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MANIFIESTO DEL CIUDADANO PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA, EULALIO GUTIÉRREZ

 

MANIFIESTO DEL CIUDADANO PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA, EULALIO GUTIÉRREZ. ACUERDO DE ALTA JUSTICIA DESTITUYENDO A LOS GENERALES FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAPATA Y VENUSTIANO CARRANZA.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ENERO DE 1915.

MEXICANOS:

La Revolución Constitucionalista creyó consumado su triunfo cuando el señor General Álvaro Obregón ocupó la ciudad de México, después de que el usurpador Huerta huyó del país.

Sin embargo, pronto se vio que aquel triunfo meramente militar no era el término de la lucha social.

Todas las dificultades que han venido después, surgieron, principalmente, a causa de que el Jefe de la Revolución, señor don Venustiano Carranza, se obstinó en no condensar en un programa definitivo las aspiraciones nacionales; se negó a precisar el tiempo que debía durar su primera jefatura y la fecha en que debían celebrarse las elecciones, y se negó, igualmente, a dar garantías y libertades para que se reuniera en la capital de la República una Convención verdaderamente nacional que se ocupase en deliberar sobre todos los problemas de urgente resolución para la República.

Ante estas circunstancias contra las cuales protestaban en silencio algunos jefes y expresamente toda la División del Norte, que era la que más se había distinguido durante la compaña, y ante la amenaza de una rebelión de los valiosos elementos que la integraban, contra la autoridad del señor Carranza, un grupo de jefes, animados del deseo de restablecer la concordia, provocó la Convención de Aguascalientes, la cual celebró sus sesiones en territorio neutral y con asistencia de representantes de la absoluta mayoría de los elementos armados del país.

Una de las primeras tareas que se impuso la Asamblea Soberana, fué la formación del Gobierno de la República.

El país, en aquellos momentos, estaba dividido en tres grandes zonas militares: la del Noroeste, la del Norte y la del Noreste.

Esta última apoyaba al señor Carranza y la del Norte exigía su separación.

La Convención consideró que era de interés para el país que no estuviesen al mando de un solo hombre grandes núcleos de fuerzas: y resolvió que era necesario, para garantizar nuestras instituciones, para asegurar el cumplimiento de los fines de la Revolución y para evitar que de nuevo se entronizase un caudillo militar, proceder a la inmediata desintegración de los Cuerpos de Ejército, y con este objeto, se acordó que debían cesar en el mando los señores generales Francisco Villa, Álvaro Obregón y Pablo González, pasando todas sus fuerzas respectivas a depender de la Secretaría de Guerra.

Al mismo tiempo se resolvió que don Venustiano Carranza cesara como Primer jefe del Ejército y Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación; se determinó también que, oportunamente y cuando el General Zapata se sometiese a la Convención, se le exigiría que abandonase el mando de sus fuerzas.

El país entero acogió estas medidas con beneplácito, esperando que ellas lo salvaran del caudillaje militar de que ha venido padeciendo durante casi toda su penosa historia.

La Convención de Aguascalientes procedió enseguida a elegir Presidente de la República y por mayoría de votos fui honrado con esa designación.

Desgraciadamente, a raíz de mi elección, numerosos jefes, a causa de su adhesión personal al señor Carranza, comenzaron a manifestar su desacuerdo con las decisiones de la Convención.

Abandonaron la ciudad de Aguascalientes y muchos llegaron a desconocer abiertamente a la Convención y al nuevo Gobierno que de ella había emanado.

Fuerzas de Diéguez fueron contra la Convención desde Jalisco, por el cañón de Jalapa: las fuerzas del General Coss en Puebla desafiaron al nuevo Gobierno y las de Caballero en Tamaulipas hicieron armas contra los leales a la Convención.

