inamovible.

Es precisamente de la entronización del poder central de donde data el primer golpe certero que ha recibido, señores diputados, la inamovilidad del Poder Judicial. Después, la inamovilidad fué consignada en las Bases Orgánicas, en la otra Constitución centralista; pero era una inamovilidad irrisoria que estaba sujeta a las órdenes del dictador Santa Anna, y este dictador desterraba y removía a los magistrados.

Cuando en su última dictadura dos hombres honrados rehusaron recibir la Cruz de Guadalupe, el dictador los destituyó en virtud de sus facultades soberanas y dio con esto el golpe de muerte a la inamovilidad de la Corte de Justicia.

Pero ¿por qué la Constitución de 57 se hizo eco de esta tradición centralista? Es fácil decirlo; no está precisamente el motivo en las razones débiles que en el constituyente se expusieron en contra de la inamovilidad, como la de haber procedido mal algún tribunal en dos o tres procesos; porque ¿hay. algún tribunal que no haya sido tachado de esto mismo?

No fué esa la causa, no; fué otro principio, y basta la simple lectura del texto constitucional para adivinarlo. Los constituyentes quisieron radicar la vicepresidencia de la República en el seno de la Corte Judicial, y desde el momento en que la vicepresidencia de la República, que el presidente posible formaba parte de ese altísimo tribunal, era imposible que fuera inamovible, era necesario que entrara en la ley común de la rotación constante de la elección popular.

Y ¿cuál es el hecho hoy, señores? El hecho es que desde que hemos entrado en una era de paz, que desde el instante que pueden vislumbrarse horas tranquilas y normales para nuestra organización política, de hecho el Poder Judicial va siendo inamovible.

Voluntad del pueblo, influencia del poder, cualquiera que sea el factor, el resultado es éste: los poderes judiciales se renuevan en su personal muy poco a poco, muy lentamente, algunas veces no se renuevan; y es que se reconoce la bondad de la institución y que, con la experiencia y con la competencia unidas a la responsabilidad, pueda obtenerse evidentemente jueces que no estén sometidos más que a la justicia de los países en que se encuentran.

Entonces, señor, ¿por qué no llevamos el hecho al derecho? Tened presente que es la conciencia del juez independiente en donde, como en un Tabor, se transfiguran los hombres en ciudadanos libres y los pueblos en democracias soberanas.

¿Cuáles serán, señor, cuáles podrán ser los medios de realizar esta institución, de realizar esta reforma constitucional? Nos hará la Cámara la justicia de creer que no podíamos haber cometido con ella la enorme falta de respeto de haber traído una iniciativa que consultaba un sistema de nombramiento para los magistrados, sin haber revisado antes otros sistemas.

Tuvimos en cuenta el primero de todos, el sistema de elección popular, aunque fuera por ese instinto de simetría que es propio de nuestro espíritu latino y que nos hacía ver como una especie de defecto el que dos de los poderes públicos tuvieran un origen distinto del otro poder.

Pero hay una condición sine qua non, indispensable, que hubimos de tener en cuenta; y nos dijimos: "pero la elección popular, ¿es garantía de competencia? ¿podemos incidir en el error -¿me sería permitida esta palabra?- de nuestros constituyentes?

Porque ellos tampoco se creyeron infalibles nunca; ellos mismos confesaron que podían haber cometido graves errores. ¿Vamos nosotros a creer que cometemos un pecado cada vez que nos encontremos en la Constitución con una infidencia para con la lógica y la verdad?

No; pues fué un error decir que los jueces serán peritos en derecho a juicio de los electores. ¿Podemos decir esto, podemos decir que creemos efectivamente que los electores son capaces de decidir quiénes eran peritos en derecho?

Pero, señor, este es asunto de sentido común, esto es imposible. Esto, en la ley fundamental, fué consecuencia del principio que fué forzoso aceptar en la Constitución; pero desde que no existe la vicepresidencia de la República en la Corte Superior, se nos dejaba libre, digámoslo así, este mismo cuerpo para poder ser transformado según los intereses del país.

