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LA IGUALDAD DE TODOS LOS HOMBRES ANTE LA LEY

 

Una de las más grandes aspiraciones del liberalismo de los siglos XVIII y XIX fue alcanzar y consolidar la igualdad jurídica entre los hombres. Esto había sido también uno de los principales anhelos de los insurgentes. Recordemos cómo Miguel Hidalgo suprimió la odiosa distinción producida por el sistema de castas imperante en la Nueva España. El Plan de Iguala, por su parte, proclamó que sólo el mérito y la virtud serían la medida para clasificar a los hombres. Sin embargo, tras la independencia, dos estamentos habían logrado conservar y aún fortalecer sus privilegios de grupo: el clero y el ejército. Los intentos reformistas emprendidos por Valentín Gómez Farías en 1833 se vieron frustrados por levantamientos armados, patrocinados por la Iglesia y ejecutados por los militares, quienes utilizaron como divisa la expresión “Religión y fueros”.

Tres décadas después de haber logrado nuestra emancipación de España, la Ley sobre administración de justicia y orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, promulgada el 23 de noviembre de 1855 por el presidente Juan Álvarez, consiguió poner fin a esa injusta desigualdad.

Más ampliamente conocida como Ley Juárez —por ser Benito Juárez, en su calidad de ministro de Justicia, a quien le correspondió refrendarla—, el novedoso ordenamiento, además de establecer el orden administrativo de los tribunales de México, restringió los fueros militar y eclesiástico. Antes de la nueva ley, tanto los miembros del ejército como los religiosos, contaban con un tribunal especial, único autorizado para conocer de las causas civiles y criminales en las que se viera involucrado algún individuo perteneciente a alguna de estas corporaciones privilegiadas. De manera práctica significaba, por ejemplo, que si un arrendatario deseaba exigir a un militar o a un sacerdote el pago atrasado de la renta de un inmueble, o emprender cualquier otro litigio de igual naturaleza, no podía hacerlo ante los juzgados comunes, sino ante un tribunal militar o eclesiástico, en donde, por supuesto, el particular tenía todas las desventajas. En realidad la Ley Juárez no desapareció los tribunales eclesiásticos ni los militares; simplemente prohibió que en ellos se juzgaran asuntos civiles o seculares. También se permitió la renunciabilidad del fuero eclesiástico, con lo que un religioso podía, según conviniera a sus intereses, pedir ser juzgado en un tribunal secular.

El 21 de abril de 1856 iniciaron los debates para la ratificación de esta ley, elaborada con la ayuda de los destacados abogados Ignacio Mariscal y Manuel Dublán. Gran cantidad de espectadores colmaron las galerías de la Cámara de Diputados, que en aquella época sesionaba en Palacio Nacional. La curiosidad del público era enorme, consciente de que se intentaba legitimar la desaparición de un privilegio fundado en las tradiciones heredadas de la colonia, que había convertido a los militares y a los eclesiásticos en una auténtica aristocracia poco dispuesta a dejarse arrebatar su posición.

La Comisión de Justicia encargada de examinar la ley y de elaborar el dictamen que sería sometido a discusión en el Pleno de la Cámara, puso especial interés en el tema de la abolición de los fueros, a pesar de que únicamente correspondían a este punto dos artículos de un total de 77.

Se dio lectura al dictamen que inició diciendo:

Fuera de que cualquiera exención, es una injusticia y un constante amago a las garantías individuales, cuando el engreimiento con los privilegios, la preponderancia de ciertas clases, y la impunidad de todo género de excesos, hacen que se abuse del fuero hasta el punto de que se desatienda toda consideración social en favor de los no privilegiados; entonces esos privilegios son un cáncer que corroe a la sociedad; acaban por sobreponerse a ella, y se agitan después en una celosa disputa entre sí mismos y llegan a hacer imposible todo orden, toda garantía para el pueblo.

En su exposición, contrariamente al uso de la época, la Comisión prescindió de una larga argumentación teórica y se concretó a fijar la controversia que debía ser el motivo de discusión entre los diputados; a saber: si la extinción de los fueros allanaría uno de los principales obstáculos para el progreso de la República o, por el contrario, resultaba más conveniente al país conservar ese privilegio.

Sus reflexiones los llevaron a siguiente conclusión:

…estamos convencidos de que la existencia de los fueros es altamente perniciosa al progreso de la nación, nada tan justo, tan político, tan conveniente, como aprobar, bajo este respecto, la ley de administración de justicia, que fue un gran paso para la conquista de la igualdad republicana.

Una vez leído el dictamen, los oradores tomaron la palabra. Como prueba del espíritu liberal prevaleciente en el Congreso, ninguno de los que hicieron uso de la tribuna lo hizo para defender los fueros que se pretendía desaparecer. Las propuestas más reiteradas fueron, por una parte, reservar una materia tan delicada y trascendente para el debate de la constitución proyectada; otros opinaron que los diputados deberían de ocuparse de otros asuntos de mayor urgencia y necesidad social, en lugar de distraerse atendiendo cuestiones tan controversiales. La discusión duró dos días, al término de los cuales se procedió a la votación, siendo aprobado el dictamen de la Comisión por 71 votos contra 13. Se votó entonces por la ratificación de la Ley en su conjunto, la cual tuvo una mayor aceptación, pues fue aprobada por 82 votos contra uno de Marcelino Castañeda.

La aceptación de la Ley Juárez en el seno del Congreso no fue compartida por la opinión pública, que, compuesta en su mayoría por fervientes católicos, creyó ver en ella el primero de una serie de medidas encaminadas a someter al Clero al influjo de la Ley. Y tenían razón, se había dado un paso importante a favor de la modernización de México y de la consolidación de la soberanía interna de la nación. Esta reforma quedó plasmada en la Constitución promulgada en 1857: ¡No más privilegios! ¡No más exenciones! ¡Igualdad para todos los ciudadanos!

Fuente: Articulo autoría de Raúl González Lezama, investigador del INEHRM.

 
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