A pesar de todos estos preparativos bélicos de los partidarios del señor Carranza que contrastaban con la sumisión manifestada por la División del Norte, seguí empeñándome en conservar la unión, y al efecto celebré repetidas conferencias con el señor Carranza, con el General Pablo González y con algunas otras personas y no encontré para apoyar a mi Gobierno otras fuerzas resueltas que las mías propias, las de algunos otros jefes, y las de la División del Norte.

Fueron llamados por mí a Aguascalientes los generales Álvaro Obregón, Pablo González y Antonio Villarreal con el objeto de comunicarles instrucciones y lograr que las fuerzas que de ellos dependían, apoyaran también al Gobierno de la Convención; cosa que si se hubiera logrado, habría evitado el choque entre la División del Norte y las demás fuerzas constitucionalistas, y, por lo mismo, la preponderancia que después ha tomado el General Villa.

Pero desgraciadamente los generales referidos se negaron a pasar a Aguascalientes y declararon que lucharían contra mi Gobierno, mientras no se lograse el retiro del General Villa.

Si estos, señores generales en vez de aliarse de nuevo con el señor Carranza hubiesen permanecido fieles a la Convención, habría sido innecesaria la campaña y, por lo mismo, inútil también el nombramiento del General Villa como jefe de las operaciones sobre la ciudad de México.

En vista de la situación militar, creada por la división de tan buenos elementos, la cual aprovechó el señor Carranza para seguirse titulando jefe encargado del Poder Ejecutivo, y obligado como estaba yo a hacer respetar los acuerdos de la Convención, decidí nombrar al General Francisco Villa, que por acuerdo de la misma Asamblea acababa de dejar el mando de la División del Norte, jefe de las fuerzas que, apoyando a la Convención, debían marchar desde Aguascalientes hasta la ciudad de México.

Una vez hecho este nombramiento, el Gral. Francisco Villa comenzó a avanzar con sus fuerzas, y desde ese momento me fué imposible contenerlo, pues, en su afán de combatir, desobedeció órdenes mías para suspender su marcha desde Lagos León.

Ocupó a León y continuó hacia México, apoderándose en su marcha de la Comisión integrada por los señores Iglesias Calderón y socios, que iban con el objeto de pactar convenios por los cuales quizá hubiera resultado innecesaria la lucha armada.

El General Villa sabía muy bien que la condición principal que se imponía para reconocer a mi Gobierno era su suspensión.

Dicha Comisión de Paz no llegó a hablar conmigo sino hasta que las fuerzas del General Villa estuvieron frente a la ciudad de México, la cual había sido ya evacuada por las fuerzas carrancistas, y ocupada sin combatir por las del General Zapata.

A mi entrada a esta capital fui escoltado por el General Villa y pocos días después pasaron ante mí revista de sus tropas los generales Villa y Zapata.

Junto con el personal de mi Gobierno, venían los miembros de la Convención Nacional de Aguascalientes, que son las personas en quienes reside la Suprema Autoridad del país.

Un día después que los mencionados generales protestaron su lealtad a mi Gobierno, el General Guillermo García Aragón, vicepresidente de la Comisión Permanente de la Convención de Aguascalientes y Gobernador de Palacio, fué arrestado por fuerzas del General Villa, á indicación del General Zapata, con quien tenía cuestiones personales, según lo que pude saber por conversaciones del mismo General Zapata.

Inmediatamente que tuve conocimiento de la aprehensión, ordené al General Villa que lo pusiera en libertad y éste ofreció cumplir la orden, pero pocas horas después, entregó el prisionero al General Zapata, quien lo mandó ejecutar, sin forma alguna de juicio.

Fuerzas del mismo General Zapata, por orden suya, extrajeron la noche siguiente del domicilio del General Aragón, a uno de sus mozos para ejecutarlo también, amenazando a la familia de la víctima, la cual tuvo que ocultarse para evitar nuevas venganzas.

Carente por completo de fuerzas que pudiesen obedecer una orden de prisión contra individuos que tenían a su mando millares de hombres, tuve que permanecer inactivo ante el crimen referido.

