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LA REVOLUCIÓN Y SUS IMPACTOS EN LA ECONOMÍA JALISCIENSE

 

A partir de febrero de 1913, la situación provocada por la guerra civil en el ámbito nacional generaba distintas tensiones en la economía jalisciense. Por una parte, las regiones afectadas demandaban en mayor medida productos agrícolas y ganaderos que se producían en forma excedentaria en el campo, pero cuya exportación se veía obstaculizada en distintos momentos por la paralización de los ferrocarriles interrumpiendo el envío de productos.

La falta de combustible, la ocupación de los trenes y la destrucción de las vías férreas paralizaba este medio de transporte afectando a los productores y comerciantes de Jalisco que no encontraban salida inmediata para sus productos. Ello provocaba que las existencias de los productos regionales se mantuvieran altas y los precios tendieran a bajar, en perjuicio de los productores y comerciantes locales. Por tal motivo, las autoridades del Estado y los productores agrícolas veían con preocupación los acontecimientos que se estaban desarrollando en el Norte del país.

Por otra parte, la industria textil en los alrededores de Guadalajara se vio afectada porque el abastecimiento de su principal materia prima, el algodón, era interrumpido en constantes ocasiones ya que dicho producto era traído por tren desde la Laguna, situada en la zona afectada por la guerra. Los empresarios textiles se vieron obligados a reducir su producción de hilos y telas, a interrumpir sus actividades durante algunos días a la semana y a establecer jornadas de trabajo y salarios en función de la disponibilidad de algodón, pero sin llegar a cerrar completamente sus negocios ni a despedir masivamente a los trabajadores.

El restablecimiento del servicio de trenes de carga en determinados periodos daba un respiro a los productores agrícolas e industriales de Jalisco, pues volvía a restablecerse el flujo de productos de Jalisco hacia el Norte y viceversa. Sin duda, el comercio entre Jalisco y el resto del país se vio afectado por la guerra, sobre todo en las zonas de mayor conflicto, no sólo de granos sino también artículos manufacturados. Los grandes comerciantes e industriales de Guadalajara estaban intranquilos por la inestabilidad política y militar, por la inseguridad de los caminos, el peligro en los trenes y, sobre todo, por la pérdida de sus ganancias.

Pero no todo era perjuicio para la economía jalisciense, pues algunas actividades se vieron beneficiadas con la guerra en el Norte durante 1913. Por ejemplo, la producción de jabón en Jalisco se benefició porque la paralización de los trenes afectaba la importación de estos productos provenientes de las fábricas de otros estados, lo cual permitía que los empresarios locales incrementaran su producción y vendieran sus jabones en el mercado regional sin competencia.

Grupos rebeldes

A partir del golpe militar de Victoriano Huerta, en febrero de 1913 resurgieron en Jalisco los grupos rebeldes dispuestos a derrocar al gobierno usurpador. La conformación social de éstos seguía siendo pluriclasista. Algunos habían sido maderistas en su momento, pero otros se incorporaron a la lucha armada en esta nueva oleada revolucionaria. Por el contrario, algunos ex maderistas se incorporaron a las fuerzas rurales del estado permaneciendo leales al gobierno huertista y pelearon contra los nuevos grupos rebeldes. Esta segunda ola revolucionaria se distinguió de la primera, en la que hubo una mayor participación de la población rural jalisciense.

Las actividades de los revolucionarios comenzaron a afectar la economía de forma marginal en algunas negociaciones mineras, haciendas, ranchos, rancherías y pueblos de Jalisco. A donde llegaban los grupos alzados pedían o se llevaban por la fuerza dinero, comida, caballos, armas, parque, hombres y mujeres. Destruían algunas construcciones, las vías férreas, los cables del telégrafo e incendiaban los sembradíos.

Ante la incapacidad del gobierno huertista para controlar la situación y exterminar a los grupos revolucionarios en el Estado, éste autorizó a los hacendados, industriales y comerciantes que formaran cuerpos de acordadas y compraran armamento para defender sus propiedades, pero con los recursos de los mismos propietarios.

Los hacendados estuvieron de acuerdo en organizar y sostener con sus propios recursos las acordadas, pero con la condición de que éstas no fueran movidas de sus haciendas y negociaciones por las autoridades federales y estatales sino que permanecieran continuamente cuidando sus propiedades, y que fueran integradas por hombres que contaran con la confianza del propietario.

