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REPÚBLICAS DE ESPAÑOLES EN LA NUEVA GALICIA EN EL SIGLO XVI

 

1. Introducción

El concepto de "república", un tema clásico de la ciencia política, presenta varias dificultades para su comprensión en el ámbito histórico, especialmente en materia de historia de las colonias españolas en América. Tan es así, que ya son varios los historiadores que llaman la atención sobre el tema y desde distintos ángulos. La necesidad de esclarecer este aspecto se debe a la exigencia de una mejor explicación de las realidades institucionales coloniales, como la que nos ocupa en esta ocasión: la Nueva Galicia, en el virreinato de la Nueva España, en el siglo XVI.

El concepto república era frecuentemente usado en esa época, tanto en el lenguaje jurídico y político de la Corona, dirigido hacia sus dominios coloniales, como por el común de súbditos que los habitaban. Además, como concepto propio de la filosofía política, podía llegar a materializarse en diversas formas institucionales de organización política, tal y como fueron las diputaciones mineras, creadas en el norte de la Nueva Galicia, durante la segunda mitad del siglo XVI; o bien, en su versión más clásica de comunidad política local, es decir, los concejos municipales o cabildos seculares.

Esclarecer el concepto, no sólo abona en pro la clarificación de la historia de esta región del México contemporáneo, sino que en cierta forma puede servir también para el conocimiento de los aspectos políticos del resto de la sociedad colonial.

Como la mayoría de las instituciones jurídico-políticas del mundo colonial hispanoamericano, la república tenía una acepción diferente a la contemporánea; de manera especial, era distinta a la actual idea de república, como antítesis de monarquía.

El uso dado al concepto en el siglo XVI tampoco equivale a las acepciones posteriores del siglo XVIII, por ejemplo, impregnadas por el espíritu ilustrado; en cambio, se encuentra más conectado a las categorías clásicas y medievales que, en conjunto, influyeron las instituciones implantadas en los territorios americanos. En mucho abreva también esta noción, república de españoles en las colonias americanas, en la ideología absolutista y en el proceso de transformación del Estado español en la época de los Reyes Católicos. También es cierto que el límite de las reminiscencias clásicas y medievales en el concepto de república, se encuentra en el perfil de un imperio en expansión, que quiso imponer la autoridad de la monarquía, venciendo resistencias de los poderes sociales tradicionalmente reticentes al proceso de modernización del Estado.

Por otra parte, existe una fuerte tendencia por obviar el contenido social de este tipo de repúblicas o comunidades políticas de españoles, por identificar su aspecto formal con las comunidades indígenas reducidas a la "vida en policía".

Hoy sabemos que la expansión de la Nueva España estuvo motivada por varios factores, como la necesidad de ordenar la política de población, así como el aprovechamiento de las riquezas minerales del norte y otras como el desarrollo de la política de segregación, impulsada desde la metrópoli y apoyada por los primeros virreyes, que proyectó dos formas de vida política paralela: la república de indios y la de españoles. En cambio, no tenemos aún suficientes datos acerca de la cobertura jurídica -y sus fundamentos filosóficos- que acompañó al establecimiento de nuevos centros de población en los extensos territorios despoblados o de interés económico para la Corona. Es ahí donde este trabajo quiere incidir, pues se propone describir brevemente este proceso de expansión, así como explicar los rasgos institucionales que se asignaron a estas comunidades políticas y el papel desempeñado por los grupos sociales, nucleados en torno a la vida en policía que acompañaba a cada nueva república de españoles. A partir de este objetivo, podrían compararse las características institucionales asignadas también a las repúblicas de indios, creadas paralelamente.

2. La idea de república en el siglo XVI

En tiempos de la conquista, pacificación y primeros procesos de la colonización de la Nueva Galicia, el Estado español daba ya indicios de un proceso que culminaría con su modernización. Horst Pietschman plantea, basado en Roland Mousier, que el Estado español en tiempos de la colonización americana, es tenido ya como una persona jurídica, materializada en la propia monarquía castellana.(1)

No obstante que el debate sobre la naturaleza moderna del Estado español, al tiempo de la conquista de América, está vigente y de que es innegable la persistencia de elementos políticos estructurales de influencia medieval, hay coincidencias al aceptar que la ideología del régimen colonial español encontró su más inmediato antecedente de modernización en las Siete Partidas, hechas por Alfonso X, el Sabio, en el siglo XIII; obra jurídico-política que legitimó la existencia del Estado corporativo implantado sobre una población de vasallos, en un territorio definio, regido sólo por la autoridad del monarca, que a su vez obtiene la prerrogativa de gobierno por designio divino. Las Partidas proporcionaron a la Corona un respaldo jurídico codificado, concentrado y unitario, para la extensión y aplicación de su jurisdicción, incluso hasta Ultramar.(2)

El reinado de los Reyes Católicos y el advenimiento de la casa de Habsburgo, propiciaron elementos de modernización del Estado al grado que, en términos generales, respecto de España "se podría hablar de una Baja Edad Media bastante moderna y, posteriormente, de una reafirmación de aspectos medievales en la Epoca Moderna, a partir de fines del siglo XVI".(3)

El proceso modernizador de la monarquía española se dio mediante una curiosa política que miraba, en cierta forma, al pasado. A más del ejemplo de las Siete Partidas, del siglo XIII, pueden citarse la reactivación de viejas instituciones de carácter medieval que fueron instrumentadas a partir de los Reyes Católicos en su intento por reafirmar la soberanía real y su materialización en la figura del monarca: la Inquisición y la Santa Hermandad son dos buenos ejemplos a este respecto.

Estas instituciones fueron revividas, al mismo tiempo que un conjunto de viejas concepciones monárquicas provenientes de la antigüedad clásica y de la escolástica, que tuvo un auge tardío en la península Ibérica.

En la persistencia de estos viejos preceptos filosófico-políticos, podemos encontrar los fundamentos para la instauración del régimen de control político en las Indias. El descubrimiento y la colonización propició un intenso debate entre la intelectualidad española de la época.(4) La discusión giró, entre otras cosas, en torno a los fundamentos de un gobierno para las Indias y no se dio al margen del estado de la cuestión, que para esos años guardabas el concepto de república.