Otro de los miembros de la Convención, uno de los más distinguidos por su civismo y su talento, el C. Profesor Coronel David Verlanga, fué también asesinado la misma noche que García Aragón, después de ser extraído del Restaurant Silvain, por fuerzas del General Villa.

Ante estos atentados reuní al Consejo de Ministros para discutir las medidas que debieran adoptarse.

Aunque nos encontramos en la impotencia y amenazados en nuestras personas, hicimos saber al señor General Villa la decisión que teníamos todos de hacer respetar al Gobierno y obtener el castigo de los culpables de estos homicidios.

El General Villa contestó que los ejecutados eran malos elementos y salió de la ciudad de México dirigiéndose rumbo a Guadalajara donde se hizo culpable de nuevos atentados.

Zapata se había asentado mucho tiempo antes y por un momento creímos que sería posible reservar el castigo de estos delitos para un poco más tarde, cuando el Gobierno tuviera mayor autoridad.

Sin embargo, los miembros de la Convención de Aguascalientes, justamente alarmados, me manifestaron deseos de trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, donde se contaba con elementos que, aunque escasos, eran suficientes para darles garantías.

Se trasladaron a dicha ciudad numerosos miembros de la Convención, y el General Villa, informado por sus agentes de lo que acontecía, se atrevió a liberar órdenes de aprehensión y de ejecución contra quienes disfrutaban de fuero y eran la fuente de la autoridad de que aquél disponía.

En vista de estas terribles órdenes, los mismos señores Delegados, portando la bandera de la Convención salieron fuera del territorio dominado por el General Francisco Villa.

No solamente los generales Francisco Villa y Zapata han sido elementos perturbadores del orden social, sino que de una manera sistemática han impedido que el Gobierno entre a ejercer sus funciones en los ramos más importantes de la Administración.

En el Sur se ha pretendido que el Gobierno General no tenga derecho a nombrar a los Administradores del Timbre ni a los empleados de Correos y Telégrafos.

Durante el largo periodo que ese Estado ha permanecido bajo el dominio del General Zapata, ninguna reforma social se ha implantado allí.

Una feroz dictadura militar es la única representación del gobierno.

No ha habido elecciones ni libertades municipales y, muy principalmente, se ha olvidado la solución de las tierras despojadas y el fraccionamiento de los latifundios, se ha venido observando el sistema de dar garantías y protección al gran terrateniente a cambio de pensiones mensuales pagadas por éste al General Zapata, quien dispone del dinero de acuerdo con su voluntad, lo cual es contrario al interés público, pues la única justificación de los préstamos forzosos o de cualquier ataque a la propiedad, es que el dinero obtenido se invierta en las necesidades públicas pasando al Tesoro Nacional y distribuyéndose de acuerdo con las leyes expedidas al efecto.

Todos estos hechos contradicen de una manera flagrante lo que hay de justo y honrado en la Revolución de Morelos.

El Gobierno reconoce sinceramente cuanto hay de bueno, legítimo y trascendental, de acuerdo con las aspiraciones generales de la Revolución, en el movimiento del Sur, y faltaría a sus más graves compromisos si no le prestara una concienzuda y merecidísima atención.

Pero hay que deslindar, de una vez para siempre, a fin de que la Nación conozca hacia qué lado se inclinan la verdad y la justicia, las diferencias que existen entre las causas profundas de la Revolución de Morelos y el caudillaje zapatista que de ellas se ha venido aprovechando.

Si en este particular hubiera alguna vacilación, nadie resentiría más sus fatales consecuencias que los mismos Estados del Sur; porque el pueblo que tan generosamente le ha infundido su espíritu regenerador al movimiento de que ocupo, sería al final quien más cerca sufriese el yugo de una dictadura y de una dominación personalista en las que colaboran ocultamente, pero sin descanso, los mayores enemigos de la democracia.