Y como la competencia es una condición especial para el juez, para el magistrado, ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que sucederá? Que a pesar de decir la ley terminante competencia a juicio de los electores, los electores jamás podrán ser competentes para encontrar esa pericia, y siempre habrá un oráculo que les dicte los nombres de los competentes, y este oráculo, señores, significa nada menos que el falseamiento de las instituciones y la adulteración del sufragio popular.

Con la elección de los magistrados, según la tenemos, hacemos indefinidamente posible este falseamiento; aun cuando la democracia mexicana esté enteramente constituida, jamás, si no es en el caso de una crisis política, el día en que la pasión de un partido quiera llevar a un magistrado a los altos escaños, entonces podría decirse que el sufragio era efectivo, que el sufragio era real; mas fuera de ese caso el pueblo no tomará nunca interés en la elección del magistrado, porque con su natural buen sentido se creerá incompetente para decir quiénes son los peritos, y dejará que otros hagan la elección de su lugar.

Entonces, señores, recurrimos, como ha dicho perfectamente el órgano de las comisiones, recurrimos a las instituciones americanas; ¿a dónde habíamos de recurrir?

Aquí empieza, señores, la historia de un crimen, aquí empezamos a cometer el gran delito, cuyos dos elementos son estos: imitación, falseamiento.

Imitación, ¿por qué imitar a los americanos? Este reproche, señores, hacédselo a los constituyentes de 57. La Constitución de 57 en sus líneas fundamentales es enteramente lo mismo que la Constitución americana; y cuando nosotros nos encontramos con una democracia naciente, con una democracia en vía de formación, ¿qué mucho que recurramos a las instituciones de estabilidad que en los Estados Unidos han garantido suficientemente la consolidación de esa democracia?

Esta clase de objeciones no es la primera vez que las oye un Congreso mexicano; hace algunos años que resonaron en esta tribuna; hace algunos años fueron expedidas aquí, con gran acopio de razones por los insignes oradores que combatieron la institución del Senado; sólo uno de ellos, el respetable actual presidente de esta Cámara, opuso ante la institución senatorial esta objeción, que era una objeción de buen sentido: "Aún no hemos hecho la experiencia de nuestra Constitución; experimentémosla". Todos los demás dijeron: "Nos presentáis una reforma que envuelve un retroceso, nos presentáis una reforma que no es más que la imitación servil de la Constitución americana; allí sí podrá tener aplicación la ley, aquí no".

¿Por qué la ley no ha de tener los mismos efectos aquí y allí, cuando forma parte de un mismo cuerpo de instituciones? Si esas instituciones son idénticas, es necesario buscar en ellas las formas que se apropian a las necesidades del país.

Por eso, señores, ese elemento de nuestro gran crimen no podía hacer fuerza en nuestro ánimo y retraernos; por eso lo hacemos a un lado, por eso propusimos la imitación de la Constitución americana en cuanto a la designación, y dijimos que designe el Presidente de la República de acuerdo con el Senado.

¡Ah!, pero entonces -aquí entra el segundo elemento- falseáis los principios de la Constitución; entonces nuestra Corte de Justicia no emanará del pueblo.

No, señor, no hay nada en nuestro régimen constitucional que pueda no emanar del pueblo; ¿qué, la Cámara popular, porque es nombrada por un grupo de electores, que es la mínima parte del pueblo, por eso no emana del pueblo?

Que, cuando el Congreso erigido, según la Constitución, en Colegio Electoral, en caso de empate hace el nombramiento no sólo de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, sino del Presidente de la República, ¿estos poderes no emanan del pueblo?

¿Y por qué cuando a dos altos poderes, cuando a un poder que emana del pueblo entero, como es el Presidente de la República y al que representa el Poder Federal, como es el Senado, que queremos ponerlos de acuerdo para la designación de jueces que deben reunir determinadas condiciones de competencia, por qué decir entonces que en este caso no emanarán del pueblo?

Pues señor, no nos entendemos. Si emanar es provenir mediata o inmediatamente, tan vienen del pueblo los señores diputados, como vendrían los magistrados de la Corte de Justicia en caso de ser designados por el Presidente de la República y el Senado.

Pero hay otro elemento de la cuestión que es preciso tener presente, y que es esencialmente jurídico. Nosotros, los representantes del pueblo, el Presidente de la República, los miembros del Senado, tenemos un mandato; los encargados, los que reciben la investidura de ejercer la justicia, no reciben un mandato, reciben, como digo, una investidura. ¿Y por qué no reciben un mandato?