El gobierno de los naturales, así como de los propios españoles de las Indias, pasaba por instituciones publicas de base, cuya existencia era sancionada por el derecho, dando así vida a las comunidades políticas formadas por los súbditos del rey, ya fueran aquellas ayuntamientos en sentido estricto o instituciones de naturaleza diversa, como las diputaciones de minas en la Nueva Galicia.(5)

Había una raigambre antigua del término república. Los griegos conocieron la palabra "politeia" -los romanos le llamarían "res publica"- para designar a la cosa pública, es decir, los asuntos del pueblo y era sinónimo de bien común. Una de las definiciones más antiguas, cuyos principales elementos perduraron en las posteriores concepciones medievales, es atribuida a Cicerón, quien destacó al "interés común" como elemento esencial de la república, así como "el consenso a una ley común", es decir, al medio a través del cual una comunidad busca vivir en justicia; concluía oponiendo el concepto a los gobiernos injustos -las tiranías-, mas no a las monarquías, como sucedería más tarde en el siglo XVIII.

Durante la Edad Media, el concepto, conservando elementos básicos, sufrió variaciones importantes para adaptarlo a las dos formas de organización del poder vigentes en la época: el "Regnum" y la "Civitas". En esta última categoría, referida a la organización del poder de las comunidades de vasallos, era donde se englobaban los conceptos de "communitas" y "populus", que perduraron mediante el periodo hasta bien entrada la Edad Moderna, en su acepción de "pequeñas repúblicas".

Otro rasgo de la filosofía política medieval es la creación de un concepto clave y sintético de la política: "la res publica christiana", que representa el universo de la sociedad cristiana que compatibiliza los poderes eclesiástico y secular, amos obra de Dios para mantener la paz y la justicia entre los hombres. Santo Tomas, a su vez, de acuerdo con Aristóteles, concibe al hombre como un animal sociable y político por naturaleza y no entiende la vida del individuo al margen de la comunidad, en su modelo corporativo de sociedad. Por esta razón natural ve como necesario "que haya en los hombres algo por lo que se rija la mayoría. Pues al existir muchos hombres y preocuparse cada uno de aquello que le beneficia, la multitud se dispersaría en diversos núcleos a no ser que hubiese alguien en ella que cuidase el bien de la sociedad".(6) En este orden de ideas, la comunidad política precisa de un orden basado en la jerarquía, para ser dirigida hacia su propio bien. Cuando la comunidad es gobernada por un grupo, en la cúspide de esa jerarquía, la forma de gobierno adquiere el nombre de "política" o "policía"; Tomás también distingue la demagogia de la policía, en el sentido de que esta última -gobierno de muchos-,(7) se preocupa por el mantenimiento del bien común, o más bien dicho, de los bienes comunes, entre los cuales el principal es la paz.(8)

Partiendo del estado de la cuestión sobre la idea de república, los intelectuales españoles que debatieron el mundo colonial en el siglo XVI, encontraron que había una serie de elementos comunes rescatados de la antigüedad y que se habían fortalecido, con matices cristianos, durante la Edad Media. En primer lugar, desde Cicerón, uno de los elementos distintivos de la república fue el de la obediencia de la comunidad a un orden jurídico, el consenso a una ley común, o bien, como seguía creyéndose aún en tiempos de Jean Bodin: la vigencia de un "droit gouvernment", como oposición a los regímenes sustentados en la violencia. En segundo lugar, la república daba una idea de orden en apego a los principios éticos del derecho. En tercer lugar, el orden de las comunidades políticas traía aparejado un principio de jerarquía. En cuarto lugar, era intrínseco a la república el objetivo de garantizar una serie más o menos explícita de bienes comunes, en oposición a los bienes individuales; el primero de ellos -condición para la consecución del resto-, era la paz. Asimismo, el principio que nucleaba a los hombres, como cuerpo social organizado en torno al bien común, era derivado directamente de la naturaleza política y gregaria de los sujetos, es decir, el Derecho Natural. Mediante su pensamiento político, Santo Tomás reconcilió el político y civil de los hombres con el aspecto de la salvación personal. De su lectura se desprende que el orden de la comunidad política -para él la ciudad cristiana-, había surgido en gran parte como producto de la cultura, pero sus principios absolutos se encontraban en la naturaleza humana. Las investigaciones de los especialistas con frecuencia no incursionan en este múltiple significado del concepto, tal y como ocurrió con Rafael Altamira, cuando redujo a la República al "Estado (en el sentido de cuerpo político de una nación), forma de gobierno representativo en que el poder reside en el pueblo y Municipio en el doble sentido de vecindario, regido por un ayuntamiento y el propio ayuntamiento".(9)

Entre la idea recogida por Altamira y la versión que sobre la república en Indias proporciona la Recopilación -más tarde desarrollada por Solórzano-, puede descubrirse que hay una diferencia clara: la imposición del principio -propio de la monarquía absoluta- consistente en que el origen del poder ejercido por la comunidad política es el rey. Al contrario de lo aseverado por el jurista alicantino, la legislación indiana apuntaló la supremacía del poder del soberano en relación a la comunidad de vasallos, expresada aquélla incluso a través de las autoridades que nombraba la Corona para el gobierno de las colonias. La monarquía era considerada como el origen de la prerrogativa para la conformación de las repúblicas en Indias, concedida a las comunidades políticas. De la resolución del conflicto soberano-

comunidad, en el proceso de institución de las repúblicas indianas, se obtiene el tipo de vida política existente en las villas y ciudades coloniales, por lo que atañe al origen de la soberanía.

Pese a que se ha caracterizado a las ciudades hispanoamericanas y a sus instituciones como un legado medieval,(10) hay que acotar algunas de las objeciones concretas que matizan tal información. Las características institucionales que inducen a Luis Weckman, por ejemplo, a tener por válida esta tesis -

basado en las observaciones de Gil Munilla-, no se refiere a la teoría de la soberanía desarrollada por el absolutismo y su relación con las comunidades políticas, sino más bien a las atribuciones administrativas y de gobierno interior que tales repúblicas ejercieron;(11) sin embargo, más que semejanzas estructurales, el contraste radica, como ya se insinuó arriba, en las diferentes teorías políticas que sirvieron de sustento a la creación de la república.