El tiempo dará, si por desgracia no se encuentra oportuno remedio, una dolorosa confirmación a estos temores.

Firme en mi propósito de afianzar, hasta donde me sea posible, las aspiraciones de la Revolución, protesto que no soy hostil a las exigencias legítimas de la cuestión del Sur y que pondré a la mayor y más desinteresada energía en que se armonice con los ideales que persigue el pueblo mexicano, a fin de que llegue sin trabas al cumplimiento de sus nobles propósitos.

Pero es, si cabe, la conducta administrativa del General Villa.

Desde hace largos meses explota las Líneas Nacionales de México, gravando indefinidamente a la Nación que algún día tendrá que pagar los despilfarros que se están verificando.

Desde que comencé mis labores como Presidente, me propuse adoptar las medidas necesarias para que cesara la administración militar de los ferrocarriles y pasaran éstos a la compañía que los posee, en la cual el Gobierno tiene una importante representación.

Nada se ha podido lograr en este sentido, a pesar de los esfuerzos hechos, a causa de que todas las medidas tomadas para lograr este objeto encuentran el obstáculo del General Villa, quien explota y maneja los ferrocarriles a su arbitrio.

En la misma situación se encuentran los telégrafos federales.

Otra de las graves cuestiones que preocupan al Gobierno y al público, es el problema de nuestro papel moneda y hasta la fecha el Gobierno de mi cargo no tiene conocimiento del número de millones a que asciende la enorme emisión del Estado de Chihuahua, ni tampoco su límite, ni mucho menos el empleo que se haga del dinero.

Es indudable que la campaña hecha por la División del Norte, debe haber consumido grandes cantidades, pero esta campaña en los últimos meses hubiera podido evitarse, si mi Gobierno hubiera estado en libertad de obrar.

Las operaciones que ahora se llevan a cabo por el Jefe de la División del Norte, se desarrollan sin que la Secretaría de Guerra tome la ingerencia que es debida, y contrariando en muchísimas ocasiones órdenes expresas que ha transmitido para que suspenda el avance sobre ciertas plazas, y como ejemplo último, señalaré el caso de la ciudad de Saltillo, que acaba de ser ocupada habiendo yo ordenado que las fuerzas que han hecho la ocupación permanecieran inactivas, pues estaba en arreglos de paz con los gobernadores de Coahuila y Nuevo León.

El mismo General Villa nombra sin consultarme, gobernadores y comandantes militares en los Estados por donde pasa, usurpando de esta manera también las funciones de la Secretaría de Gobernación.

En el importantísimo ramo de nuestras relaciones internacionales, también interviene el señor General Villa, quien en sus constantes conferencias con los representantes de la prensa americana y con personalidades del gobierno de aquella Nación, hace declaraciones, ofrecimientos y promesas que no son de las atribuciones de un General que debiera limitarse a sus deberes de soldado, pues es contra el decoro nacional que, quien sólo tiene mando de tropas, se atreve a hablar asumiendo la representación del país en cualquier forma que se suponga.

Desde que regresó el General Villa a esta ciudad comencé a tener conocimiento de que se repetían los plagios y asesinatos.

A diario se ha violado el domicilio, atentando contra la propiedad y la vida, sembrándose el espanto y la alarma en la sociedad de México.

Con vergüenza e indignación he tenido que ser espectador de todas estas infamias, y deseando salvar al Gobierno de la Convención que es el único legal y el único que puede orientar al país, tuve que adoptar una política paciente de esperas y disimulos, mientras procuraba informar de los acontecimientos y pedir su concurso a todos los jefes leales y honrados, que por fortuna son la mayoría de la División del Norte, y de las demás fuerzas del Ejército Convencionista.