Por su parte, las compañías mineras norteamericanas situadas en Jalisco se quejaban de la constante actividad de los revolucionarios, por lo cual pidieron garantías al gobierno estatal y una acción más eficaz contra las gavillas revolucionarias. El gobernador José López Portillo y Rojas les dijo que había mantenido en toda la región minera fuerzas suficientes para impedir cualquier atentado a sus negociaciones, y les envió otros destacamentos de rurales para que protegieran las compañías y persiguieran a los rebeldes.

Ante la presión del gobierno de Jalisco, la compañía minera Amparo Mining Company, de capital norteamericano, compró armamento al ejército federal y pidió autorización para traer más, incluso dos ametralladoras, de Estados Unidos, con el fin de protegerse. Sin embargo, los representantes de esta compañía entraron en arreglos con los revolucionarios para que no atacaran la negociación minera a cambio de transferirles las armas que le habían comprado al ejército federal y las que habían traído de Estados Unidos.

La economía de Jalisco comenzó a resultar afectada por los acontecimientos armados en otras regiones del país, debido a la interrupción y paralización de los circuitos mercantiles y financieros, además por el surgimiento de un movimiento rebelde a nivel local. A pesar de ello, la economía seguía funcionando, aunque de manera accidentada satisfaciendo la demanda interna y exportando sus excedentes a otras regiones del país.

La llegada del ejército constitucionalista

Esa situación se prolongó en Jalisco en los primeros cinco meses de 1914. La llegada al Estado del ejército constitucionalista, al mando del general Álvaro Obregón (en junio de ese año), terminó por desestabilizar el precario equilibrio que había mantenido la economía jalisciense. Los grupos revolucionarios que habían tenido actividad se unieron a Obregón para ocupar el territorio jalisciense y tomar la ciudad de Guadalajara. Los jefes revolucionarios dictaron una serie de medidas políticas y económicas que alteraron radicalmente el orden político, social y económico que prevaleció en el porfiriato.

En primer lugar se designaron nuevas autoridades políticas en todos los niveles de gobierno. El 18 de junio, Manuel M. Diéguez fue designado gobernador por parte de Venustiano Carranza. Ese mismo día se dictó el decreto que autorizó al gobierno estatal para emitir papel moneda fraccionaria de curso forzoso por un valor de 100 mil pesos en varias denominaciones.

El gobierno revolucionario suprimió las jefaturas y directorías políticas en el Estado argumentando que dichas autoridades habían sido el sostén de la tiranía y de los gobiernos dictatoriales.

También se estableció el salario mínimo para todos los trabajadores, prohibió las tiendas de raya en las haciendas y fábricas, aumentó el salario de todos los empleados públicos, reglamentó los contratos de aparcería, y estableció una serie de impuestos ordinarios y extraordinarios, además de préstamos forzosos. Todas estas medidas provocaron una fuerte inflación en los precios de las mercancías, el acaparamiento y la escasez de los productos de primera necesidad, lo cual se convirtió en un verdadero trauma para la economía durante el segundo semestre de 1914 y 1915.

Ante la inminente llegada de los ejércitos revolucionarios del Norte a Guadalajara, los empresarios, comerciantes y terratenientes jalisciense le comenzaron a regatear el apoyo al gobierno militar huertista del general José María Mier, negándose a contribuir con ganado y cereales para el ejército federal; incluso, algunos empresarios y terratenientes locales intentaron establecer contacto con Venustiano Carranza. Preocupados por la cercanía de los ejércitos revolucionarios a Guadalajara, y siendo inminente un ataque a ésta, los terratenientes, comerciantes, empresarios y el cuerpo consular en pleno se dirigieron al gobernador huertista José María Mier, para enterarse de las precauciones y medidas tomadas en caso de que la ciudad fuera atacada por los revolucionarios.

Asalto al banco de Jalisco

Ejércitos del Norte

Cuando el general Mier decidió abandonar la ciudad de Guadalajara sin oponer resistencia, su último acto fue ordenar el asalto al Banco de Jalisco, llevándose más de un millón de pesos. Esta acción, junto con la emisión de billetes de circulación forzosa, provocó el cierre de la sucursal del Banco Nacional de México en Guadalajara y su posterior incautación por parte del gobierno constitucionalista.

