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LA IGUALDAD DE TODOS LOS HOMBRES ANTE LA LEY

 

Una de las más grandes aspiraciones del liberalismo de los siglos XVIII y XIX fue alcanzar y consolidar la igualdad jurídica entre los hombres; éste había sido también uno de los principales anhelos de los insurgentes. Recordemos cómo Miguel Hidalgo suprimió la odiosa distinción que establecía el sistema de castas que regía en la Nueva España. El Plan de Iguala, por su parte, proclamó que sólo el mérito y la virtud serían la medida para clasificar a los hombres. Sin embargo, tras la Independencia, dos estamentos habían logrado conservar y aun fortalecer sus privilegios de grupo: el clero y el ejército. Los intentos reformistas emprendidos por Valentín Gómez Farías en 1833 se vieron frustrados por levantamientos armados, patrocinados por la Iglesia y ejecutados por los militares, que utilizaron como divisa la expresión “Religión y Fueros”.

Tres décadas después de haber logrado nuestra emancipación de España, la Ley Sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, promulgada el 23 de noviembre de 1855 por el presidente Juan Álvarez, consiguió poner fin a esa injusta desigualdad, más ampliamente conocida como Ley Juárez, por ser Benito Juárez a quien le correspondió refrendarla en su calidad de ministro de Justicia.

La novedosa ley, además de establecer el orden administrativo de los tribunales de México, restringió los fueros militar y eclesiástico que antes significaba que tanto los miembros del ejército como los religiosos contaban con un tribunal especial, que era el único autorizado para conocer de las causas civiles y criminales en las que se viera involucrado algún individuo perteneciente a alguna de estas corporaciones privilegiadas. De manera práctica, significaba, por ejemplo, que si un arrendatario deseaba exigir a un militar o a un sacerdote el pago atrasado de la renta de un inmueble, o cualquier otro litigio de igual naturaleza, no podía hacerlo ante los juzgados comunes, teniendo que llevar su demanda a un tribunal militar o eclesiástico, en el que, por supuesto, el particular tenía todas las desventajas. En realidad la Ley Juárez no desapareció a los tribunales eclesiásticos ni a los militares, simplemente prohibió que en ellos se juzgaran asuntos en los que se hallaban involucrados intereses civiles o seculares. También se permitió que el fuero eclesiástico fuera renunciable, con lo que un religioso podía, según conviniera a sus intereses, pedir ser juzgado en un tribunal secular.

La ley elaborada con la ayuda de los destacados abogados Ignacio Mariscal y Manuel Dublán tuvo que ser ratificada por el Congreso; esto ocurrió el 21 de abril de 1856, cuando iniciaron los debates. Gran cantidad de espectadores colmaron las galerías de la Cámara de Diputados, que en aquella época se encontraba situada en el interior del Palacio Nacional. La curiosidad del público era enorme; la gente estaba consciente de que se intentaba legitimar la desaparición de un privilegio que, fundado en las tradiciones heredadas de la colonia, había convertido a los militares y a los eclesiásticos en una auténtica aristocracia poco dispuesta a dejarse arrebatar su posición.

La Comisión de Justicia encargada de examinar la ley y de elaborar el dictamen que sería sometido a discusión en el Pleno de la Cámara puso especial interés en el tema de la abolición de los fueros, a pesar de que únicamente correspondían a este punto dos artículos de un total de setenta y siete.

Se dio lectura al dictamen que inició diciendo:

Fuera de que cualquiera exención, es una injusticia y un constante amago a las garantías individuales, cuando el engreimiento con los privilegios, la preponderancia de ciertas clases y la impunidad de todo género de excesos hacen que se abuse del fuero hasta el punto de que se desatienda toda consideración social en favor de los no privilegiados; entonces esos privilegios son un cáncer que corroe a la sociedad; acaban por sobreponerse a ella, y se agitan después en una celosa disputa entre sí mismos y llegan a hacer imposible todo orden, toda garantía para el pueblo.

La Comisión —contrariamente al uso de le época— en su exposición prescindió de una larga argumentación teórica y se concretó a fijar la controversia que debía ser el motivo de discusión entre los diputados, a saber: si la extinción de los fueros, allanaría uno de los principales obstáculos para el progreso de la República; o por el contrario, resultaba más conveniente al país conservar ese privilegio.

Sus reflexiones los llevaron a siguiente conclusión:

[…] estamos convencidos de que la existencia de los fueros es altamente perniciosa al progreso de la nación, nada tan justo, tan político, tan conveniente, como aprobar, bajo este respecto, la ley de administración de justicia, que fue un gran paso para la conquista de la igualdad republicana.

Una vez leído el dictamen, los oradores tomaron la palabra. Como prueba del espíritu liberal que gobernaba el Congreso, ninguno de los que usó la tribuna defendió los fueros que se pretendía desaparecer. Las objeciones que se presentaron fueron, por una parte, que materia tan delicada y trascendente debía reservarse para la discusión de la constitución que se preparaba; otros opinaron que los diputados debían ocuparse de otros asuntos que revestían mayor urgencia y necesidad social en lugar de distraerse atendiendo cuestiones tan controvertidas. La discusión duró dos días al término de los cuales se procedió a la votación, siendo aprobado el dictamen de la Comisión por 71 votos contra trece. Se votó entonces por la ratificación de la Ley en su conjunto, la cual tuvo una mayor aceptación, pues fue aprobada por 82 votos contra uno que correspondió a Marcelino Castañeda.

La aceptación que había tenido la Ley Juárez en el seno del Congreso no fue compartida por la opinión pública que, compuesta en su mayoría por fervientes católicos, creyó ver en ella la primera de una serie de medidas que pretendía someter al clero al influjo de la Ley. Y tenían razón, se había dado un paso importante a favor de la modernización de México y de la consolidación de la soberanía interna de la nación. Esta reforma quedó plasmada en la Constitución que se promulgó en 1857: ¡No más privilegios! ¡No más exenciones! ¡Igualdad para todos los ciudadanos!

Fuente: Articulo autoría de Raúl González Lezama. 200 años de del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional. México 2010.

 
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