Conocedor el General Villa de que los actos de pillaje ejecutados en esta ciudad, que los asesinatos cometidos por su orden en Pachuca y otras ciudades de la República, no eran de la aprobación del Gobierno, y también llegado a su conocimiento que yo pretendía trasladarme de algún lugar de la República, donde mi Gobierno pudiese ejercitar sus funciones y protestar por los actos relacionados, la tarde del domingo 27 de diciembre próximo pasado, el General Villa se presentó en mi casa habitación, pistola en mano, y con ocho o diez hombres armados, entre ellos Fierro y Urbina, y más de dos mil hombres de caballería que rodearon mi casa y cambiaron la escasa guardia de hombres que la defendían.

Con el valor que les daba tal lujo de fuerza dirigida contra un solo hombre, me insultaron y me hicieron diversos cargos, entre otros el de que era débil mi Gobierno porque no había mandado asesinar a los miembros de la Convención.

No solamente los particulares han estado a merced de los señores generales Villa y Zapata; también los más altos funcionarios del Gobierno se han visto amenazados en las garantías que todo pueblo civilizado otorga a todos los seres humanos sin distinción.

Ha llegado al dominio público cierto trato por el cual el General Villa se comprometió a entregar al C. General Lucio Blanco, a fin de que un mes después de que ocupara la cartera de Gobernación y una vez que quedase desintegrada la columna que ha estado a sus órdenes, fuese fusilado por el General Zapata, quien desde hace tiempo ha venido demandando su cabeza; igual deseo ha manifestado el General Zapata respecto al licenciado José Vasconcelos, Ministro de Instrucción Pública.

El General Martín Triana estuvo también a punto de perecer víctima de la cólera del General Villa, quien lo mandó aprehender y se disponía a fusilarlo cuando el General Triana logró escapar después de una corta lucha en la cual perecieron algunos miembros de su Estado Mayor.

Como no conviniese al General Villa el Director de Telégrafos nombrado por mí, pues necesitaba en este puesto persona de toda su confianza, inmediatamente dió orden para que fuese capturado y ejecutado, y dicho señor tuvo que ocultarse para salvar la vida.

La anterior relación de hechos bastará para que todo el mundo comprenda que es imposible prolongar esta situación.

Cuando he hecho observaciones acerca de estos graves acontecimientos, ya sea a los generales Villa o Zapata o a sus consejeros más cercanos, se me ha contestado que todos ellas son medidas de la Revolución.

Yo soy un revolucionario tan antiguo, si no tan ameritado como los generales Villa y Zapata; tengo a mi lado elementos cuya adhesión a la causa revolucionaria es indiscutible, y todos tenemos una manera de entender la revolución enteramente distinta: no podemos concebirla aliada con el robo y el asesinato.

Creemos que cuando la Revolución mata, debe hacerlo públicamente, justificando su procedimiento y fundándolo en la más estricta justicia; que cuando la Revolución toma bienes ajenos, debe hacerlo conforme a leyes generales y para provecho nacional y nunca para el de los jefes que imponen préstamos y toman para sí los bienes de aquellos a quienes ellos mismos declaran enemigos de la causa.

El país no reportará beneficios, si esta revolución no encauza todas las grandes energías que la impulsan en una orientación definitiva y honrada.

Un Gobierno justiciero sabrá resolver nuestros problemas económicos, podrá destruir el latifundio, no con gravámenes que lo perpetúen como se ha hecho en Morelos, ni con usurpaciones arbitrarias como las ejecutadas en Chihuahua, que no pueden tener firmeza y que están a los cambios de la política, sino con leyes que de una vez por todas reglamenten el derecho de propiedad, impidan el acaparamiento de las tierras y garanticen al pequeño propietario contra todo atentado, aún contra los atentados de la revolución misma.

Por otra parte, las libertades políticas que son el segundo factor de importancia en la revolución, se encuentran en la actualidad más abatidas que nunca lo estuvieran en nuestra historia, y todo este inmenso movimiento popular será un fracaso enorme si no tenemos energía para sacudir las prácticas dictatoriales que traen consigo los soldados de forma y los falsos caudillos.