Los impactos de la guerra en la economía jalisciense comenzaron a sentirse con mayor fuerza a la llegada de los ejércitos revolucionarios del Norte. Las operaciones militares implicaron una mayor cantidad de hombres, armamento, artículos de consumo para los soldados, caballos y dinero. El financiamiento de estos ejércitos se efectuaba a través de las autoridades y jefes revolucionarios, pero también se realizaba a través de mecanismos informales donde los jefes revolucionarios de distintos niveles conseguían recursos para sus tropas y para su beneficio personal. Así tomaban lo que necesitaban de las haciendas, ranchos y pueblos; mientras que a las familias ricas de cada lugar les exigían préstamos forzosos o rescates en dinero.

El 8 de julio de 1914, los constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón tomaron pacíficamente Guadalajara, un día después de que las tropas huertistas abandonaron la ciudad. Las batallas decisivas donde los constitucionalistas derrotaron a los federales se llevaron a cabo a poca distancia de Guadalajara. Por ello, los comerciantes, industriales y hacendados nombraron una comisión integrada por los cónsules de Inglaterra y Alemania para poner la plaza a disposición de las fuerzas constitucionalistas y entrevistarse con el general Obregón.

Con el triunfo de los revolucionarios y su control sobre Jalisco, se dan varias fracturas con respecto a la continuidad del régimen porfirista: se destruye al ejército federal, que constituía el principal sostén del régimen anterior; desaparecen las acordadas durante un breve tiempo ya que después volverán a aparecer con los gobiernos constitucionalistas; se desplaza a la élite porfirista local del poder político nombrándose nuevas autoridades revolucionarias; desaparece la división política por cantones y departamentos, con ella también los jefes y directores políticos dándole más independencia y autonomía a las autoridades municipales.

Aunque se mantiene la estructura de la propiedad y las relaciones sociales en el campo y en la ciudad,  comienza a aplicarse la ley del 6 de enero de 1915, relativa a la restitución y a la dotación de tierras a los pueblos. Los habitantes de algunos pueblos del Centro del Estado solicitan tierras, las cuales les son otorgadas primero de manera provisional y luego de forma definitiva hacia 1920. Con el reparto agrario comienza a cambiar las relaciones de propiedad y las relaciones sociales en el campo, pero de una manera muy lenta y gradual.

El financiamiento de la guerra a partir de los préstamos forzosos, impuestos y confiscaciones de productos por parte de los ejércitos revolucionarios afectó directamente a la economía, sobre todo al patrimonio de las familias de la élite jalisciense. Pero fue a partir de la emisión de papel moneda de circulación forzosa, de la inflación, del acaparamiento de productos y de la interrupción del tráfico de mercancías, que los costos de la guerra se extendieron a toda la población.

Registran 16 mil predios y más de mil grandes capitalistas

El nuevo impuesto de Villa

El 14 de julio de 1914, Obregón impuso un préstamo forzoso extraordinario por la cantidad de cinco millones de pesos sobre bienes inmuebles, giros mercantiles, industria y empresas bancarias existentes en Jalisco. A cada compañía en particular se le asignó su cuota, la mitad debía cubrirse inmediatamente y el resto en un plazo posterior, quedando exceptuados del pago los pequeños capitales. De esta manera, el gobierno constitucionalista recaudó tres millones de pesos para la cual recurrió al catastro público de la propiedad donde se registraron 16 mil predios y más de mil grandes capitalistas en todo el Estado.

Las medidas impuestas por los decretos del gobierno constitucionalista crearon gran inestabilidad en la economía regional, los comerciantes, terratenientes y empresarios respondieron a ellas aumentando los precios de las mercancías, escondiendo y acaparando los productos, con lo cual se generaba escasez en el mercado regional. También se negaron a recibir los billetes de circulación forzosa, ante la inestabilidad monetaria y la poca confianza que tenía la población en los billetes emitidos por el gobierno constitucionalista. Esto provocó el retiro de las monedas metálicas de la circulación, en la mayor parte de las transacciones comerciales al mayoreo, de créditos y compraventa de bienes raíces se excluía a los billetes de circulación forzosa y se aseguraba, con una cláusula en los contratos, el pago en moneda metálica.