La Edad Media generó un tipo de derecho local que sirve para descifrar la naturaleza específica de las repúblicas de las villas y ciudades. En él existe una patente muestra de la autonomía de aquellas comunidades, opuesta a veces a la autoridad señorial o propiamente monárquica y más cercana a los principios del derecho natural, luego proclamados por el tomismo. Uno de estos tipos de derecho local en la península Ibérica lo constituyeron los llamados "pactos" o "conveniencias señoriales", que si bien eran una especie de contrato de adhesión en que se establecían las condiciones jurídicas y económicas mediante las cuales el señor aceptaba la instauración de una comunidad -generalmente de agricultores- en sus dominios, era muy frecuente que representaran "la cristalización de un acuerdo entre ambas partes, previo o posterior al establecimiento de los cultivadores"(12). Otras fuentes del derecho de la Alta Edad Media hispánica lo encontramos en los "fueros", es decir, ordenamientos jurídicos que regían la vida de una comunidad local o comarcal y que comenzaron a aparecer en la península a partir del siglo IX, generalizándose por todo el territorio peninsular en los siglos subsecuentes, especialmente en el XII. Lo más notable de estas fuentes -aparte de contener disposiciones de carácter penal y principios que consagraban la autonomía administrativa y judicial de las ciudades y villas-, es su estricta inspiración consuetudinaria, pues en muchos de los casos la costumbre solía ser la principal fuente que alimentaba los principios jurídicos de los fueros -al grado que, por ejemplo, en el extremo nororiental peninsular se les conocía como "consuetudines", "usatgest" o "costums"-.(13) Cuando mucho estaban sujetos a negociación y no a la mera imposición del poder señorial o real, que era extraño a la dinámica interna de la comunidad de ciudadanos, dado que las villas se planteaban la adquisición de "un grado más o menos extenso de autonomía política y de 'self-government' local",(14) necesidad que sobrevenía más de necesidades socioeconómicas propias de las ciudades, que de complicadas elaboraciones teóricas. En contrapartida, Solórzano, siempre pragmático, afirma en su "Política indiana" que las repúblicas de los españoles, tanto como las de los indios, debían formar un solo "cuerpo místico", cuyos miembros debían clasificarse como gobernantes y gobernados, conforme a su capacidad; del mismo modo, señala como partes del cuerpo místico de la República a diversos giros y profesiones tales como la agricultura, el comercio, las profesiones liberales y la magistratura, entre otros. En ese sentido, siguiendo a Platón, afirma que la república es "un cuerpo, compuesto de muchos hombres, como de muchos miembros, que se ayudan y sobrellevan unos a otros; entre los cuales, a los pastores, labradores y otros oficiales mecánicos, unos los llaman pies y otros brazos, otros dedos de la misma República, siendo todos en ella forzosos, y necesarios, cada uno en su ministerio, como grave, y santamente nos lo da a entender el apóstol san Pablo".(15) Y entre esa pluralidad de componentes del común, sin embargo, diferencia las vocaciones de los diversos sectores, de acuerdo a sus aptitudes, con criterios de clara inspiración aristotélica, tanto para el trabajo los unos, como para el mando y el gobierno, los otros.

Por otro lado, la república es una entidad política de vasallos que en conjunto engloba dos "brazos" o elementos políticos: el eclesiástico y el secular.(16) Se obtiene, pues, que el proceso de población de las Indias, con la creación de ciudades y villas, implicaban necesariamente la constitución de repúblicas, en las cuales los "vecinos y ciudadanos" elegían anualmente de entre ellos sus jueces o alcaldes ordinarios "que dentro de sus términos y jurisdicciones tuviesen y ejerciesen la jurisdicción civil y criminal ordinaria, no de otra suerte que si por el mismo rey hubieran sido nombrados, "que es el que dio a los cabildos el derecho de estas elecciones".(17) Este derecho derivado del soberano, además, representaba una preeminencia que ejercían en los territorios coloniales tanto los virreyes como las audiencias y corregidores, a quienes debía pedirse confirmación de los nombramientos hechos año con año por las repúblicas de ciudadanos, así como de los estatutos y ordenanzas que los cabildos elaboraran para su mejor gobierno.

Vale la pena comentar que la obra de Solórzano se inscribió en el intento por afianzar la ideología regalista de la monarquía absoluta;(18) como consecuencia de ello, plantea en primer lugar, las comunidades políticas reciben el derecho a darse República -entendida como vida en justicia, mediante la elección de jueces de entre sus integrantes- directamente de la soberanía del monarca. Sólo en momentos de urgencia, la creación de la República puede hacerse con base en el derecho natural, en supleción del eminente derecho del rey. La derrota del derecho natural, como base de la soberanía popular, fue causada por la imposición de la soberanía real.

Esta línea ideológica se remarcaba también en la "Recopilación de leyes de los reinos de las Indias", que aceptaban, como fundamento originario de la posesión y gobierno de las Indias en favor de la monarquía española, al designio divino, dando continuidad así a los axiomas absolutistas contenidos en las Siete Partidas, siglos atrás, que designaban al rey como un vicario de Dios para mantener a la grey en una vida sustentada en la justicia. El propio Solórzano llegó a afirmar en sus ensayos políticos que "en los emperadores, reyes y príncipes soberanos y absolutos está y reside la raíz y fuente de todo lo jurisdiccional de sus estados".(19)

En la Nueva España y en el resto de los territorios ultramarinos, la doctrina de la supremacía de la autoridad real en todos los aspectos de la vida social, fue imponiéndose paulatinamente mediante la burocracia colonial, en un proceso mediante el cual se había "consolidado e institucionalizado la conquista en nombre y para provecho de la Corona española".(20)

En los hechos, el poder del rey para crear repúblicas con sus correlativas instituciones de administración local, era ya plenamente reconocido y excepcionalmente cuestionado desde los inicios de la conquista de la Nueva España, como fue el caso de la fundación de Veracruz en 1519.(21) Ese poder fue entendido siempre en la legislación indiana como una prerrogativa real, desde las indicaciones para su asentamiento hasta su clasificación y el orden asignado a las repúblicas. La visión más completa de esta facultad la encontramos en las "Ordenanzas sobre descubrimiento, pacificación y población de las Indias", dadas en 1573 por Felipe II y que a su tiempo fueron retomadas en la "Recopilación" de 1680. Una de estas ordenanzas se refiere precisamente a que "habiendo elegido sitio, el gobernador declare si ha de ser ciudad, villa, o lugar, y así forme la República". En el texto de la ley, se ordena un acto inicial de definición en cuanto al carácter de la población -como ciudad, villa o lugar- y asigna a cada cual, según su rango, un determinado número de cargos y oficiales a ser elegidos o nombrados.(22)

En síntesis: a cada población colonial le corresponde una forma jurídica y política, en el sentido de que en ella se representa el "núcleo aglutinador de lo que pudiéramos llamar 'estado llano' de la colonización",(23) es decir, la república, que se expresa en el cabildo o en otras formas de administración local de vida política, de acuerdo a la clasificación que recibiera el poblado.