Porque está en la esencia del mandato dar cuenta de él, y los magistrados no tienen que dar cuenta a nadie de sus fallos como jueces. Por eso no es posible equiparar el mandato con la investidura.

Demasiado, señores, he cansado la atención de la Cámara, y voy a decir dos palabras para concluir.

Nosotros, los de la escuela de los suficientistas, como nos ha llamado con impertinente gracia uno de nuestros compañeros de esta Cámara, no estamos, sin embargo, seguros de haber acertado, ni de haber llegado a la verdad; nosotros os pedimos, puesto que todos tenemos la convicción de que es preciso remediar un mal, os pedimos sencillamente medios, no palabras, nosotros proponemos uno; ¿cuál es el que proponéis vosotros?

Lo repito, habéis confesado el mal, habéis confesado la enfermedad; hay una porción inmensa de mexicanos sin derechos; vamos a procurar que estos hombres obtengan esos derechos, que haya jueces para ellos; ¿cómo llegaremos a este resultado?

Vuestra agrupación, señores, vuestra capilla no nos da cabida, es demasiado estrecha; cabéis allí y reináis vosotros; nosotros no podemos entrar; es la capilla del constitucionalismo absoluto y puro; nosotros somos los excomulgados, como los entredichos de la Edad Media habéis apagado para nosotros las velas del altar.

Nuestra iglesia es más grande, allí no necesitamos velas, nos basta la luz: esa luz es la ciencia. Allí, decís, está el orgullo; no, señores; esa ciencia la conocéis mejor que nosotros. Nosotros no la hemos inventado; los libros están a vuestro alcance, sus métodos os son familiares; no queréis aplicarlos; nosotros hemos tenido la audacia de proponeros una aplicación.

Pues bien, esta aplicación es la que discutimos aquí. Decid vosotros, en nombre de vuestra misteriosa fe, lo que podéis proponer en contra de esta desdichada ciencia positiva, es decir, humana, que nos ha traído a este debate.

Un gran tribuno, que debe ser malo porque era positivista, León Gambetta, dijo que la política era el arte de las transacciones; y nosotros que no venimos aquí a cuestiones académicas, ni a procurar el triunfo de teorías, sino a discutir leyes, nos hemos tenido que someter a una transacción, y hemos resuelto apoyar el dictamen; y ya que no tuvimos la satisfacción de ver nuestra iniciativa adoptada por entero, nos hemos contentado con esa especie de rumor de aprobación que las comisiones unidas primera de justicia y primera de puntos constitucionales, han colocado al frente de sus conclusiones.

Pero esas conclusiones contienen el principio de inamovilidad; ese principio de inamovilidad, señores diputados, será un dique que desvíe la corriente de falsedad que mina, que disuelve los cimientos de nuestras instituciones, y que las hace aparecer como esos magníficos edificios construidos por los arquitectos del siglo pasado, que estamos viendo hundirse a nuestra vista.

La Constitución es nuestra arca santa; si ella contiene en tablas de piedra los textos legales, saquemos esas tablas del arca, demos vida a esos textos, porque, como dijo la Escritura: "La letra mata, el espíritu vivifica." Infundámosle el espíritu de los métodos modernos, dejémosles asimilarse a la vida misma y al organismo entero de nuestro país.

Esa arca hace tiempo que anda por los campos de los filisteos; es preciso que venga a otras manos, y de allí pase a la generación nueva, cuyos pasos viriles y presurosos sentimos a nuestra espalda.

Con esa aprobación, señores diputados, habréis hecho una grande obra de trascendental importancia: habréis prestado un gran servicio a la patria, habréis devuelto a su espíritu la confianza en el derecho, y habréis arrancado de su corazón el miedo al porvenir.

Se respeta ortografía de origen.

Fuentes: En Obras Completas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1948, t. V, pp. 109-181.; La Revolución Mexicana. Textos de su Historia. Investigación y compilación: Graziella Altamirano y Guadalupe Villa. Secretaría de Educación Pública. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. Primera edición 1985. Cuatro tomos. Tomo I. p. 155.

 
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