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HIDALGO Y LOS CIMIENTOS DEL ESTADO MEXICANO

 

¿Resulta factible hablar del gobierno insurgente de Hidalgo y Allende? Creemos que sí. Según los teóricos del Estado moderno, para que éste se constituya, requiere de tres elementos: población, territorio y poder político. Ninguna organización sería posible sin una comunidad humana con deseos de unirse para integrar un proyecto común.

El territorio o espacio físico es el lugar donde se asienta el pueblo. Hay quienes discuten si la falta del mismo, como sucede en estados en el exilio por razones de guerra u otras similares, le permiten seguir siendo una institución autónoma. La mayoría de los expertos opina que sí, siempre y cuando se trate de un fenómeno de fuerza material y sólo con carácter transitorio. Por otro lado, el territorio es necesario para que cualquier organismo estatal cumpla sus funciones, ya que es fuente de recursos y ámbito para el desarrollo de actividades.

El poder político o gobierno es la forma específica en que una colectividad se estructura dentro de un territorio a través de órganos capaces de ejercer coerción con el fin de salvaguardar la entidad política.

En el caso concreto del primer gobierno insurgente de Hidalgo y Allende, su población la integraban no sólo los sublevados, sino quienes vivían en lugares que llegaron a estar bajo su dominio, y no podemos olvidar al resto de los adictos a la causa que, lejos de las zonas en conflicto, le prestaban servicios como informantes, prestamistas, por medio de periódicos, panfletos y libros, o los que, simplemente, apoyaban con discreción el movimiento.

El territorio que llegaron a someter, aunque no fue estable y varió en cuanto a dimensiones y posiciones, tuvo una existencia real. Y el poder político se ejerció de forma indiscutible, como veremos en seguida.

Las ideas políticas de Miguel Hidalgo, que han sido estudiadas en detalle por Carlos Herrejón (Hidalgo: Razones de la insurgencia, 1987), proceden de sus años en el seminario, específicamente del estudio de los autores de la llamada segunda escolástica o escolástica moderna. Su máximo exponente, el jesuita Francisco Suárez, enseñó que toda autoridad legítima proviene de Dios. La suprema potestad no reside en un determinado individuo o grupo de ellos, sino en toda la comunidad, pueblo o nación. Este último elige libremente la forma de gobierno y a sus gobernantes, celebrando un pacto con ellos, en forma explícita o implícita, y sus posibles sucesores. Dicho pacto o convenio obliga al pueblo a la obediencia y respeto de quienes gobiernan, y a éstos, a velar por el bien común, fin último de la actividad política.

Cuando el gobernante se vuelve tirano, la estabilidad del pacto original se compromete y, en casos extremos de menosprecio del bien común, de no existir otra salida y en acuerdo general con la comunidad, se justifica el tiranicidio.

Con este bagaje intelectual y ataviado en sus razones, Hidalgo encabezó el movimiento insurgente. Si se hubiera limitado a dirigir las operaciones militares, habría dejado inconcluso su compromiso con la reivindicación del bien común. Sabía que era indispensable restablecer el pacto original con autoridades de nuevo cuño, lo cual sería imposible sin un gobierno inédito.

En cuanto a Ignacio Allende, con menos preparación libresca, se limitó a gobernar en ausencia de Hidalgo, a codirigir el ejército y a prestar apoyo en las posiciones conquistadas por los insurgentes que preferían seguir las órdenes del caudillo de Dolores, lo cual fue motivo de graves disgustos entre ellos.

En Celaya, primera ciudad que permitió la entrada pacífica de los insurgentes, porque la mayor parte de la población estaba de su parte, Hidalgo expropió fuertes cantidades de dinero que varios españoles en su huida precipitada no pudieron llevar consigo. Así se formarían las arcas del nuevo gobierno. También convenció a Mariano Abasolo para que donara el caudal monetario de su esposa a la causa revolucionaria. Con tal motivo, firmó un documento por el que obligaba a la nación a reconocer dicha deuda en cualquier tiempo. El 20 de septiembre de 1810, el líder del movimiento había estampado su firma no a nombre propio sino en el de la patria, es decir, había dejado constancia de su primer acto oficial de gobierno.

Al día siguiente, convocó al Ayuntamiento a una junta. Sólo asistieron el subdelegado y dos regidores, todos ellos criollos, pues los peninsulares habían puesto tierra de por medio, pero los suplieron algunos vecinos principales de Celaya. Ante ellos, y en compañía de los jefes de su ejército, Hidalgo se presentó, expuso los principios de su lucha y llevó a cabo nombramientos para reorganizar a las autoridades locales. En la misma sesión, los recién nombrados lo declararon capitán general, también fue nombrado teniente general Allende. Por último, las flamantes autoridades salieron a los portales de la plaza, con la imagen guadalupana al frente, que el cura había tomado del santuario de Atotonilco, mientras pronunciaba un discurso que llamaba a unirse a la causa.