3. El proceso de creación de repúblicas españolas en la Nueva Galicia

3.1. Las primeras villas y ciudades en el occidente novohispano y sur de Nueva Galicia

Antes y durante el proceso de conquista del Occidente novohispano y en la Nueva Galicia, los conquistadores comenzaron un irregular proceso de población con la fundación de villas de españoles en los territorios paulatinamente sometidos. Podemos distinguir una etapa temprana en este proceso. Desde 1523 fue fundada la Villa de Colima, por ejemplo, pero especialmente a partir de 1530 fueron fundadas también la Villa del Espíritu Santo en 1531 -la cual se convertiría en Compostela al año siguiente-, la Villa de la Purificación en febrero de 1533 y en el extremo norte de la región, se instituyó la Villa de San Miguel de Culiacán en septiembre de 1531.(24) Asimismo, Guadalajara logró asentarse definitivamente en el Valle de Atemajac en 1542.

En esta primera etapa pudieron sentarse las bases para una expansión colonial y para la creación de repúblicas municipales en esta parte de la geografía novohispana. Parte del contexto que caracterizó a estas repúblicas fue la existencia de influyentes grupos de terratenientes y encomenderos de antecedente benemérito, quienes conforme se establecía la paz en la región, aspiraron a organizar su vida política con relativa autonomía en el marco de instituciones municipales en las villas y ciudades. Este proceso equivalía a la estabilización de las condiciones de dominio de los grupos indígenas conquistados y al establecimiento de un orden político propicio para el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en las diferentes zonas que así lo permitían. En contrapartida, desde arriba, con oficiales reales, gobernadores y finalmente, en 1548, con la Audiencia de Nueva Galicia, se fue instaurando la autoridad de la Corona. Aparecieron las jurisdicciones y límites, los mecanismos para el control político sobre los mismos conquistadores y las oligarquías encomenderas representadas en los cabildos municipales.

Los límites de la Audiencia, fueron fijados inicialmente sobre los territorios efectivamente conquistados por Nuño(25) y, paulatinamente, se extendieron hacia las regiones más septentrionales, jalonados por el descubrimiento de las minas de Zacatecas en 1546. Este hecho, de gran importancia económica, marcó el inicio de otra etapa de colonización que trajo consigo la creación de nuevos asentamientos de españoles, bajo la sanción de la Audiencia de la Nueva Galicia y con el impulso de los virreyes de la Nueva España.(26)

3.2 Las repúblicas municipales en la frontera minera y el camino de la plata

Este tipo de repúblicas más tardías aparecieron, ya no bajo el incentivo que para los españoles representaba la conquista, sino más bien motivadas por un proceso de crecimiento económico sustentado en la minería y en la serie de procesos comerciales y productivos que ésta logró generar en su entorno lejano y cercano.(27) Estamos así en el periodo de creación de las repúblicas de las fronteras mineras y de los caminos que conducían a ellas desde la capital del virreinato.

Al descubrimiento de las vetas de Zacatecas, hacia el norte se sucedieron, uno tras otro, descubrimientos metalúrgicos de mayor o menor importancia, acompañados en algunos casos por la instauración de diputaciones de minas sobre la base de comunidades políticas de pobladores españoles mineros; tales fueron los casos de reales de minas como San Martín Sombrerete y Chalchihuites alrededor de 1555, Avino en 1558, Nieves en 1564, Mazapil en 1568, San Demetrio y Fresnillo en 1566 y Coneto en 1570.(28)

Un proceso similar se dio con las poblaciones de españoles, asentadas en el marco de una política defensiva enderezada contra las incursiones de los chichimecas y especialmente en las zonas aledañas a los caminos donde transitaban las mercancías para abastecer la actividad minera norteña. Así se fundaron, siempre al sur de los distritos mineros, Lagos en 1563, Jerez de la Frontera en 1569-70 y Aguascalientes en 1575, por ejemplo.

A diferencia de los reales de minas propiamente dichos, las comunidades de los españoles comerciantes y terratenientes que se asentaron en estos poblados, reclamaron -y pronto obtuvieron- la posibilidad de organizar y controlar la vida de sus villas, al amparo de los concejos municipales que en ellos fueron instaurados.

Entre uno y otro grupo de poblaciones, existen diferencias importantes. Por ejemplo, las poblaciones estrictamente mineras destacaron por su especificidad poblacional y económica, reflejada en las instituciones de vida pública que en sólo algunas de ellas fueron instauradas por la Audiencia de la Nueva Galicia: las Diputaciones de Minas, que representaban, en cierta forma, una organización de la vida política en aquellos sitios en los cuales, hasta su traza urbana, indicaba una provisionalidad sólo medida por el periodo en que el auge de la extracción de plata pudiera extenderse; se trataba de formas rudimentarias de organización municipal que, sin embargo, no estuvieron dotadas del complejo conjunto de atribuciones políticas, judiciales y administrativas que ostentaban los cabildos seculares propiamente dichos. Empero, sólo existen datos suficientes para afirmar que las diputaciones de minas fueron establecidas exclusivamente allí, donde la importancia demográfica, económica y política de los reales de minas reclamara, a los ojos de la Audiencia, la necesidad de instituir un sistema de control más complejo, que colaborara subordinadamente con los alcaldes mayores, designados usualmente para el gobierno supremo de los reales y distritos mineros. Funcionó una diputación minera en Sombrerete y probablemente otra en San Martín; aunque de manera tardía, se convirtieron en villas, en 1570 y 1571, respectivamente.(29) En las poblaciones asentadas a lo largo de los caminos, que enlazaban el centro del virreinato con el norte minero, fueron establecidos, mediante ordenanzas dictadas por las audiencias, cabildos municipales en toda forma.(30)

3.3 Elementos de comparación entre las repúblicas tempranas y tardías de Nueva Galicia en el siglo XVI

En las repúblicas municipales tempranas del sur de la Nueva Galicia, un importante número de indios que allí residían eran generalmente elementos incidentales en la vida cotidiana y política de las villas, sujetos a las cargas impuestas por los sistemas de explotación de su trabajo; pertenecían regularmente a las comunidades y pueblos de indios de las regiones comarcanas.