Ante la prohibición de vender bebidas alcohólicas, los principales productores y comerciantes de tequila se quejaron ante el gobierno porque dicha medida afectaba a su industria. Las continuas confiscaciones de productos a las haciendas y ranchos por parte de diversos grupos revolucionarios, provocó también la ruina de algunos hacendados o empresarios que se veían obligados a abandonar sus propiedades y negocios, por tal motivo exigían continuamente que les fueran devueltos el dinero, los animales y las semillas que los revolucionarios tomaron de sus fincas.

 Préstamo forzoso

La política de financiamiento de la guerra no fue exclusiva de los constitucionalistas, también los villistas implementaron la misma política cuando tomaron Guadalajara. El 7 de enero de 1915, Francisco Villa impuso un préstamo forzoso de un millón de pesos a los terratenientes, industriales y comerciantes de la ciudad, cobrándoles además un nuevo impuesto, nombrando a los empresarios Federico Kunhardt, Esteban Venegas y Rosalío Ruiz, encargados de hacer las cotizaciones de cada uno de los contribuyentes. También emitieron billetes villistas que pusieron en circulación forzosa en Jalisco.

Es indudable que la economía regional no se paralizó totalmente en los años más violentos de la guerra en Jalisco, 1914-1915, pues siguió con el impulso que tenía de los años anteriores. La violencia revolucionaria, en cuanto a destrucción física de las instalaciones de haciendas, ranchos, minas y fábricas, tampoco fue un fenómeno generalizado, aunque hubo casos en los que se destruyeron algunas instalaciones por los enfrentamientos armados. La economía resultó más afectada debido a la escasez de trenes y a la destrucción de las vías férreas. Por otra parte, la población rural y urbana no se sumó masivamente a los ejércitos revolucionarios abandonando sus actividades productivas.

De cualquier manera, no hay suficiente información para cuantificar el daño provocado por los impactos de la revolución en la economía jalisciense. Lo que sí podemos asegurar es que la economía regional no sufrió los mismos estragos que en otras regiones del país donde la actividad de los ejércitos revolucionarios fue más decisiva y permanente.

Para solucionar los problemas económicos en Jalisco generados por la guerra, como la escasez, el acaparamiento y el alza de precios, el gobierno constitucionalista estableció una lista oficial de precios de primera necesidad obligando a los comerciantes a vender sus productos a los precios establecidos, incluso se llegó a encarcelar a comerciantes que no respetaron dichos precios. Contrario a lo que esperaban las autoridades constitucionalistas, los productores y comerciantes sacaron los productos de primera necesidad de Jalisco para venderlos en otros estados donde los precios eran altos.

Lo anterior se constata en las políticas de regulación implementadas por los constitucionalistas para exportar productos de Jalisco a otras regiones, de julio de 1915 a noviembre de 1916, derogando la lista de precios establecida y permitiendo la libre entrada y salida de productos de la región. Dicha política estuvo enfocada para evitar la especulación y el desabasto en las principales poblaciones del Estado ante las presiones que significaba la demanda de productos, principalmente agrícolas, desde otras regiones más afectadas por la guerra.

La demanda externa era una continua presión para la economía jalisciense, por eso el gobierno constitucionalista grabó las exportaciones con un impuesto que estaba destinado a la beneficencia pública, con el objetivo de prever el desabasto en Jalisco y, al mismo tiempo, tener un fondo para comprar productos de primera necesidad  para remediar el hambre de las clases pobres. Comerciantes de Yucatán habían llegado a Guadalajara a comprar todas las existencias de trigo, que tenía un precio de 60 pesos la carga, para llevarlas al Sur en donde la venderían a 125 pesos. Lo mismo sucedía con el azúcar, que de 25 centavos el kilo subió a 1.50 pesos, después que comerciantes de la Ciudad de México y de Yucatán se llevaron todas las existencias.

Para remediar esta situación, el gobierno constitucionalista de Jalisco grabó con 10% las exportaciones de azúcar, harina, frijol, maíz, garbanzo, granillo, jabón, piloncillo, sal y salvado, y con 20% el trigo, además de otra serie de impuestos con tasas inferiores para otros productos y para el comercio interior. Hacia noviembre de 1915, el gobernador interino de Jalisco podía asegurar que no había escasez de maíz y que no haría falta tomar medidas extremas para garantizar el consumo de la población.

Por: Articulo autoría de Sergio Valerio Ulloa, doctor en historia y académico de la Universidad de Guadalajara. El Informador. /2011.

 
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