La siguiente acción de Hidalgo consistió en dictar una carta dirigida al intendente de la provincia de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, para exhortarlo a entregar pacíficamente la capital de la intendencia. En ella vuelve a tomar la voz de la Nación –que escribe con mayúscula inicial– y deja entrever el trasfondo teológico-político que lo llevó a levantarse en armas:

… mi intención no es otra, sino que los europeos salgan por ahora del país. Sus personas serán custodiadas hasta su embarque, sin tener ninguna violencia. Sus intereses quedarán al cargo de sus familias o de algún apoderado de su confianza. La Nación les asegura la debida protección; yo, en su nombre, protesto cumplirlo religiosamente…

No hay remedio, señor Intendente; el movimiento actual es grande, y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos, concedidos por Dios a los mejicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales, y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente, de hombres libres, convertirlos a la degradante condición de esclavos.

Los preparativos para la siguiente campaña militar se llevaron a cabo en Celaya, donde Hidalgo se desempeñó, además, como celoso gobernante preocupado por el bienestar de la mayoría, especialmente de los menesterosos.

El 25 de septiembre, en el trayecto del ejército insurgente hacia Guanajuato, el alcalde de Irapuato puso a los pies del caudillo el bastón de mando, le entregó las llaves de su casa y se declaró a sus órdenes, gesto que respondió confirmándolo en su cargo de autoridad. El mismo día y el siguiente, en el mismo sitio, el líder de la Independencia despachó agentes para levantar en armas León, Aguascalientes, Lagos, Zacatecas, Guadalajara, Bolaños y otros lugares.

En contra de lo que podría suponerse, no siempre la autoridad de Hidalgo fue respetada por sus partidarios. A pesar del bando que publicó el 30 de septiembre para ordenar el cese del saqueo, al concluir la toma de la alhóndiga de Granaditas, no se le prestó ninguna obediencia. Sin embargo, se acataron puntualmente sus órdenes en cuanto al auxilio médico y religioso de los prisioneros e incluso al conceder el indulto a cierto número de ellos.

Como había hecho en Celaya, Hidalgo convocó a los miembros del Ayuntamiento de Guanajuato para que reconocieran su autoridad. De las dos sesiones en que intentó reunirse con ellos, la primera fue inútil, por la desgracia recién sufrida y, en la segunda, varios rechazaron sus nombramientos en servicio del grupo rebelde. Fue necesario buscar a otras personas para que fungieran como autoridades. Una vez instituidas, el líder concedió empleos dentro del ejército y ordenó establecer una casa de moneda.

La capital de la intendencia michoacana, Valladolid, actual Morelia, también recibió en paz y con festejos a los insurgentes, que entraron entre el 15 y el 17 de octubre. Aquí se repitió la ceremonia de nombrar funcionarios, entre los que se contó a José Mariano Anzorena como intendente.

Allende, quien nunca estuvo al margen de las funciones del recién creado gobierno, al darse cuenta de que en la capital michoacana se contaban por miles quienes esperaban el momento de repetir lo ocurrido en Guanajuato, se propuso evitar actos de vandalismo y saqueo, llegando a dar la orden de disparar un cañón sobre la muchedumbre que se disponía a entrar por la fuerza en casas de españoles.

Antes de abandonar Valladolid, el 19 de octubre, el cura ordenó al intendente Anzorena publicar por bando un decreto para abolir la esclavitud, el pago de tributos y otras gabelas que sufrían las castas. El 22 de octubre, en Acámbaro, Hidalgo recibió el título de Generalísimo y Allende, el de Capitán General. Este día se conmemora el nacimiento formal del ejército insurgente.

A cargo del gobierno en el territorio ocupado por las fuerzas independientes, se designó al licenciado José María Chico como ministro de Policía y Buen Gobierno. Apunta Luis Castillo Ledón que el cargo, entonces, “venía a ser como Ministro de Gobernación”.

El ejército marchó hacia la capital virreinal, que nunca alcanzó; en su lugar entró a Toluca, y el 30 de octubre celebró su primera gran victoria en la batalla del monte de las Cruces.

No obstante haber sido derrotados el 3 de noviembre en San Jerónimo Aculco por las tropas realistas del general Calleja, los insurgentes hicieron entrada triunfal en Guadalajara, el día 26, donde su gobierno tomó las decisiones más trascendentales. Según explican los historiadores, grata sorpresa causó en Hidalgo encontrar un elevado número de adherentes en la segunda ciudad en importancia del virreinato, lo cual le infundió ánimo para continuar y realizar actos de gobierno de mayor envergadura.

El líder insurgente nombró coronel y comandante en el distrito de Tepic a Rafael de Híjar, dándole autorización para designar empleados de gobierno. En la misma oportunidad llevó a término varias otras designaciones militares con el fin de que el movimiento continuara en pie de guerra en las más diversas regiones.

Son célebres los decretos que entonces dictó, gracias a que ahora contaba con una imprenta. Entonces se vieron impresos los bandos para abolir la esclavitud, derogar tributos, alcabalas a los productos nacionales y extranjeros, prohibición del uso del papel sellado y suprimir los estancos, como lo había hecho antes Anzorena, en cumplimiento de sus órdenes, en Valladolid. A la semana siguiente, Hidalgo reiteró la misma orden, agregando que los dueños de esclavos tenía un plazo de 10 días para hacerlos libres. También proscribió que se tomaran caballos y forrajes sin contar con el permiso necesario de las autoridades insurgentes debidamente establecidas en los territorios conquistados (1 de diciembre) y aportó la primera legislación en materia agraria del país, en un breve decreto en el que ordenaba restituir a los naturales la propiedad de sus tierras (5 de diciembre). Al calce de los más de estos documentos, aparecía como secretario de gobierno el jurista Ignacio López Rayón, que se había unido a la causa el 23 de octubre.