En cambio, en las poblaciones norteñas tardías, la diversidad poblacional ocasionada por la demanda de mano de obra para la extracción y beneficio de la plata, generó la aparición de sectores marginales de población con gran movilidad migratoria. Se trataba de indígenas provenientes de comunidades más o menos lejanas, la mayor parte de ellas deterioradas en sus estructuras demográficas y políticas por los procesos de conquista y colonización de la Nueva España y la Nueva Galicia.(31)

Por otra parte, las poblaciones creadas en los sitios que habían sido previamente reales de minas, alcanzaron en fechas francamente tardías el status de cabildo municipal. Antes de tales conversiones, la propia legislación metropolitana y de la Audiencia de la Nueva Galicia se refiere a ellas en un sentido clasificatorio que las distingue de las villas y ciudades, al denominarlas como Minas o Reales de Minas.(32)

La naturaleza de la actividad minera ocasionaba que la idea de perpetuidad -siempre patente en la instauración de los concejos municipales-, estuviera en duda, todo debido a la eventualidad de un agotamiento repentino de las vetas, que a fin de cuentas constituían la piedra angular propiciatoria de la existencia de las comunidades de mineros españoles,(33) o dependiendo del real en concreto, a las contingencias propias de la guerra contra los indios bárbaros, como fue el caso de las minas de Mazapil, Santa Bárbara Coneto e Indehé.(34) Acerca de la naturaleza y características de estas comunidades de mineros que dominaban la actividad extractiva, debe decirse que no se trata de oligarquías de rasgos feudalizantes -basadas en la propiedad de la tierra y en el vasallaje-, que bien pudieran definir a las oligarquías de las ciudades y villas del sur de Nueva Galicia; antes bien, se trata de propietarios mineros, aunque cabe señalar que algunos de los más "ricos hombres" de la colonia, antiguos conquistadores y encomenderos al mismo tiempo, incursionaron en la atractiva empresa de la minería,(35) pero de manera general, pocas veces se integraron plenamente a la comunidad política activa que aparecía en los reales de minas.

La razón principal de los diferentes tipos de oligarquías de las repúblicas, la encontramos en la diversa naturaleza de los procesos productivos y relaciones sociales que se generaron en estos distritos mineros y en las villas y ciudades del sur, controladas por oligarquías encomenderas. Los rasgos feudalizantes de estas últimas, contrastaron con las características estructurales más dinámicas de las primeras.(36)

Un caso que se ofrece como típico de estas comunidades mineras, lo constituyó el Real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas.

4. Una república de mineros españoles en Nueva Galicia: la Diputación de Minas de Zacatecas

Las minas de Zacatecas fueron descubiertas en 1546 y la primera autoridad designada en el campamento minero fue un alcalde mayor, nombrado por la Audiencia de la Nueva Galicia, desde 1549. Sin embargo, la creciente población y el paulatino auge de la producción de plata definió, por un lado, la constitución de un asentamiento importante de españoles, indios y negros; por el otro, un cúmulo de necesidades de índole económica y administrativa, que no podían ser enfrentadas sólo por el alcalde mayor.

La conformación de una comunidad de españoles, encabezada por un núcleo de mineros propietarios, supuso desde un principio la necesidad de la construcción de una república, la cual, en la tradición regalista, sólo podía ser creada por la autoridad del rey o por mediación de sus autoridades delegadas, en este caso la Audiencia, por entonces asentada en Compostela. Fue hasta 1553 cuando dicho tribunal expidió una ordenanza denominada, según dijo más tarde un prominente minero, "provisiones para el gobierno de las minas de los Zacatecas y república de ellas".(37)

La faceta institucional que revestía a la república, a que se refería Baltasar de Bañuelos, era lo que ha dado en conocerse como una Diputación de Minas que operaba de acuerdo a cierta lógica jurídica y política.

Un cabildo era el máximo órgano de la diputación. Quedaba integrado por cuatro diputados y el alcalde mayor, quien era desiganado por la Audiencia. Los diputados eran elegidos anualmente cada primero de enero, a semejanza de los concejos municipales; es decir , los diputados salientes elegían a sus sucesores.

Tanto para elegir como para ser elegido diputado, era nescesario ser "señor de minas", condición jurídica que proporcionaba la capacidad poítica. Se consideraba así al español que era propietario de una o más haciendas de minas y de un determinado número de esclavos que laboraran en ellas.(38)

Siempre hubo una notoria disociación entre la población que vivía en las minas en aquella época y que efectivamente tenía representación política en la diputación; se sabe que el apogeo minero llegó a atraer un número siempre creciente de personas y, durante la vigencia de esa institución en Zacatecas, ni las condiciones para formar parte de la comunidad política electorera, ni el número de diputados miembros del cabildo tuvo variaciones.

En 1549 se calcula que había 250 españoles mineros, algunos de los cuales estaban acompañados de sus familias, además de un importante número de esclavos indios y negros; en 1554 hay estimaciones que muestran ya 300 vecinos españoles además de 1,000 comerciantes(39) y más tarde, hacia 1572, se reportaron 300 vecinos españoles en Zacatecas más otros 50 en Pánuco -también bajo la jurisdicción de la alcaldía mayor- y alrededor de 1,500 indios más 500 esclavos negros.(40) En 1572, el obispo de Nueva Galicia, Francisco Gómez de Mendiola, afirmó: "Esta vicaría de Zacatecas, entre mineros y mercaderes españoles y asimismo entre los muchos naturales que acuden a las minas al beneficio de la plata, y otros mercaderes que llevan sus mercadurías, como los españoles, que pasan de ordinario de mil quinientos indios".(41) Ya en 1584, otro cálculo hecho esta vez por el obispo Domingo de Alzola, calculaba que había en Zacatecas 1,300 españoles, "más de otro tanto de indios", sin contar a sus mujeres.(42)

Pero esta disociación existió también entre las cualidades exigidas a la comunidad electorera y la propia población de españoles en Zacatecas pues no todos se dedicaban a la actividad minera. Más aún, no todos los mineros españoles podían ser considerados como miembros de la comunidad electora, en tanto no reunieran las condiciones de propiedad antes descritas. Así, la cerrada oligarquía minera, cabeza de aquella república, nunca fue importante por su número: en 1550 se conocían alrededor de 31 señores de minas; en 1562 eran 34 y en 1584, apenas 25 sobre un total de 400 vecinos españoles.(43)

Cabe hacer la aclaración de que así como la pertenencia a la élite de señores de minas era una condición inexcusable para pertenecer a la comunidad política de las minas, tal calidad estaba sujeta a múltiples contingencias, dado que la misma naturaleza de la actividad minera, sujeta a altibajos y riesgos de fortuna, no aseguraba una pertenencia permanente a la oligarquía. Era muy corriente que grandes caudales se fueran súbitamente a pique con la baja de la ley de los metales, con las deudas de las empresas o por otras carencias similares, perdiendo con ello, su titular, el carácter de señor de minas. Sólo algunas familias o mineros poderosos lograron permanecer durante el siglo XVI y aún más tarde, dentro del núcleo activo de la política en Zacatecas.