Es preciso recordar que en México no sólo se ha luchado por el pan, sino también por la libertad, y que juntos todos los ciudadanos debemos constituir el Gobierno, un Gobierno que respete y garantice los derechos de todos contra quien quiera que sea, y una ley que rija por igual y sea la base firme de nuestro bienestar y progreso.

Ha llegado el momento de poner una vez más a prueba el civismo de los mexicanos; ellos podrán elegir entre la dictadura más o menos halagadora que le ofrecen los caudillos del Norte y Sur y por último hasta el señor Carranza, o el Gobierno democrático y liberal que nació de la Convención de Aguascalientes y que estoy obligado y resuelto a sostener.

La Revolución ha caminado tan dificultosamente en los últimos meses y ha realizado tan poco, a causa de su división en facciones, y de que ha degenerado en el personalismo.

Son malos los revolucionarios los que siguen a Zapata, los que siguen a Villa, y los que siguen a Carranza, como lo es todo aquel que lucha por personas y no por principios, y es necesario que todos los buenos mexicanos en estos momentos que son de grave crisis para la Nación, se unan por fin en la defensa de los principios.

He vacilado antes de tomar esta resolución, que quizá sea de consecuencias graves y que tal vez nos lleva a mayor derramamiento de sangre, porque tienen a su lado fuerza material los que no han sabido respetar el Gobierno que con el concurso de ellos mismos se formara.

Pensaba también en que algunos elementos carrancistas obstinados en sostener a un hombre se aprovecharían de la escisión en el partido de la legalidad para sostener la guerra que nos han declarado.

Pero al fin, de acuerdo con las personas que integran mi Gabinete y el sentir de algunos patriotas honrados a quienes también he consultado, me resuelvo a tomar un camino que puede no ser el del triunfo, pero sí el de la honradez y, pidiendo a todos los mexicanos que cumplan con su deber, apoyándome en esta decisión del Gobierno Nacional, he tenido a bien acordar lo siguiente:

I.- Cesa en el mando de la División del Norte y todas las demás fuerzas que hayan estado bajo sus órdenes, el C. General Francisco Villa.

II.- Cesa igualmente el General Emiliano Zapata, en el mando de las fuerzas que están bajo sus órdenes y que sean leales a la Convención.

III.- El Gobierno seguirá exigiendo el retiro absoluto del señor Carranza y aceptará el concurso de los jefes militares que hasta hoy le han secundado si desisten de seguirlo sosteniendo.

IV.- Se hace saber a todos los jefes militares y a todos los elementos armados del país, leales al Gobierno creado por la Convención de Aguascalientes, que sólo deberán cumplir las órdenes que emanen directa o indirectamente de la Secretaría de Guerra.

V.- Desde luego saldrán comisiones que comuniquen de estos acuerdos a las fuerzas que no han querido reconocer a mi Gobierno porque exigían el retiro del señor General Francisco Villa, con objeto de pedirles su concurso, si fuere necesario, para que sean cumplidos.

"Constitución y Reformas".

Dado en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, Capital de la República, a los 13 días del mes de enero de 1915.

Eulalio Gutiérrez, Presidente Provisional de la República.

General Lucio Blanco.

General José I. Robles.

Lic. Manuel Rivas.

Lic. Miguel Alessio Robles.

General Mateo Almanza.

Lic. José Vasconcelos.

General Adrián Aguirre Benavides.

General Daniel Cerecedo.

Coronel Carlos Domínguez, etc.

Se respeta ortografía de origen.

Fuente: Román Iglesias González (Introducción y recopilación). Planes políticos, proclamas, manifiestos y otros documentos de la Independencia al México moderno, 1812-1940.  Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Serie C. Estudios Históricos, Núm. 74. Edición y formación en computadora al cuidado de Isidro Saucedo.  México, 1998. p. 744-751.

 
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