Hasta el 9 de diciembre, Allende alcanzó a Hidalgo en Guadalajara, pues se habían separado, involuntariamente, durante la retirada de Aculco. No obstante las diferencias entre ellos, el cura salió a recibirlo en compañía de los altos mandos y de cantidad de tropas, en medio de salvas de artillería y aclamaciones de la población. Al día siguiente discutieron en privado por varias horas.

No sólo el ejército, sino también el gobierno revolucionario, comenzó a reorganizarse a los pocos días: se crearon dos ministerios, uno de Gracia y Justicia, a cuyo cargo quedó el licenciado José María Chico, y otro de Estado y del Despacho, bajo la responsabilidad de López Rayón.

La Audiencia de la Nueva Galicia fue conformada por nuevo personal: José María Castañeda, en calidad de presidente, y José Ignacio Ortiz de Zárate, Francisco Solórzano y Pedro Alcántara de Avendaño, como oidores.

Hidalgo recibía todos los días las peticiones de sus gobernados, sentado bajo el dosel del salón principal de la Audiencia.

A partir del 20 de diciembre, comenzó a aparecer El Despertador Americano, diario oficial del gobierno insurgente, dirigido por el Dr. Francisco Severo Maldonado, quien llegó a publicar seis números. El nombre de la gaceta también respondía a la propaganda que había en sus páginas para despertar a los lectores indecisos en pro de la causa de la independencia.

Indispensable para todo Estado en ciernes son las relaciones con el exterior y el reconocimiento de otros estados en un plano de igualdad. A tal efecto, el primer nombramiento diplomático del gobierno insurgente recayó en el guatemalteco Pascasio Ortiz de Letona, quien fue enviado a buscar ayuda a los Estados Unidos, en calidad de representante de los rebeldes, dotado de las credenciales necesarias para poder “tratar, ajustar y arreglar una alianza ofensiva y defensiva, tratados de comercio útil y lucroso para ambas naciones”, y firmar “cualesquiera artículos, pactos y convenciones conducentes a dicho fin”. Lamentablemente, en el camino hacia su destino fue capturado y, antes de ser sometido a proceso por el enemigo, decidió quitarse la vida. Aunque fue suplido por Bernardo Gutiérrez de Lara  –de cuyo destino nada sabemos–, no se tiene noticia de que el primer gobierno insurgente haya logrado ningún acuerdo con los Estados Unidos.

En enero de 1811 se renovaron las autoridades en el Ayuntamiento de Guadalajara: como alcaldes se designaron al licenciado Miguel Marín y al señor Crispín Velarde; regidor, Antonio Iriarte; síndico primero, al licenciado Juan de Dios Cañedo y como síndico segundo, al doctor y maestro Pedro Vélez. Todos fueron electos con la aprobación de Hidalgo.

Realmente efímera –menos de dos meses– fue la vida del primer gobierno insurgente bajo el mando de los caudillos Hidalgo y Allende. De cualquier modo, sus actos no dejan lugar a duda sobre las intenciones de sustituir un gobierno tiránico para poner en su lugar otro más cercano a los principios de justicia y a los intereses de la nación. Otra prueba de su importancia, que podríamos llamar negativa, aparece en el castigo a que se sometía a cualquier persona que conservara documentos del grupo rebelde, en lugar de entregarlos al juez de su localidad. El 21 de enero de 1811, el virrey Venegas ordenó quemar las proclamas y demás papeles de Hidalgo, “por haber esparcido un manifiesto impreso en forma de edicto, y otros cortos papeles manuscritos, tan sediciosos como aquel, en que suponiendo atrevidamente falsedades contra los europeos, quiere hacer servir estas imposturas de pretexto al atroz desahogo de su violenta pasión, burlándose descaradamente de los anatemas que le ha fulminado el santo tribunal de la Inquisición con respecto a sus herejías, imponiendo leyes a su arbitrio, para cometer los robos y asesinatos más crueles e inauditos, y queriendo persuadir que defienden la causa de la religión que ultraja, y de la patria que destruye”.

Los rebeldes, acusados de socavar los fundamentos de la religión y de la patria, echaron los cimientos de un gobierno con instituciones. No sólo apelaron a la violencia y a la destrucción propia de la guerra, porque su objetivo era darle una nueva estructura a la nación con autoridades verdaderamente extraídas de su suelo e interesadas por los asuntos del país. Más adelante, Morelos y sus hombres darían el paso siguiente. Los insurgentes que prosiguieron la lucha no echaron el ejemplo en saco roto, hasta que lograron la consumación de la independencia.

Fuente: Articulo autoría de Miguel Ángel Fernández Delgado. 200 años de del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional. México 2010.

 
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