Por lo demás, las funciones de la diputación creada en 1553, siguieron un desarrollo que la aproximaba materialmente a las características estructurales de los cabildos municipales coloniales, pues nombró un creciente número de funcionarios y oficios en atención a las necesidades de la población.(44) En los hechos, la única diferencia de ésta con aquéllos radicó en que nunca tuvo la prerrogativa de elegir, de entre los diputados, un alcalde ordinario, pues esa función era desempeñada por el alcalde mayor, nombrado desde la Audiencia.

Los otros "brazos" de aquella república de españoles quedaron totalmente al margen de la capacidad electiva oligárquica. Los comerciantes, por ejemplo, fueron incorporándose poco a poco a la estructura de la diputación, pero al margen de la cúpula capitular. Compartieron con otros mineros oficios de segundo nivel, relativos a la fiscalización e inspección de cofradías y a la administración de la iglesia mayor;(45) el resto de los sectores de la población española quedó relegada de la vida política activa y estas condiciones apenas sí se modificaron, tras la instauración del cabildo de la ciudad de Zacatecas en 1586.

De cualquier forma, la cúpula institucional de la república, el cabildo de la diputación, asumía la representación política, en diversos grados, del total de la población de las minas. Con mucha frecuencia, aparecen en su libro de actas formulismos que acompañaban la toma de decisiones administrativas, tales como en "bien del común" o en "bien y pro de esta república".(46)

Puede concluirse que la idea de república en el mundo colonial hispánico estuvo marcada por una fuerte dosis de casuismo que adaptaba a las características de las poblaciones las modalidades institucionales concretas. Sin embargo, en la base de esta vida institucional subyacía un conjunto de principios filosófico-políticos de corte premoderno en gran parte. Hay que decir que, no obstante que una de las características sustanciales a la vida en policía en aquella época era la sujeción de los miembros de la república al derecho; las normas que exigían ese sometimiento, siempre emanadas del rey o de sus delegados, garantizaban la existencia de una comunidad política signada por el privilegio. Es decir, un tipo histórico de derecho que se correspondió con sociedades de corte feudal, en las que las mismas normas tutelaban la desigualdad jurídica y política entre los hombres. El privilegio, como normatividad, no asignaba ni reconocía igualdad de los sujetos ante la ley; muy por el contrario, sancionaba la diferenciación de los estratos sociales. En estas sociedades fuertemente estratificadas, los diversos sectores se sobreponían los unos a los otros, siguiendo siempre un orden jerarquizado y cerrado, impermeables generalmente a la movilidad social. A cada sector le correspondía una determinada colección de derechos incuestionables, tanto más amplia cuanto más elevado fuera su rango social, en un esquema conocido como "discriminación normativa de los sujetos".(47)

Los derechos políticos activos, en este esquema de privilegio, pertenecían a las oligarquías de origen patrimonial -propios del "Estado-Propiedad privada" feudal- más o menos perpetuables, con las excepciones de las repúblicas mineras, sujetas, como ya vimos, a azarosas contingencias.

Trayendo a cuenta las definiciones formuladas por Solórzano, podemos decir que la jerarquización de los hombres "que implica la discriminación basada en la actitud para gobernar de unos y de otros para obedecer", se fundamentaba en circunstancias de carácter económico en la república de mineros.

Por otra parte, en el mecanismo establecido para la instauración de poblaciones, así como para la institución de repúblicas en la Nueva Galicia, en la tierra de frontera, es posible advertir incuestionablemente la vigencia de los principios del regalismo, que tiene a la monarquía como fuente de la soberanía, factor externo a la vida de la república.

Podemos decir que la idea básica de las repúblicas seguía inspirada en el siglo XVI, en las concepciones escolásticas tradicionales, las que permitían una constitución privilegiada del sistema interno de la república. Pero hay que poner un firme acento en la concepción de soberanía implícito en este tipo de repúblicas, dado que la fuente originaria de ésa ya no encaja en los extremos medievales -fincadas en el derecho natural- sino que es abiertamente absolutista. La soberanía se trasladó de la comunidad política a la persona del rey.

Vale la pena recordar lo ya afirmado por Pietschmann, respecto a la modernidad de la Baja Edad Media española y a los matices feudales de la temprana edad moderna.

Notas:

1. Horst Pietschmann, «El Estado y su evolución al principio de la colonización española de América», México: FCE, p. 14-28. Por lo demás, el autor dedica una extensa parte de su trabajo a dilucidar la cuestión de la auténtica modernidad del Estado español en los tiempos de la colonización de América. Destaca el caso de la persistencia de estructuras feudales en la concesión de las exploraciones y conquistas a particulares y analiza, en contrapartida, los inequívocos rasgos de modernidad que mostraba la monarquía desde el siglo XV, poniendo como muestra que "un poco más de la población castellana se encontrase libre de obligaciones señoriales, estando directamente subordinada al poder real". Otros elementos similares fueron la política de unificación religiosa y la conformación de una identidad nacional española que arrancó desde los procesos de reconquista y se extendió a la dominación del Mediterráneo y culminó con la expansión americana.

2. Ídem, p. 28. Al respecto, inclusive puede verse a Peggy K. Liss, «Orígenes de la nacionalidad mexicana», México: FCE, 1986, p. 25-26. Liss destaca que la política de Alfonso X "había consistido en cambiar el acento del rey como dirigente militar a monarca civil. El instrumento que para ello escogió fue la ley, el derecho". Se refiere a las Partidas como un conjunto de leyes "corporativas en su filosofía, nacionales en cuanto a su alcance y rebosantes de lo que en esa época fueron nociones grandiosas de monarquía". No obstante lo adelantado y moderno de la filosofía impresa en las Partidas, las condiciones castellanas que fueron su contexto, no dieron más que para la deposición de El Sabio, con la presión de los poderes locales y regionales que habían querido limitar y subordinar a la autoridad real. Pese al fracaso de este proyecto absolutista temprano, Liss no deja de considerarlo como parte de la tradición política española, que a su vez sirvió como precedente a la administración de los Reyes Católicos y sus sucesores, pues anota: "hacia 1519 ya había indicios de la aceptación generalizada del concepto castellano del mundo, impícito en las leyes y teorías alfonsinas y en mucho debido a la visión de Alfonso sobre España, la sociedad civil y su monarca".

3. Ídem, p. 30.

4. Silvio Zavala, «Filosofía política en la conquista de América», México: FCE, 1993, p. 19. Zavala anota que una vez dado el hecho del descubrimiento, "se explica, en consecuencia, que la colonización de América diera origen a una literatura política abundante que tendía a dilucidar los problemas siguientes: ¿cuáles son los títulos que pueden justificar los tratos de los europeos con los pueblos indigenas?, ¿cómo se ha de gobernar a los hombres recién hallados?".

5. Para una explicación del origen y naturaleza de las diputaciones de minas neogallegas en esta época, puede verse José Enciso Contreras, "La diputación de minas en Zacatecas en el siglo XVI", en «Vínculo Jurídico», revista de la Facultad de Derecho de la UAZ, nº 11-12, 1992, p. 50-67.

6. Santo Tomás de Aquino, «La monarquía», Madrid: Tecnos, 1989, p. 8-9.

7. Ídem, p.17.

8. Ídem, p. 27.

9. Rafael Altamira y Crevea, «Diccionario castellano de palabras jurídicas y técnicas tomadas de la legislación indiana», México: UNAM, 1987, p. 288 y s. El alicantino refiere cómo la palabra república es utilizada ampliamente por las autoridades metropolitanas al referirse a los reinos de las Indias, en las cuales Felipe II quería "se guarde una misma ley".

10. Cfr. Luis Weckman, «La herencia medieval de México», México, ColMéx, 1984, t. II, p. 515.

11. Ídem. Weckman hace una enumeración de "muchas características medievales" que conservaron las ciudades y villas novohispanas: control de ejidos, dehesas y otras tierras comunales; la estructuración del trabajo en gremios y corporaciones; la supervisión de precios, de algunas prácticas comerciales "y una importante intervención de la iglesia y las órdenes religiosas en la vida urbana".

12. Enrique Gacto Fernández, «Temas de historia del derecho: derecho medieval», Sevilla: Universidad de Sevilla, 1977, p. 50.

13. Ídem, p. 59-62.

14. Henri Pirenne, «Las ciudades medievales», Madrid: Alianza, 1992, p. 111-113. Pirenne dedica un capítulo al análisis de las tensas relaciones habidas en algunas regiones europeas, entre las comunidades urbanas altomedievales y los poderes señoriales y episcopales, en torno al problema de la autonomía e independencia política de aquéllas. La exposición revela el tipo de relación política que las comunidades sostenían con los poderes extraños a ella misma.

15. Juan de Solórzano y Pereyra, «Política indiana», Madrid: CIAP, 1972, t. I, p. 116-117.

16. Todavía en el siglo XVIII, el licenciado Francisco Ramírez de Valenzuela, quien había sido, entre otras cosas, relator del Consejo de Indias y, a su vez, ilustrador de una de las ediciones de la Política indiana, seguía planteando prácticamente la misma definición de república que en el siglo anterior, diciendo que "se compone de diferentes hombres y miembros y deben ayudarse unos a otros (...) consta igualmente del brazo eclesiástico y secular". Cfr. Francisco Ramiro de Valenzuela, en su "Índice general muy copioso de las materias, puntos y sentencias más notables de esta Política, textos y cédulas reales que en ellas se refieren, explican o ilustran", en Juan de Solórzano y Pereira, op. cit., t. V, p. 340.

17. Juan de Solórzano y Pereyra, op. cit., t. IV, p. 7.

18. Javier Malagón et al., «Solórzano y la Política indiana», México: FCE, 1983, p. 71.

19. Cfr. David A. Brading, «Orbe indiano. De la monarquía católica de la república criolla, 1492-1867», México: FCE, 1991. La cita en cuestión fue obtenida por Brading de los trabajos de Solórzano publicados en España en 1676, en el libro «Obras póstumas».

20. Peggy K. Liss, op. cit., p. 125.

21. Al respecto, puede verse la opinión de Toribio Esquivel, cuando alude a la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, por Hernán Cortés, cuando comenta que la fundación fue llevada a cabo contra la ideología regalista imperante, surgida "de la voluntad de aquel pequeño grupo de españoles, pero que poseía, en su aislamiento, todos los elementos de la soberanía de un pueblo, surgió el cuerpo político, fuente de toda ulterior autoridad, en ausencia del soberano". Cfr. Toribio Esquivel Obregón, «Apuntes para la historia del derecho en México», México: Porrúa, 1984, t. I, p. 325.

22. «Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar por la majestad católica del rey don Carlos II», Madrid, 1781. Edición facsimilar, Madrid: Consejo de la Hispanidad, 1943, t. II, libro cuarto, título primero, ley II.

23. Javier Malagón et al., op. cit., p. 79-80.

24. Peter Gerhard, «The north frontier of New Spain», Oklahoma: University of Oklahoma, 1993, p. 118, 142 y 261. Del mismo autor también véase, respecto a Colima, «Geografía histórica de la Nueva España, 1519-1821», México: UNAM, 1986, p. 80.

25. J. H. Parry, «The Audiencia of New Galicia in the Sixteenth Century: A study in Spanish Colonial Government», Westport: Greenwood, 1985, p. 35.

26. Enrique Florescano, "Colonización, ocupación del suelo y 'frontera' en el norte de Nueva España 1521-1750", en «Tierras nuevas», México: ColMéx, 1973, p. 56. Como muestra del proceso, Florescano recurre a los ejemplos de las poblaciones surgidas al sur de Zacatecas hacia 1570-1580, tales como Jerez de la Frontera, Aguascalientes y Lagos; y hacia el norte, en los contornos de Fresnillo, Durango y Nombre de Dios, donde también habían surgido estancias agrícolas y ganaderas.

27. Ídem, p. 55 s. El autor comenta respecto al norte novohispano que "el descubrimiento de minas de plata, la ambición de conquistadores, soldados, capitanes y gobernadores, y el celo misionero de franciscanos y jesuitas, fueron los agentes que promovieron la ocupación de las inmensas tierras del norte". Y acerca de las consecuencias sociales que desataron los procesos de extracción de minerales, habla de un "complejo" constituido por los reales de minas, los centros agrícolas y las estancias ganaderas, involucrados en un proceso en el que la minería era una actividad que precisaba grandes cantidades de alimentos para las personas que allí laboraban, así como de insumos propios de esa industria, por lo que en las comarcas de los valles cercanos a los distritos mineros pronto aparecieron centros agrícolas y estancias de ganado para el abasto de sus necesidades.

28. Peter Gerhard, «The north frontier...», p. 109, 115, 130, 164, 166 y 234. Véase además, para los descubrimientos de las minas de San Demetrio y el Fresnillo a René Acuña, «Relaciones geográficas del siglo XVI: Nueva Galicia», México: UNAM, 1988, p. 103 y ss.

29. Cfr. Peter Gerhard, «The north frontier...», p. 131. La existencia de la diputación de minas en Sombrerete se constata en la real cédula con la que se otorga el título de villa, a solicitud de los diputados del lugar; al respecto puede verse Emilio Rodríguez Flores, «Historia del real de minas de Sombrerete, antigua Villa de Llerena», Guadalajara, México: H. Ayuntamiento de Sombrerete, Zacatecas, 1990, p. 35-36.

30. Sobre la fundación de Aguascalientes véase a Jesús Antonio de la Torre Rangel, «Notas histórico-jurídicas sobre la fundación de Aguascalientes», México: Jus, 1989, p. 61 y ss.

31. Peter Bakewell, «Minería y sociedad en el México colonial (1546-1700)», México: FCE, 1976, p. 60.

32. Luis Weckman, op. cit., p. 516. El autor, hablando en términos de una mera tipología urbanística creada en las colonias españolas, considera que se dieron dos clases fundamentales: las de "costa de mar" y las "mediterráneas", aclarando que "entre las poblaciones 'mediterráneas', tuvieron carácter diverso los centros mineros, por lo general situados en zonas abruptas donde la topografía hacía imposible la aplicación del trazo en cuadrícula". De donde se obtiene cierta especificidad hasta urbanística de los pueblos considerados como centros mineros. Pero esta diferencia puede verse en el lenguaje jurídico de las autoridades coloniales, por ejemplo en diversas cédulas del Consejo de Indias o de la propia audiencia del reino, en Archivo General de Indias de Sevilla, sección Guadalajara, legajo 33, ramo 5, nº 3; así como también Guadalajara, legajo 230, libro 1, f. 24v, 61v, 111v, 366v, y Contaduría, legajo 842, A, nº 6. (En adelante, las fuentes de este archivo se citarán con las siglas AGI, sección, número de legajo, ramo y número del documento, en su caso.)

33. Respecto de Zacatecas, por ejemplo, se llegó a expresar por las autoridades coloniales la provisionalidad del asentamiento minero, véase en este sentido AGI, Guadalajara 6, R 2, nº 15. "Nueva Galicia a su majestad, del licenciado Santiago del Riego". Guadalajara, 8 de marzo de 1578. Santiago del Riego plantea al rey algunos de los argumentos de los oidores que habían sido vertidos en contra de la propuesta de mudar a Zacatecas la Audiencia de Nueva Galicia, entre otros: "y además de esto, la mudanza no parece que conviene porque siendo, como es, cierto, de un día a otro las minas se acaban, y acabadas las minas, se acabó la población de Zacatecas y Pánuco...".

34. Puede verse el caso de las hostilidades chichimecas en la comarca de las minas de Mazapil, en los documentos que aparecen en René Acuña, op. cit., p. 120 y 263. Además, para los casos de Santa Bárbara, Coneto e Indehé vease AGI, Guadalajara 47, nº 3, "Información de oficio sobre los servicios que dice haber hecho Melchor Dalava, recibida en la Real Audiencia de Guadalajara, cerrada y sellada; al Real Consejo de Indias", Guadalajara, 12 de marzo de 1574.

35. Cfr. Enrique Semo et al. «México, un pueblo en la historia», México: Alianza mexicana, 1993, t. I, p. 245.

36. Enrique Semo, op. cit., p. 256 y 257. Semo plantea que la economía de la república de españoles durante los siglos XVI y XVII se caracteriza por la coexistencia de elementos feudales y capitalistas embrionarios. Además, adjudica a la industria minera prácticamente todos los rasgos de economía capitalista que aparecieron en la colonia durante ese periodo: su vinculación al comercio internacional, su exigencia de inovaciones tecnológicas y la imbricación que en ella tuvo el capital mercantil.

37. Archivo histórico de Zacatecas (en adelante citado como AHZ), «Libro primero del gobierno del Cabildo de esta Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, desde el año de mil quinientos cincuenta y siete, hasta el de mil quinientos y ochenta y seis», f. 18v. En la sesión del cabildo de la diputación del 1 de enero de 1563, Baltasar de Bañuelos, prominente minero local, alegó tener en su poder, entre otros "recaudos", tal provisión de fecha 25 de septiembre de 1553.

38. José Enciso Contreras, op. cit., p.56.

39. Peter Gerhard, «The north frontier...», p. 158.

40. Ídem.

41. AGI, Guadalajara 55, "Carta del obispo de Nueva Galicia al rey", Guadalajara, 23 de diciembre de 1572.

42. AGI, Guadalajara 55, "Nueva Galicia, a su majestad, del obispo", Guadalajara, 16 de junio de 1584.

43. José Enciso Contreras, op. cit., p. 56.

44. Ídem, p. 59-63, passim.

45. Ídem, p. 56.

46. AHZ, "Libro primero...", f. 29, 27v, 25v, 23v, entre otros.

47. Humberto Cerroni, «La libertad de los modernos», Barcelona: Martínez Roca, 1972, p. 63.

Fuente: Articulo autoría de José Enciso Contreras. Miembro del grupo de investigación Diódoro Batalla, centro de Investigaciones Jurídicas, UAZ. Revista 22, Abril-Junio 1995.

 
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